Cerraron la causa contra el juez Gustavo Hornos por violencia de género
El expediente contra el camarista de Casación fue archivado por el juez federal Sebastián Ramos porque su presunta víctima declaró que nunca quiso denunciarlo ni instar la acción penal
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La causa judicial por supuesta violencia de género contra el camarista de Casación Gustavo Hornos quedó cerrada. El juez federal Sebastián Ramos archivó el expediente porque la supuesta víctima declaró ante el fiscal Guillermo Marijuan que no tenía intención de hacer una denuncia penal.
La joven, que había mantenido una relación sentimental con el magistrado y sostuvo que había sido víctima de violencia sexual de parte de él, informó que no pretendía instar la acción penal, sino que solo quería asegurarse una medida de protección cuando se presentó en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), que depende de la Corte Suprema.
El fiscal dijo que tampoco encontró elementos como para avanzar con la pesquisa acerca de la existencia de delitos de acción pública.
El juez Ramos escribió entonces en su fallo, al que accedió LA NACION, que correspondía archivar el caso.
El caso se inició porque una expareja de Hornos hizo una exposición ante la OVD en la que relató los supuestos hechos de violencia y el riesgo al que dijo estar expuesta. A partir de ello, la justicia civil le informó al juez que tenía prohibido acercarse a la mujer a menos de 200 metros y que debía cesar en su “hostigamiento”.
La denunciante es una mujer que mantuvo una relación sentimental con el juez en los últimos meses. El magistrado, que tiene nueve hijos, está separado desde hace cuatro años de su mujer, quien lo había denunciado en 1987 por violencia doméstica, pero esa causa está cerrada y el juez fue sobreseído.
El juez Ramos, en su fallo, afirmó que la denunciante “se presento ante la OVD a los fines de obtener medidas de protección” pero aclaró que “no tenía la intención de denunciar un delito”. Y dijo que “no deseaba instar la acción penal”. Indicó que la mujer manifestó que “no era -ni es- su voluntad tener que transitar un proceso de estas características”.
El juez dijo: “Nunca fue su intención que se investigaran los hechos denunciados en sede penal, ni administrativa, ni en ningún otro ámbito distinto del civil”. Según relató, el impulso de la causa ”tuvo lugar contra su expresa voluntad”.
La mujer expuso “de manera expresa, categórica e inequívoca, su voluntad de no querer instar la acción penal por ninguno de los hechos descriptos en su denuncia”, se advierte en el expediente. El fiscal Marijuan dijo que esa circunstancia impide la persecución penal de los hechos “contra la integridad sexual” vinculados al caso.
El juez dijo que tampoco hay delitos de orden público a investigar que surjan de la exposición de la joven. “En este punto, se coincide también con los postulados esbozados por el representante del Ministerio Publico Fiscal”, en cuanto a cerrar el caso, entendió Ramos.
“Las contradicciones e incongruencias del relato que originaron la causa no permiten, por si mismas, avanzar al respecto sin una ampliación testimonial bajo juramento y la obtención de pruebas adicionales. Sin embargo, en el estado actual del legajo, no se vislumbran otras pruebas que podrían aportar mayor claridad respecto de la real ocurrencia de esos hechos”, escribió el juez.
Una investigación “estancada”
“Estos elementos resultan imprescindibles para esclarecer las conductas a investigar y reconstruir lo sucedido -sostuvo-. Ante esta situación, la investigación se encuentra estancada, sin la posibilidad de llevar adelante nuevas medidas probatorias que permitan superar la falta de pruebas mencionada.”
Como el fiscal es el titular de la acción penal y sin acción no hay causa, el juez dispuso el archivo de las actuaciones.
El juez Hornos es uno de los tres magistrados que debe votar en la causa de Vialidad, en la que fue condenada Cristina Kirchner, para determinar si confirma su pena a 6 años de prisión, si la revoca, si la reduce o si la incrementa como pidió el fiscal.
Esta denuncia por violencia de género motivó que Cristina Kirchner recusara a Hornos para apartarlo del caso, pero el pedido fue rechazado por los otros camaristas de Casación que intervienen en el caso, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.