Ciccone: después de quedar en libertad, Boudou busca anular su condena y volver a la función pública
Su defensa dice que es para limpiar su nombre y no para volver a ocupar cargos públicos, aunque el exvicepresidente afirmó lo contrario; basa su planteo en tres denuncias por la actuación de funcionarios del gobierno de Macri
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LA NACIONHernán Cappiello
Después de recuperar la libertad en la causa Ciccone, por la que fue condenado a cinco años y diez meses de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por intentar quedarse con el 75% de las acciones de la imprenta que fabrica papel moneda, el objetivo ahora del exvicepresidente Amado Boudou es declarar la nulidad de esa sentencia para buscar limpiar su nombre y, de paso, recuperar sus derechos para ocupar cargos públicos.
Su abogada Graciana Peñafort explicó que la prioridad es anular la condena e indicó que no están detrás de la rehabilitación política, aunque el propio Boudou expresó que le gustaría volver a ocupar un cargo público. “Nos queda por delante una pelea para anular la sentencia contra Boudou”, dijo la abogada, que trabaja en la defensa junto con su colega Alejandro Rúa.
La estrategia para lograr demoler la condena contra Boudou tiene tres patas y dos tiempos. Primero, la idea es trabajar sobre tres causas en trámite donde el exvicepresidente denunció que fue víctima de irregularidades que permitieron su condena.
La primera causa es a raíz de los pagos que recibió como imputado protegido Alejandro Vandenbroele. El empresario confesó en la causa que actuó como testaferro de Boudou y que en su nombre buscó controlar la imprenta. Como imputado colaborador, fue ingresado a un plan oficial del Gobierno que prevé que se facilite su subsistencia. Vandenbroele presentó un proyecto para construir un hotel y pidió 1.500.000 pesos al Programa de Protección de Testigos, que depende del Ministerio de Justicia. Recibió parte de del dinero.
Peñafort explicó que el pago no se hizo en el caso Ciccone sino en una causa que no era la principal, y por eso señaló que es irregular. La fiscal Paloma Ochoa impulsó esta investigación. “A estos pagos se debe la prisión de Boudou: declaró en otra causa paralela donde estaba imputado el banquero Jorge Brito”, dijo la abogada.
El segundo expediente donde se presentó Boudou es aquel en que se investiga el funcionamiento de una “mesa judicial” en el gobierno de Mauricio Macri, con el presunto objetivo de influir en causas judiciales en marcha. Allí denunciaron que uno de los jueces que lo condenó, Pablo Bertuzzi, al mismo tiempo estaba en la mira del Gobierno para ser trasladado a la Cámara Federal.
“Nuestra contraparte en el juicio por el caso Ciccone era el Poder Ejecutivo, que querellaba a través de la Unidad de Información Financiera (UIF) y al Oficina Anticorrupción (OA), dependientes del Ministerio de Justicia; y era al mismo tiempo el Poder Ejecutivo, desde el Ministerio de Justicia, el que decidía sobre el traslado de Bertuzzi”, dijo la abogada Peñafort.
El tercer caso en el que se presentó como querellante Boudou es el del espionaje ilegal. Allí se estableció que cuando Boudou fue excarcelado, entre diciembre de 2018 y febrero de 2019, lo fotografiaron en San Martín junto al entonces concejal Hernán Letcher. El espionaje continuó luego en el penal de Ezeiza cuando la Cámara de Casación decidió que el exvicepresidente volviera a prisión. Ese caso está radicado ahora en Comodoro Py 2002, en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi. Los mensajes de WhatsApp entre los agentes decían: “Buenas, estamos en San Martín a la espera de Amado, todavía no llegó”; “Estaba convocado para las 17 pero todavía nada”; “Está llegando Amado”; “Llegó Amado”, “Llegó con Hernán Letcher, concejal justicialista de San Martín”.
“La idea es plantear la nulidad de la sentencia con la cuestión acreditada, una vez que avancen estas investigaciones”, señaló la abogada.
El objetivo es que algunas de estas investigaciones prosperen para invocarlas como causal de revisión de la sentencia de la causa Ciccone, impuesta en 2018 y que quedó firme tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia. La condena de Boudou, actualmente en libertad condicional, se agota el 1 de junio de 2024.
El Código procesal prevé como causales de revisión de una condena ya firme cuando “los hechos establecidos como fundamento de la condena fueren inconciliables con los fijados por otra sentencia penal irrevocable”. Por ejemplo, cuando un fallo condena a un homicida, por un crimen por el que está condenado otro sospechoso preso que pide la nulidad. Otro motivo se da cuando la sentencia impugnada se fundó en pruebas falsas, o cuando esa condena fue producto de un “prevaricato, cohecho u otro delito” que se descubriera después del fallo. Otro motivo es que si tras la condena se descubren hechos o pruebas nuevas que “hagan evidente que el hecho no existió” o que el hecho cometido encuadra en una norma penal más favorable.
El nuevo Código Procesal Penal, puesto parcialmente en vigor, contempla además otro motivo de revisión de una sentencia firme: “Toda vez que se dicte en el caso concreto una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o una decisión de un órgano de aplicación de un tratado en una comunicación individual”.
Boudou, a través de su abogado Rúa, denunció su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con lo que si hay una decisión en su favor podría invocarla para revisar su condena.
No obstante, la abogada Peñafort explicó que es más probable que antes haya alguna resolución en las causas en que denunció irregularidades. “No me cabe duda que vamos a probar que estuvo mal el pago a Vandenbroele: está documentado en un expediente del Ministerio de Justicia. Y tampoco tengo dudas sobre el episodio ligado al traslado de Bertuzzi”, dijo la abogada.
–¿Cuál es el objetivo con este pedido de nulidad? ¿La rehabilitación política?
–No, sería absurdo pensar que se trata de solo de eso. Se trata de establecer que la condena fue nula por estas maniobras que denunciamos.
No obstante, Boudou una vez en libertad declaró: “Me gustaría que se revierta la imposibilidad de ejercer cargos públicos”, aunque dijo que “política se puede hacer en todos lados, no hace falta un cargo”. Insistió en que “el caso Ciccone fue una parodia de un juicio” y en que “el tribunal judicial convalidó una sentencia mediática ya escrita hacía muchos años”.
Por Hernán Cappiello
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