Chubut en crisis. Al borde del caos, una provincia paralizada y endeudada

RAWSON.- Las paredes de la carpa son un museo de los últimos dos meses. Las inscripciones en tiza sobre los bloques de madera y las lonas que cubren el lugar, protegiéndolo del frío y el viento patagónicos, mantienen un registro de los picos de tensión entre los empleados estatales y el gobierno provincial. Sobre la entrada del lugar, una suerte de refugio emplazado en el medio de la calle frente a la municipalidad, están las excusas de los funcionarios para prolongar la espera del pago de los salarios, que se volvió eterna. "Estamos gestionando", dice una. "Me bicicletean", dice otra. Más allá, escrito sobre una capa colgante de polietileno que cumple una cuestionable función de techo, alguien escribió un mensaje para la intendenta de esta ciudad: "¡Pagá, bicha!". Hay una decena de empleados públicos sentados en círculo alrededor de la salamandra en el centro de la carpa. Las risas se pisan con los gritos de los que quieren darles contexto a esas frases, pero solo se entienden palabras sueltas. Cifras, nombres, insultos que vertebran el hastío. Es 29 de agosto y, como dispone la tradición, habrá ñoquis. Horacio piensa en su ocurrencia, ríe y la comparte: "Es el día del político".

En Chubut hay una mezcla de enojo y resignación. Enojo, por el nuevo apretujón financiero que vive una provincia endeudada al extremo. Resignación, porque no se percibe una salida en el corto plazo. Es más, solo se ven intentos de empujar los problemas que acucian hoy para más adelante cuando, se sabe, volverán a aparecer. Porque, como si fuera una expresión en miniatura de la Argentina, en esta provincia las crisis son cíclicas y ahora está atravesando una más, pero con un nivel de crispación más alto que otras veces.

Hace varias semanas que Chubut está paralizada. Los empleados estatales están de paro, no funcionan los tribunales, el Concejo Deliberante de esta capital está tomado, la obra social del Estado presta servicio solo algunos días a la semana, las guardias de los hospitales están colapsadas, la actividad en los yacimientos petrolíferos se alteró y las rutas están cortadas, al igual que las calles. El malestar con el gobierno provincial crece cada día y tiene en pie de guerra a todos los gremios, así sean del grupo de los conciliadores o de los más combativos.

La administración del gobernador Mariano Arcioni no tiene plata. Recién el viernes último terminó de pagar los sueldos de julio, que fueron abonados de forma escalonada, desde los que tienen menores ingresos hasta los que cobran más de $65.000 por mes. Pero lo que era un problema de solvencia para pagar los salarios se resolvió con la creación de un problema mayor: el uso de dinero originalmente destinado a la obra pública y la toma de deuda a tasas exorbitantes para hacer frente a gastos corrientes. La provincia subió, así, un nuevo escalón en la montaña de deuda que crece sin pausa desde hace casi una década y que le compromete una suma considerable de las millonarias regalías que ingresan por la explotación petrolera. Una fuente de dólares que parece insuficiente a pesar de que Chubut es la principal productora de petróleo del país, superando incluso a Neuquén, donde está Vaca Muerta.

A la salida de Rawson, por la ruta 7, ya se ve a lo lejos una humareda negra. Más cerca aparecen reflejos acuosos por el calor de las gomas quemadas. Hay autos atravesados en el camino. Un poco más cerca ya se escuchan los bombos y se huele carne asada. Como si fueran distintos equipos compitiendo de un mismo lado, los manifestantes visten pecheras de colores que los identifican con sus gremios. Trabajadores de la educación, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la CTA, empleados del sistema de salud y el gremio de Vialidad provincial exigen al gobierno el pago de los sueldos a tiempo, una recomposición salarial y mayor transparencia en las cuentas públicas. La imagen se repite en las principales rutas de la provincia, donde también aparecen movimientos ambientalistas que rechazan la existencia de un supuesto plan para autorizar la explotación minera, que, según denuncian, contaminaría las aguas del río Chubut.

