Ciccone: la trama de corrupción, aprietes y promesas fallidas detrás de la empresa estatal que cerrará el gobierno de Milei

Prometieron que la intervención y expropiación de Ciccone Calcográfica no le costaría un centavo al Estado nacional. Pero le costó una fortuna. Prometieron que todos los trabajadores de la imprenta conservarían sus empleos. Pero ahora eso quedó atrás. Y todo, en un intento por apagar el escándalo de la corrupción que tenía como protagonista a Amado Boudou. ¿Y qué pasó? Se convirtió en el primer vicepresidente de la historia argentina en ser condenado por coimero. La corrupción cuesta vidas, honras y fortunas.

El capítulo más reciente -pero no el último- del “caso Ciccone” lo escribió el vocero presidencial, Manuel Adorni cuando anunció la “disolución” de la imprenta que, tras su expropiación, se había convertido en un apéndice o anexo de la Casa de Moneda, que también afrontará una “reestructuración”, según el portavoz, debido a sus “severas ineficiencias” y “mala administración”, que la llevaron a acumular deudas por US$371 millones y un patrimonio negativo de US$78 millones.

Para los expertos del sector, la ex Ciccone influyó mucho en el devenir de ese descalabro financiero y patrimonial. Considerada durante años la imprenta privada de valores más importante del país, comenzó a quedar bajo la órbita estatal cuando el escándalo alrededor de Boudou, su socio José María Núñez Carmona, alias “Nariga”, y el testaferro de ambos, Alejandro Vandenbroele, cumplía seis meses y un día en la tapa de todos los medios de comunicación del país.

Recordemos el contexto: a fines de 2011, Cristina Fernández de Kirchner había arrasado en las urnas, con Boudou como compañero de fórmula, y reelegida había prometido ir por más, ir por todo. Pero en febrero de 2012 estalló el escándalo. La expareja de Vandenbroele, Laura Muñoz, contó lo que sabía y la madeja de sociedades, dinero negro, vínculos comerciales y mucho más comenzó a salir a la luz, provocando la apertura de una investigación penal, desplazamientos de fiscales, jueces y hasta la renuncia del entonces procurador general de la Nación, Esteban Righi.

El relato oficial fue, desde el día 1, que Laura Muñoz estaba desquiciada y que el “caso Ciccone” no era más que una operación de una firma rival, Boldt, potenciado por Clarín y LA NACION. Pero el escándalo, sin embargo, creció y creció. Arreciaron los aprietes y amenazas, como al yerno de Nicolás Ciccone, Guillermo Reinwick, y el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, José Guillermo Capdevila, quien se marchó del país.

El escándalo se expandió, incluso después de que el Gobierno anunció la intervención de la imprenta. En el proyecto para declarar la exCiccone –rebautizada como Compañía de Valores Sudamericana- “de utilidad pública y sujeta a expropiación”, el Gobierno no aludió al escándalo, o a los expedientes que se tramitaban en la Justicia, en los fueros comercial y penal. Por el contrario, señaló a la gestión menemista como factor determinante de su decisión.

En el comunicado de prensa que difundió por aquellos días el Ministerio de Economía de Hernán Lorenzino, destacó que resultaba “primordial continuar recuperando capacidades que son competencias indelegables e insustituibles como es la acuñación de moneda”, la que recordó que “había sido tercerizada en la década del 90 en detrimento de [la] Casa de Moneda”.

Firmado por la Presidenta, el proyecto de ley de expropiación también aportó algunos detalles sobre cómo se definiría el valor de la empresa. Sostuvo que el Tribunal de Tasaciones de la Nación se encargaría de tasarla, para luego descontarle los más de $247 millones que la exCiccone le adeudaba a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en impuestos, intereses, multas y honorarios atrasados durante años. En teoría, según la Casa Rosada, la expropiación le saldría gratis al Estado.

No fue así.

Casi diez años después, la Corte Suprema dejó firme un fallo que obligó al Estado a pagarle a los exdueños de Ciccone una indemnización cercana a los $275 millones de 2013 –monto que, actualizado por el índice de precios al consumidor, superaría hoy los $50.000 millones-, tras confirmar la inconstitucionalidad de la ley que pretendía cubrir el pago de esa suma con la deuda fiscal que tenía la empresa.

Desde el kirchnerismo también se anunció entonces que todos los empleados de la exCiccone conservarían sus puestos, con “todos los derechos laborales adquiridos”, su afiliación gremial y su convenio colectivo de trabajo, dentro de la órbita de la Casa de Moneda. Pero eso también crujió desde el primer día. ¿Por qué? Entre otras razones, por las disparidades salariales entre el sector público y privado.

El resto de la historia es (en parte) sabido. La mancha se expandió hasta abarcar al todavía gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y a quien era uno de los banqueros más importantes del país, el titular del Banco Macro, Jorge Brito. El primero zafó cuando el juez federal que quedó a cargo de la pesquisa, Ariel Lijo, remitió a su provincia el tramo de la causa que lo incriminaba; el segundo, falleció, meses después de que Lijo lo sobreseyera, basado en las pautas que había dado la Cámara Federal para revocar su procesamiento.

Boudou, Núñez Carmona y Vandenbroele terminaron condenados, al igual que Rafael Resnick Brenner, por entonces jefe de gabinete de asesores del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, que también puso contra las cuerdas judiciales en el “caso Ciccone” y terminó condenado por defraudar al Estado en el “caso Oil”.

Apoyado sobre aquel escándalo, Adorni arrimó agua al molino libertario: “El Gobierno va a avanzar con la disolución de la Compañía de Valores Sudamericana, exCiccone, recordada por uno de los casos de corrupción más grandes de las últimas décadas”, sintetizó durante su conferencia de prensa. Y aludió al “despilfarro” de los “degenerados fiscales”.

En público, Cristina Fernández de Kirchner jamás aludió al “caso Ciccone”.

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