Ciudad: desde el juzgado de Gallardo no descartan suspender el inicio de clases presenciales

"El derecho a la vida y a la salud, como la Constitución y la ley imponen, son prioridad. Cualquier otro derecho es obviamente secundario, por más importante que sea". Esa fue la respuesta tajante que recibió LA NACION de fuentes judiciales, ante la consulta sobre la posibilidad de que la audiencia prevista para la semana que viene por el juez Roberto Gallardo con autoridades porteñas, signifique el freno al inicio de clases el 17 de febrero, como tiene previsto el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Esta mañana se conoció la noticia de que el titular del juzgado Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires N° 2, hizo lugar a un amparo de un gremialista docente y citó a una audiencia a los ministros de Educación y de Salud de la Ciudad, Soledad Acuña y Fernán Quirós, y les reclamó información sobre los protocolos previstos para el retorno a las aulas.

"El amparo plantea que los grupos docentes y no docentes deben ser testeados antes de comenzar la actividad y luego testeados periódicamente, asimismo cuestiona que los docentes y no docentes no estén incluidos en un cronograma de vacunación", explicaron a este medio fuentes judiciales con acceso al expediente que inició Carlos Luis Elías, de la agrupación "Celeste" del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Ciudad (Sutecba).

Las fuentes agregaron: "Lo presentó un dirigente de Sutecba, pero está planteado y caracterizado como proceso colectivo, por lo que el resto de los gremios deberán participar del pleito fijando postura, al igual que todo aquel que tenga un interés en el resultado del proceso".

Es por eso que en su fallo Gallardo resolvió informar también a la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE Capital), a la Asociación Docentes de Enseñanza Media y Superior (Ademys), a la Unión Docentes Argentinos (UDA) y al Sindicato de Educadores de Buenos Aires (Sedeba).

El planteo de fondo de la presentación, según detallaron es: "Los docentes y no docentes no estarían adecuadamente protegidos y presentaron antecedentes como lo sucedido en las colonias de vacaciones en la que los docentes asintomáticos contagiaron a terceros".

La fecha establecida por el magistrado para la audiencia es el miércoles de la semana próxima, 10 de febrero, es decir, una semana antes de la fecha fijada por la Ciudad para el comienzo de las clases.

El encuentro será al mediodía y, como viene sucediendo con las diversas audiencias durante la pandemia, será en forma virtual a través del sistema Cisco Webex implementado por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad.

Consultados sobre si el inicio de clases presenciales está supeditado al resultado de esa audiencia, las fuentes consultadas agregaron: "De lo que se trata es de optimizar los niveles de seguridad sanitaria, priorizando el derecho a la vida y a la salud, como la constitución y la ley imponen. Cualquier otro derecho es obviamente secundario, por más importante que sea".

"La situación definitiva dependerá de lo que las autoridades respondan y de las garantías que puedan otorgar a los docentes, no docentes e indirectamente a los estudiantes y sus grupos familiares", cerraron.

Por su parte, desde la administración de Horacio Rodríguez Larreta habían indicado a este medio, tras conocerse la noticia, que "pondrá a disposición de la Justicia toda la información relacionada al plan de testeos para personal docente y no docente, como ocurre cada vez que un juez lo solicita".

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