Citan a Manzur y a Castagneto como testigos en la investigación de los planes Potenciar Trabajo
Lo pidió el fiscal Marijuan; el jefe de Gabinete y el titular de la AFIP deberán comparecer el 28 de noviembre; la Justicia busca determinar si hubo irregularidades en el programa social
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LA NACION
El fiscal Guillermo Marijuan citó a declarar como testigos para la semana próxima al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y al administrador de la AFIP, Carlos Castagneto, en la causa en que investiga el otorgamiento de planes Potenciar Trabajo a personas que no debían recibirlo, ya que estaban en situación económica como para comprar dólares o autos cero kilómetro.
El plan Potenciar Trabajo es el mayor programa de ayuda social del Gobierno y sus beneficiarios reciben mensualmente del Estado el 50 por ciento del salario mínimo vital y móvil. Tras una serie de auditorías y denuncias fueron puestos bajo la lupa judicial y ahora el fiscal Marijuan citó a Manzur y a Castagneto para el 28 de noviembre a declarar como testigos.
En el caso de Manzur, el fiscal le pidió acompañar “la documentación respaldatoria labrada o tomada en consideración por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación” para no atender u observar los dos informes de la AFIP del 30 de junio de 2022 y del 10 de noviembre de 2022, en relación al control y/o auditoria del programa Potenciar Trabajo.
En ambos informes, la AFIP detectó “incompatibilidades” entre los beneficiarios del plan, ya que aparecían declarando bienes personales o estaban en la lista de personas que adquirieron dólares o vehículos nuevos. Dado su cargo, Manzur puede optar por declarar por escrito, previa recepción de un cuestionario.
Asimismo, Marijuan le pidió por oficio al Ministerio de Desarrollo Social que le informe “la nómina de personal que presta funciones en la Secretaría de Economía Social a cargo de Emilio Pérsico, debiendo especificar los cargos que desempeñan tales personas”. La idea es cruzar esta lista de empleados con las personas inscriptas en el plan Potenciar Trabajo para determinar si hay irregularidades.
La fiscalía investiga las razones por las cuales el ministerio de Desarrollo Social, a cargo ahora de Victoria Tolosa Paz, no dio de baja a la totalidad de las personas que aparecen impugnadas en el estudio de la AFIP y solo anunció que sacaría de los listados a 2.243 personas y no a los 253.184 beneficiarios cuyos planes fueron objetados.
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