Laura Zommer, directora de Chequeado , analizó en LN+ la veracidad de la siguiente frase del precandidato presidencial Alberto Fernández : "Cuando Cristina creó la AFI declaró que los fondos debían ser públicos. Macri, al llegar, los declaró secretos"
En 2015 el gobierno de Cristina Kirchner impulsó varios cambios sobre el sector de inteligencia. La entonces presidenta creó por un decreto una "nueva doctrina de inteligencia nacional" que distinguió entre los fondos públicos, sobre los que se podía conocer su monto y su uso, y los fondos reservados, que permanecían secretos.
Esto también fue acompañado por la reforma de la Ley de Inteligencia Nacional y la creación de la AFI , desde el Congreso. Se buscó cumplir con el compromiso de transparentar el uso de los fondos reservados, un acuerdo asumido 10 años antes por el Estado argentino con las víctimas del atentado a la AMIA, ante una petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por su parte, en mayo de 2016, pocos meses después de su llegada a la Casa Rosada, Mauricio Macri dictó un nuevo decreto que derogó el de Cristina Kirchner, y todos los fondos de la AFI se volvieron reservados.
También se fijó que todos los empleados de la agencia sean considerados "agentes de inteligencia" y , por ende, no se puede conocer su identidad. El decreto anterior dividía al personal en tres escalafones: Inteligencia, Seguridad y Apoyo, que incluía a los empleados administrativos y a los recursos humanos en general; y restringía la protección de identidad sólo a los agentes de Inteligencia.
Si bien lo que dijo Fernández sobre las acciones de los mandatarios es técnicamente correcto, organizaciones de la sociedad civil intentaron acceder a información de la agencia de inteligencia durante el período en que estuvo vigente la norma más transparente pero no lo lograron porque el decreto de Cristina Kirchner no se cumplía.
La Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI), que es un grupo integrado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Vía Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), hicieron pedidos de acceso a la información durante ese período y no recibieron respuesta.
Si bien lo que dijo Fernández sobre las acciones de los mandatarios es técnicamente correcto, durante el gobierno de Cristina Kirchner la legislación no se aplicó completamente y la información no fue pública en la práctica.
Mirá el chequeo de la frase de Roberto Lavagna sobre la producción del país:
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