"El gobierno promete un montón de cosas que después no puede cumplir. El mes que viene estará igual que este o peor. Hoy vivimos solo de la incertidumbre", dice Santiago Goodman, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (Atech) y referente de la Mesa de Unidad Sindical, que mantiene abierto un diálogo tenso con el gobierno de la provincia. "No hay voluntad política de resolver el déficit", agrega Goodman, mientras reparte hamburguesas a quienes se sumaron al corte.

"No hay una conducción política. Nadie sabe ni siquiera cuánta planta nos deben", se lamenta Noelia Domenez, delegada general del Sindicato de Salud Pública. Según comentó, la obra social, que se mantiene con los aportes de los trabajadores, no recibe los fondos del Estado, aunque en los recibos de sueldo se descuentan los montos. Por falta de pago, hay cobertura solo los jueves y viernes. Las guardias de los hospitales públicos están abarrotadas y los médicos denuncian que por la alta demanda de pacientes provenientes del sistema privado hay faltantes de insumos.

El gobierno de Arcioni rechaza los planteos del sindicalismo, dice que las medidas de fuerza complican más la situación y asegura que se busca una salida de la crisis, aunque admite que la situación es extremadamente sensible.

Solo para pagarles a los más de 46.000 empleados públicos y 17.000 jubilados, el Estado -el mayor empleador de la provincia- tiene que invertir $4400 millones. ¿Cuánto dinero reciben las arcas provinciales por mes? $2800 millones. El déficit es, a priori, de $1600 millones. A eso se le deben sumar los pagos de deudas contraídas en los últimos años (y días), cercanas a los US$1000 millones ($61.000 millones) y los coletazos de la crisis nacional que impactan aquí también, como el congelamiento del precio del combustible.

Incertidumbre política

El devenir financiero de la provincia se desenvuelve en un escenario de incertidumbre política, que tiene como principal figura a Arcioni, un outsider que llegó al poder en 2015, como vicegobernador en la fórmula que integró junto a Mario Das Neves. Dos años después, tras la muerte del entonces gobernador, Arcioni quedó a cargo de la provincia, mientras la alianza oficialista Chubut Somos Todos (Chusoto) empezó a mostrar sus primeras fisuras -expuestas hasta hoy- y estallaba un obsceno e inédito escándalo de corrupción: El Embrujo, por el que cayeron ministros y empresarios y en el que aparecía involucrado el propio Arcioni. Aun así, el jefe provincial logró capear el temporal, intentó estabilizar su gobierno y este año, en junio, obtuvo la reelección tras prometer, en promedio, un 40% de aumento para los empleados estatales, que tenían el sueldo congelado.

Pero lo que parecía ser una situación medianamente controlada volvió a convertirse en una burbuja de incertidumbre. Oficialistas y opositores coinciden aquí en que el disparador de la nueva crisis fue un gesto político de Arcioni el día que ganó la elección. El gobernador electo, que había mantenido una postura equidistante en la contienda nacional entre el macrismo y el kirchnerismo, recibió ese domingo en el búnker a su amigo Sergio Massa y participó de una comunicación en vivo con Alberto Fernández, que estaba en Buenos Aires. Fue un intercambio de elogios y buenos deseos. El gobierno nacional fue un espectador más, sorprendido, de esa explícita sobada. Por eso, enfrió un diálogo que hasta entonces era fluido y puso reparos para reestructurar la deuda que la provincia tiene con la Nación, que supera los $700 millones mensuales, que son debitados automáticamente. Fue una movida inesperada que reactivó los focos de tensión.

En julio comenzaron las protestas en el sistema educativo. Los chicos no volvieron a la escuela desde el final de las vacaciones de invierno. Después se sumaron los judiciales y el resto de los gremios. Nadie cobraba y, si lo hacían, era en cuotas y sin el aumento prometido en paritarias. A ello se sumó la renuncia a principios de agosto del ministro de Economía, Luis Tarrío, quien fue reemplazado por el actual, Oscar Antonena. La fuga de ministros continuó la semana pasada, con el anuncio de que dejará el cargo el ministro de Salud, Adrián Pizzi, y la dimisión del titular de Educación, Leonardo de Bella, que había cortado puentes con los gremios docentes, tras decir que no iban a cobrar los días no trabajados por medidas de fuerza. El funcionario, además, denunció que sindicalistas lo amenazaron en la puerta de su casa. Al mismo tiempo, surgen señales de una interna entre Arcioni y quien será su vicegobernador a partir de diciembre, Ricardo Sastre, quien busca desentenderse de la crisis que atraviesa el distrito.

