Chubut: Arcioni pedirá la derogación de la ley de zonificación minera y convocará a un plebiscito popular
En una escalada de movilizaciones, puertos paralizados y cortes de ruta en las localidades de Puerto Madryn y Trelew, el gobernador Mariano Arcioni decidió dar marcha con la ley de zonificación minera aprobada la semana pasada en la Legislatura de Chubut y la próxima convocatoria a una consulta popular.
Arcioni tomó la decisión tras una reunión con el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque. El mandatario provincial hará el anuncio del envió en las próximas horas de un proyecto de derogación de la ley de zonificación, y que incluye además un futuro llamado a un plebiscito provincial.
En su cuenta oficial de twitter, Arcioni aseguró que “respeto profundamente a quienes se han manifestado pacíficamente en estos días y quiero pedirles abrir una ventana de tiempo durante la cual nos daremos una oportunidad de pensar cómo damos trabajo a quienes no lo tiene, cómo generamos inversiones para industrializar nuestra producción, con qué recursos mejoramos nuestra educación, nuestra seguridad y nuestra salud”.
Agregò que “mientras tanto hemos decidido derogar la ley e impulsar un plebiscito a nivel provincial para escuchar a todas las voces del pueblo”.
La semana pasada, 14 diputados aprobaron la ley de zonificación minera, que habilitaba la actividad en los departamentos de Telsen y Gastre. Sin embargo, una movilización el día posterior provocó destrozos en 16 edificios públicos de la capital provincial y la pérdida de archivos judiciales claves en el seguimiento de causas contra el Estado.
Durante el fin de semana se desarrollaron multitudinarias manifestaciones pacíficas en Esquel, Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn. Por otro lado, los principales intendentes salieron a cuestionar la ley provincial.
Ante el clima de fuerte rechazo social que generó la sanción, que en algunos casos devino en graves hechos de violencia con heridos, represión y atentados que destruyeron edificios públicos, y la reacción posterior en algunos diputados que terminaron con el repudio de sus comunidades por haber votado, finalmente el mandatario provincial tomó la decisión.
INVESTIGACIÓN JUDICIAL
Un equipo especial de fiscales investigará al “grupo de reducido autor de los desmanes y a los “instigadores” de los hechos de violencia registrados en Rawson el jueves pasado, en el marco de una marcha antiminera que destruyó 16 edificios públicos, comercios y vehículos en la capital provincial.
El procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, confirmó esta mañana que además de los atentados, se evaluarían delitos como una posible liberación de la zona, compra de voluntades, instigación e intimidación pública. Desde la procuración se estaría evaluando conformar un equipo de fiscales junto a criminólogos de delitos especiales.
Miquelarena confirmó que un equipo especial interdisciplinario para investigar a fondo la responsabilidad penal en los hechos ocurridos en la tarde del jueves 16 de diciembre, que terminaron con la destrucción de alrededor de 16 edificios públicos en Rawson.
El equipo estará liderado por el Procurador General Adjunto, Emilio Porras Hernández, y que también estaría conformado por los Fiscales Generales Marcos Nápoli y Florencia Gómez. Seràn asistidos por un equipo de funcionarios y por los investigadores Juan Carlos Núñez, Mario Nahuelcheo y los demás integrantes de las áreas de investigaciones y periciales de los Equipos Técnicos Multidisciplinarios, que trabajan en la sede de Rawson.
Siguiendo con el relevamiento realizado por esta agencia de noticias, en la fiscalía estarían evaluando a prima facie, la probable comisión de delitos tales como la compra de voluntades (art. 256), la liberación de la zona por parte de las autoridades (art. 248), el ingreso a los edificios públicos para iniciar incendios, saquear y destruir (art. 186), a quiénes instigaron a estos grupos (art. 209), la figura de la intimidación pública (art. 211, todos ellos del Código Penal), los atentados y resistencias a la autoridad, los robos y las lesiones, dado que hubieron agentes de las fuerzas policiales lesionados, como así por posibles excesos y abusos policiales en la intervención.
Por otra parte, ante la consulta sobre el lugar físico en el que trabajaría la fiscalía, teniendo en cuenta que también fue destruida por el fuego, ya se habría tomado la decisión de trasladar en forma transitoria su funcionamiento a la sede del edificio del Ministerio Público Fiscal de Trelew.
“Puede advertirse la comisión compra de voluntades, liberación de la zona por parte de las autoridades, el ingreso a los edificios públicos para generar incendios y destruir . Se investigará a quienes instigaron a estos grupos y se profundiza la figura de instigación. Se abrirán casos por atentado, resistencia a la autoridad, robo y lesiones”, precisó MIquelarena.
Confirmó que el equipo de investigación estará liderado por el Procurador General Adjunto, Emilio Porras Hernández, y que también estaría conformado por los Fiscales Generales Marcos Nápoli y Florencia Gómez, además de que contará con investigadores. Serán tres los legajos que se investigarán.
“Nunca vimos una cosa semejante”, señaló el funcionario sobre los daños. “Realmente nada justifica lo que ha pasado. Para eso está la ley y los caminos institucionales”, dijo previo a confirmar que la oficina de la procuración fue totalmente destruida en Rawson y por ende, se decidió trasladar la sede a Trelew.
Sobre los daños que tienen que ver con los incendios intencionales dijo que hay detrás instigadores “porque no son todos los manifestantes que ocasionan los daños”, y afirmó que “se cansaron de pedir auxilio” a la policía , pero no tuvieron respuestas durante las manifestaciones.
Miquelarena se mostró afectado por el ataque registrado contra los edificios de la procuración- en el marco de las manifestaciones en contra de la aprobación de la ley de zonificación minera- y aseguró que “Nunca vimos una cosa semejante. Realmente nada justifica lo que ha pasado. Para eso está la ley y los caminos institucionales”.
Asimismo, reconoció - en conferencia de prensa - que “estamos muy dolidos” porque no hubo solo perdidas de lugares físicos sin de expedientes con causas de abuso, de homicidio, defraudados y hay “personas” detrás de esos documentos.
En uno de los edificios públicos que fueron atacados en la jornada de este jueves en Rawson, se detectaron daños irreparables, así se desprende por ejemplo luego del atentado contra la sede del Superior Tribunal de Justicia, ubicada frente a la plaza Guillermo Rawson, y una cuadra en diagonal a Casa de Gobierno. Se incendiaron los expedientes de todas las causas contra el Estado y en muchos casos hay pruebas irrecuperables
Miquelarena aseguró “nos sentimos desamparados, nos cansamos de pedir auxilio a la policía y no recibimos ningún tipo de auxilio” y cuando los edificios estaban prendidos fuego “no había nadie intentando sofocar o apagar. Ellos me manifestaron que estaban siendo atacado en la jefatura y yo a los gritos pedía que envíen a la policía y a los bomberos para salvar algo”.
El funcionario aclaró que “Se va a pedir la suspensión de los plazos” en las causas tras los daños en la documentación afectada durante el incendio de los edificios. “Acá vamos a investigar todo”, dijo.
Y ratificó que se podría haber avanzado en un plebiscito. “Forma parte de la democracia semi directa de la población. Lo deberían haber hecho antes. Si tanta discusión había minería sí y minería no, que mejor manera no había de hacerlo a través de un plebiscito”
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