Chubut: condenan a los asesores del exgobernador Das Neves por cobrar coimas de la obra pública

RAWSON. – Un grupo integrado por empresarios y exfuncionarios de la gestión del exgobernador Mario Das Neves, entre los que figuran quienes se desempeñaron como sus ministros de Economía y Coordinador, entre otros- fueron condenados ayer por un tribunal a penas de entre 5 y 7 años por cobrar “retornos” de la obra pública que eran destinados en parte al pago de sobresueldos a funcionarios públicos de Chubut. Tras la lectura del fallo, se ordenó la inmediata detención de tres de los exfuncionarios.

El Tribunal dictó la condena por los delitos de asociación ilícita y enriquecimiento ilícito en el marco de la causa conocida como “Revelación”. Las penas recayeron sobre el exsecretario privado de Das Neves, Diego Correa, quien deberá cumplir cinco años y seis meses de prisión, y al exministro coordinador, Víctor Cisterna, condenado a siete años y seis meses de prisión, además de inhabilitación perpetua.

El exsecretario privado de Das Neves, Gonzalo Carpintero, fue condenado a tres años de prisión efectiva, más una multa de $ 12.468.592 e inhabilitación perpetua. Asimismo, el tribunal decomisará una casa que tiene en el barrio Bonorino de Trelew.

En tanto, el extitular del Instituto Provincial de la Vivienda y exintendente de Dolavon Martín Bortagaray, fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión, más inhabilitación perpetua. En el caso de Diego Lüters, exsecretario privado, deberá cumplir tres años de prisión efectiva.

Alejandro Pagani, quien se desempeñaba como ministro de Infraestructura, también fue encontrado responsable del delito y condenado a cuatro años y ocho meses de prisión. De igual forma, el Tribunal ordenó que el exministro de Economía, Pablo Oca, devuelva $ 3 millones en concepto de reparación, en 10 cuotas mensuales y consecutivas de $ 300 mil. El empresario Martín Castillo, dueño de Industrias Bass en Trelew, recibió una pena de 1 año de prisión condicional.

El fiscal de la causa, Marcos Nápoli pidió la inmediata detención en carácter de prisión preventiva de Cisterna, Pagani y Bortagaray. Los tres salieron esposados de la oficina judicial de Rawson. EL fiscal advirtió que podrían intentar fugarse para no cumplir con su pena de prisión efectiva.

Las ocho personas imputadas en el marco de la denominada causa “Revelación” habían sido condenadas en abril último por el tribunal que integraron los jueces Mariano Nicosia, Ivana María González y Alejandro Rosales. Se trata de exfuncionarios públicos y un empresario investigado por maniobras de corrupción ocurridas entre 2015 y 2017.

El circuito ilegal

La investigación alcanzó ribetes escandalosos: los funcionarios cobraban coimas que pagaban los empresarios de la construcción. Los fondos eran utilizados, en parte, para el pago de sobresueldos a ministros de la propia gestión provincial. El circuito quedó registrado en planillas de Excel que fueron incautadas durante los allanamientos previos al juicio.

Según se desprendió de la lectura del veredicto que dio a conocer el tribunal,  Cisterna y Correa fueron condenados como organizadores de una asociación ilícita, mientras que los exfuncionarios Oca, Pagani,  Bortagaray y Diego Lüters fueron hallados culpables de ser miembros de dicha asociación ilícita.

Los jueces también señalaron durante el debate que el exgobernador Mario Das Neves fue el jefe de esa asociación ilícita que funcionó desde diciembre del año 2015 hasta finales de octubre del 2017, cuando se produjo la muerte del mandatario provincial.

Durante el juicio, el exsecretario privado del fallecido gobernador no habló, pero lo admitió a través de su defensor que le respondía de manera directa al propio Das Neves. Correa, sin embargo, advirtió que “su voluntad no es hablar de los muertos”.

En la última etapa del juicio y por primera vez desde su detención en marzo de 2018, el ahora condenado confesó haber pedido retornos a empresas de la obra pública en Chubut a cambio de destrabar pagos. Admitió, además, que cumplía órdenes de su jefe directo. El exsecretario privado no declaró en la causa pero hizo este reconocimiento clave través de su defensor Fabián Gabalachis, durante su alegato en la Oficina Judicial de Rawson.

“Correa me hizo saber que su silencio obedece al reconocimiento de que estuvo inmerso en los hechos de la acusación”, explicó el penalista ante el tribunal en el juicio oral y público. “Tuvimos largas charlas para tratar de ensayar alguna respuesta que neutralice la imputación, pero esa respuesta en todos los casos giró sobre la idea, que se corroboró en este juicio, de que obedecía órdenes superiores”, añadió.

Gabalachis advirtió que aunque tras pensarlo mucho Correa prefirió no prestar testimonio, se debe a que “su voluntad tampoco es hablar de los muertos. Por eso hace su reconocimiento en esta audiencia a través de mis palabras”. En su alegato, el defensor dijo que tanto Correa como el exministro de Economía Pablo Oca “aceptan lisa y llanamente” los episodios de cohecho que les imputa el fiscal Marcos Nápoli.

Según sostuvo entonces, si Víctor Cisterna fue el primer organizador del grupo y tras su renuncia el esquema de recaudación ilegal siguió tal cual, “¿cuál es el argumento para decir que Correa pasó automáticamente de ser miembro a organizador?”. En este sentido, “en el grupo ya estaba todo organizado y nada varió”.

Tras conocerse el veredicto este lunes, Cisterna, Pagani y Bortagaray salieron esposados. Los tres exfuncionarios fueron trasladados a dependencias policiales tras ser condenados por la causa de coimas en la obra pública y que los jueces dictaran su prisión preventiva hasta que la Cámara confirme el fallo.

Sin embargo, el tribunal tuvo al respecto opinión divididas. Para los jueces Alejandro Rosales e Ivana González estuvieron a favor de las detenciones, el juez Mariano Nicosia falló en contra de la prisión preventiva de los tres exfuncionarios provinciales.

Rosales argumentó indicando que “la detención no afecta el principio de inocencia”. Citó jurisprudencia y argumentos encontrados en otros casos y que “el pedido del fiscal Nápoli es acertado”. González adhirió a estos argumentos y destacó el daño ocasionado por los hechos cometidos por los ahora hallados culpables.

Riesgo de fuga

“Fueron circunstancias graves y tenemos que tener en cuenta la expectativa de pena”, dijo en alusión a la cantidad de años a los que fueron condenados Cisterna, Pagani y Bortagaray. Se trata de “ex funcionarios públicos y esta condición está relacionada con las posibilidades concretas de fugarse”, para destacar luego la “mesura” con la que se manejó el fiscal Nápoli.

Nicosia, en tanto, se manifestó “parcialmente de acuerdo” con los otros dos miembros del tribunal de enjuiciamiento. Dijo que “los tres condenados demostraron muy buena conducta durante el proceso y esto permite prever que se va a repetir en el tiempo. Además “es necesario destacar el arraigo que cada uno de ellos tienen en sus respectivos lugares de residencia”.

Tuvo en cuenta las edades de los imputados y lo relacionó con los riesgos de la pandemia por Covid- 19. Propuso para ello incrementar las medidas de seguridad para evitar que se fuguen, entre ellas “presentaciones semanales antes las autoridades policiales, que no salgan de sus respectivas ciudades de residencia, además de una caución adecuada con montos necesariamente altos”.

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