Chalecos antibalas: las fallas y los problemas de proveedores podrían afectar a más de 65.000 policías

Más de 65.000 policías bonaerenses y metropolitanos se verían afectados durante los próximos meses a raíz de los problemas registrados con los proveedores públicos y privados de los chalecos antibalas, según confirmaron a LA NACION fuentes oficiales al tanto de las negociaciones en marcha para solucionar ese problema.

El riesgo se cierne sobre 52.000 efectivos de la Policía bonaerense –que sondeó la posibilidad de extender la vida útil de los chalecos con los que hoy cuentan sus efectivos– y más de 13.300 agentes de la Policía de la Ciudad, en tanto que la Policía santafesina se encuentra a la espera de otros 3000 chalecos.

Los problemas registrados en el suministro chalecos vienen de arrastre, por una combinación de factores que eclosionaron durante los últimos años. Por un lado, los principales proveedores privados quebraron o afrontan serios problemas judiciales, en tanto que su contraparte estatal, Fabricaciones Militares, sobrelleva sus propias dificultades: sus chalecos no superaron las pruebas balísticas, tal como reveló ayer LA NACION.

La demanda de chalecos de Fabricaciones es, sin embargo, aún mayor. A sus compromisos con las fuerzas bonaerense, metropolitana y santafesina, sumó un pedido de presupuesto del Ministerio de Seguridad nacional por 13.000 chalecos multiamenaza, tras completar una entrega anterior, sin problemas, de otros 1900 chalecos en agosto de 2020, que costaron $100 millones, según indicaron desde ese Ministerio a LA NACION.

Las dificultades para acceder a nuevos chalecos de proveedores privados o de Fabricaciones ya llevaron a evaluar opciones. El Ministerio de Seguridad bonaerense que lidera Sergio Berni les consultó a las autoridades de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), como máxima autoridad de contralor de los chalecos en el país, si autorizaba extender la vida útil de decenas de miles de chalecos antibalas que tienen hoy sus policías por, al menos, un año más.

Los funcionarios bonaerenses plantearon su consulta el año pasado, cuando la pandemia de Covid-19 ya asolaba a la Argentina, según indicaron fuentes oficiales al tanto de lo ocurrido a LA NACION. Dieron el paso cuando vislumbraron el potencial desabastecimiento que afrontarían durante este año.

Para eso, colaboradores de Berni desarrollaron varias pruebas balísticas sobre los chalecos en uso para verificar su resistencia. Corroboraron que no tenían la misma prestación que los nuevos, pero que contenían los proyectiles, que no llegaron a perforarlos, según reconstruyó LA NACION. Pero chocaron con la negativa tajante de la Anmac, que les comunicó que todo chaleco debe salir de circulación a los cinco años y enviarse a un depósito seguro y controlado hasta su destrucción.

De acuerdo a la normativa vigente, en efecto, los chalecos tienen una vida útil de cinco años. Vencido ese plazo, la fatiga de sus materiales los tornan inseguros, es decir, ya no garantizan la protección que deberían brindar. En ese contexto, los funcionarios de la Anmac se negaron a asumir la responsabilidad legal que conllevaría la hipotética muerte o lesión de un policía por la potencial falla de su chaleco.

Consultado de manera formal, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense evitaron confirmar o desmentir que sus funcionarios hayan contactado a la Anmac. Pero confirmaron que “este año está prevista la adquisición de 52.000 chalecos para suplir los que vencen durante 2021 y 2022”, y que los dos últimos lotes de chalecos confeccionados en Fabricaciones, por un total de casi 3500 chalecos, no superaron las pruebas balísticas.

Los proveedores

Desde Fabricaciones Militares dijeron a LA NACION que confían en que podrán cumplir con el suministro de chalecos ya acordado con las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, como también con la ciudad de Buenos Aires, a pesar de la incertidumbre que rodea su producción.

Esa incertidumbre se debe a las fallas detectadas durante la prueba balística que desarrolló el Laboratorio de Armamentos de la Facultad de Ingeniería del Ejército, el mes pasado, sobre tres lotes de chalecos que debía enviar a las policías bonaerense y metropolitana, como reveló LA NACION ayer.

“Las entregas de chalecos, tanto para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y el resto de nuestros clientes con contratos vigentes, no se verán afectadas”, afirmaron desde Fabricaciones Militares, que aclararon a LA NACION que “se acordó el retiro” de los lotes cuestionados por el Laboratorio.

Esos chalecos ahora “se encuentran en depósito”, según Fabricaciones, “hasta tanto se defina la impugnación de la prueba”, para los que deben enviarse a la Policía de la Ciudad, y “la actualización del diseño del RB2”, para los destinados a la Policía bonaerense.

Las dificultades que afrontan los chalecos de Fabricaciones ocurrieron en un mal momento. Los dos principales proveedores privados, Fernando Andújar –con su empresa América Blindajes– y Gustavo Dorf –con Armoring Systems– se encuentran bajo la lupa judicial, en tanto que todo el sector arrastra sospechas de cartelización desde hace años.

Andújar fue, durante la última década, el mayor proveedor de chalecos de la Policía bonaerense, pero acumuló traspiés, reiterados incumplimientos contractuales y turbulencias públicas. Entre ellas, cuando se detectó que los chalecos de nivel superior de protección RB3 que proveyó con etiquetas de producción del año 2017 ocultaban, debajo, otras etiquetas que detallaban que eran del nivel inferior RB2, con fecha de producción 2008. Hoy su empresa está en quiebra.

Su principal rival –y en algún momento, socio informal– Gustavo Dorf, tampoco se quedó atrás. También proveyó chalecos a la Policía bonerense, pero pisó con mayor fuerza en los distritos controlados por Juntos por el Cambio. En particular, en la ciudad de Buenos Aires, donde invocaba a Daniel “Tano” Angelici como su “compadre”.

Su señorío se retrajo, sin embargo, tras el estallido de la causa de los cuadernos de las coimas. La Cámara Federal porteña confirmó su procesamiento y embargo como presunto testaferro y lavador de activos del exsecretario privado de los Kirchner Daniel Muñoz, quien invirtió millones en Armoring Systems, según confesaron su viuda, Carolina Pochetti, y su contador, Víctor Manzanares.

Para Fabricaciones, el contexto representa una oportunidad. Podría potenciar su capacidad de producción y ganar contratos multimillonarios, a pesar de las acusaciones de competencia desleal que le prodigan sus competidores del sector privado. Solo la provisión de 13.300 chalecos a la Policía metropolitana le reportaría ingresos por $900 millones. Eso, siempre que sus chalecos superen las pruebas balísticas.

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