La tensión creciente

"Somos todos ovejas. La gente no estalla. ¡El mayor atentado que hicimos fue tocar bocina!", ironiza Julio Repetto, docente y trabajador de la Subsecretaría de Ganadería, en una carpa improvisada frente al Ministerio de Educación.

Los roces entre los manifestantes y los funcionarios van in crescendo por las supuestas amenazas. Un episodio aún no esclarecido que ocurrió hace dos semanas generó preocupación por el nivel de violencia política: realizaron seis disparos contra la camioneta del ministro coordinador del gabinete, Federico Massoni.

"No es solo un tema salarial. También hay que discutir la infraestructura, las escuelas no están bien. La obra pública está paralizada. ¿Dónde está la plata?", agrega Verónica Fernández, referente del colectivo docente.

Esa pregunta se repite hasta el cansancio entre los chubutenses, quienes en los últimos años vieron al gobierno provincial tomar deuda compulsivamente para hacer obras, que hoy no están. En 2010, por caso, un Das Neves distanciado del kirchnerismo tomó deuda por US$150 millones, que todavía se está pagando. En 2013, el entonces gobernador Martín Buzzi sumó otra deuda por US$220 millones para construir diez complejos sociodeportivos y dos hospitales, que no se hicieron o están incompletos. En 2015, el peso del déficit comenzó a sentirse con fuerza y Das Neves -otra vez en el gobierno- se endeudó una vez más para hacer frente a gastos corrientes.

Ofuscada por el malestar creciente en las calles, Fernández no sorprende a los compañeros que la escuchan cuando menciona el Chubutazo, aquel día histórico de 1990 cuando el gobernador peronista Néstor Perl debió ceder a la presión social y renunciar, en medio de un contexto económico adverso, en el que no se pagaban los salarios en fecha y el Estado carecía de fondos para funcionar. "Si siguen tirando de la cuerda...", desliza.

Cerca de allí, frente al Ministerio de Salud, se escucha un tango a todo volumen. La calle está cortada. Un perro cruza de galgo duerme al sol sobre el cemento. A su alrededor, esquivándolos con destreza, un hombre y una mujer vestidos de negro y rojo se deslizan de acá para allá, giran y acercan sus cuerpos en el final de una coreografía ensayada. Son profesores de tango que fueron al acampe de los trabajadores de la salud para bailar y recordar a las autoridades que muchos de sus alumnos son empleados estatales y que si no cobran, no van a clases.

A pocas cuadras, el Concejo Deliberante tiene un mural pintado en las paredes exteriores que muestra distintos momentos de la historia argentina, pero a duras penas se entiende. La pintura se cae a pedazos. Apenas se distingue la figura de Manuel Belgrano. En una ventana hay un cartel que dice "paro". Adentro hay más carteles con referencias al pago atrasado de los salarios. Incluso en la sala del plenario, que está tomada.

Nadie en la provincia es optimista respecto de los próximos meses. El propio gobierno admite que los pagos escalonados de sueldos seguirán, al menos, hasta fin de año (ya anunció que pagará primero una parte de los salarios de este mes) y busca llegar a una alternativa con la Nación para evitar los débitos asfixiantes. Por lo pronto, el oficialismo local consiguió algo de oxígeno el jueves, cuando una Legislatura blindada y rodeada por cientos de manifestantes votó una autorización para que el gobierno use US$15 millones de un fondo destinado a obra pública y cuya utilización para otros fines está prohibida por la Constitución provincial. Además, colocó letras del Tesoro por $500 millones, a una tasa del 69%. Un respiro que suena a historia repetida.

Con la colaboración de Ana Tronfi

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