Choque de poderes en Santa Fe por el caso del senador del PJ acusado de corrupción

ROSARIO.-La respuesta del Senado de Santa Fe a la investigación que protagonizaron dos fiscales, sobre los supuestos nexos del legislador peronista Armando Traferri con una red de juego clandestino, fue crear una comisión para controlar el desempeño de los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Esta maniobra generó la rebelión y el repudio de los fiscales de Santa Fe, que decidieron no girar directamente los legajos de las investigaciones a esa comisión del Senado hasta ser evaluados por la máxima jerarquía del MPA.

El fiscal general Jorge Baclini dijo hoy que la Cámara alta de Santa Fe se puso en el rol de "ejercer la defensa de uno de sus miembros" que está siendo investigado, una postura que –según el funcionario- "significa un grave condicionamiento y presión" sobre los fiscales. Baclini consideró que con la aprobación de la comisión de seguimiento del Senado los legisladores podrían estar incurriendo "en el delito de abuso de autoridad".

Se gestó una puja entre poderes, que –según la visión de la Asociación de Fiscales de Santa Fe- es una "intromisión lisa y llana al Poder Judicial y una violación de la Constitución nacional". Una postura similar tomó el Colegio de Magistrados de Santa Fe que expresó su "preocupación" tras la creación de la comisión para seguir de cerca el trabajo de los investigadores.

El presidente de esa institución en Rosario, Gustavo Salvador, advirtió –en diálogo con LA NACION- que la creación de la comisión del Senado busca gestar "una auditoría" por fuera de las normas vigentes.

La raíz del conflicto

El origen del conflicto es una causa de juego ilegal que se inició en enero del año pasado, a partir del crimen del gerente del Banco Nación de Las Parejas Enrique Encino, que fue asesinado en uno de los balcones del Casino de Rosario, en un ataque ordenado por la banda de Los Monos. En la investigación se detectó que la organización narco y el empresario, que manejaba el juego clandestino, Leonardo Peiti recibían información privilegiada de la fiscalía de Rosario.

El empresario se presentó como arrepentido y reveló que pagaba sobornos en dólares a los funcionarios judiciales. En agosto pasado fueron detenidos el jefe de los fiscales de Rosario Patricio Serjal, quien desde la semana pasada goza de la prisión domiciliaria, y su mano derecha Gustavo Ponce Asahad, quien en noviembre pasado reveló en una audiencia que el que coordinaba el pago de sobornos era el senador peronista Armando Traferri.

Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery pudieron el 17 de diciembre pasado el desafuero del legislador para poder imputarlo. Una alianza de senadores peronistas y radicales rechazó ese pedido, al considerar que no había pruebas suficientes para sacarle esa protección legal a Traferri.

Los fiscales recurrieron a otra estrategia. Pidieron la inconstitucionalidad del artículo 27 del código procesal penal que les impide imputar –sería similar a procesar- al jefe del bloque peronista. Este reclamo, según prevén, llegará a la Corte Suprema de la Nación.

Ante el peligro de que Traferri pueda ser imputado, los senadores crearon una comisión para investigar el desempeño de los fiscales. "Lo que pretenden es saber qué en qué causa se puso la lupa y los puede complicar", señaló una alta fuente judicial.

Después de la repercusión y el voltaje político que adquirió el tema, los senadores que aprobaron este proyecto el jueves –una alianza de peronistas y radicales- decidieron cuatro días más tarde dejar en suspenso conformación de la comisión que buscaba controlar el trabajo de los fiscales. No es la primera vez que ocurre esta situación. Ya en 2017 los legisladores crearon una comisión para auditar el desempeño de los fiscales, luego de que abriera una causa contra ocho senadores, por presunto desvío de fondos para subsidios.

A esto se sumó otra polémica, el Senado le pidió al juez Carlos Leiva, que entiende en la causa del juego clandestino y los sobornos, que cierre la causa contra el jefe del bloque del PJ Armando Traferri. "Hacer saber al juez actuante que, de acuerdo al resultado de la votación en sesión de fecha 17 de diciembre, no puede avanzarse en el proceso instaurado contra el senador Armando Traferri", señala el texto que lleva la vicegobernadora Alejandra Rodenas, quien antes de desembarcar en la política fue magistrada, quien luego salió a aclarar que ella no impulsó la resolución, sino que "se limitó a comunicar la decisión de los senadores al juez Leiva".

El senador Traferri dijo en diciembre pasado, la última vez que habló públicamente, que la investigación sobre los vínculos con el juego clandestino son parte de "un plan orquestado" por el ministro de Seguridad Marcelo Saín. Desde el inicio de la gestión de Omar Perotti, Traferri se instaló como un opositor interno, al aprobar varias leyes claves con el socialismo, que encarna la oposición, entre ellos el presupuesto que iba a utilizar en medio de la pandemia el gobernador y dos leyes contra el ministro Saín.

El gobierno de Santa Fe mantuvo un perfil bajo frente a este conflicto. El gobernador no se refirió nunca al tema. El único que salió a marcar posición fue el ministro de Gobierno Roberto Sukerman, que aclaró que "no estaba de acuerdo" con la resolución del Senado, porque –según remarcó- "crea un nuevo mecanismo de control a los fiscales y es ilegal e inconstitucional. Además, viola la independencia de poderes, es decir, perjudica el accionar de otro poder del Estado".

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