Clases. Cristina Kirchner sale al rescate del DNU de Alberto Fernández
El oficialismo buscará avalar mañana en una comisión bicameral el decreto 241/21 que dispuso el cierre de las aulas; la semana próxima el kirchnerismo lo ratificaría en el Senado
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LA NACION
Cristina Kirchner dio la orden y el kirchnerismo intentará blindar en el Congreso el decreto de necesidad y urgencia de Alberto Fernández que mantiene en tensión la relación del Poder Ejecutivo y todo el oficialismo con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por la suspensión de las clases presenciales en la Capital.
Con ese objetivo, el Frente de Todos convocó para mañana, a las 9, a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que preside el diputado y Marcos Cleri (Santa Fe), alineado con La Cámpora. El encuentro promete el traslado de la polémica judicial al Congreso ya que Juntos por el Cambio cerrará filas en rechazo a la medida.
El oficialismo tiene mayoría en la bicameral, por lo que tiene asegurado la emisión de un dictamen en respaldo del polémico DNU 241/21, cuya constitucionalidad se encuentra objetada ante la Corte Suprema de Justicia.
Una vez alcanzado ese objetivo, todo indica que la vicepresidenta impulsará la aprobación la semana próxima del decreto en el recinto del Senado, cámara en la que el Frente de Todos tiene mayoría absoluta, y darle, así, sanción ficta a sus disposiciones.
De esta manera, el oficialismo buscará blindar el DNU al bloquear cualquier posibilidad de que pueda ser rechazado por el Congreso.
Según la ley que reglamenta su tratamiento legislativo, para derogar un decreto de necesidad y urgencia se requiere del rechazo de ambas cámaras.
La vicepresidenta utilizó la bicameral de Trámite Legislativo durante gran parte del año pasado para avalar las medidas adoptadas por el Gobierno nacional como una forma de respaldar la gestión de Alberto Fernández.
También la usó para rechazar muchas de las medidas adoptadas durante la administración de Mauricio Macri, como el decreto que puso en manos de la Corte Suprema el control de las intervenciones telefónicas judiciales, y la compensación a las distribuidoras de gas por la diferencia de cambio tras la devaluación de 2018.
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