Cerrar con el FMI y lograr un acuerdo político, las metas de Alberto Fernández
LA NACIONClaudio Jacquelin
El objetivo puede parecer tan lejano, entre tanta urgencia, como contracultural para el perokirchnerismo gobernante, pero la meta que busca alcanzar denodadamente el Gobierno es arreglar con el FMI. El propósito es avanzar lo más rápido posible para tratar de cerrar la negociación antes de fin de año y conseguir, al mismo tiempo, un amplio acuerdo político que le dé soporte a lo acordado para tranquilizar la economía.
En la tarde del viernes, solo unas pocas horas después de que el cierre de los mercados confirmó el precario alivio semanal, con la baja por cuarta jornada consecutiva del dólar blue, en la Casa Rosada y en el Palacio de Hacienda se consolidaba y ganaba fuerza esa idea. En la visita que el ministro de Economía hizo sobre el fin de ese día al Presidente para evaluar la situación cambiaria y las perspectivas de lo que podría ocurrir en los próximas jornadas, el asunto no habría estado ausente a la hora de trazar un horizonte menos angustioso que el escenario reciente.
En el Gobierno afirman que el proyecto de buscar apoyo político para las negociaciones con el FMI y para poder llevar a cabo el programa que se acuerde vienen evaluándose desde hace un tiempo. Una forma de rechazar lo que parece: la primera reacción fáctica al pliego de emplazamiento y condiciones emitido por la lideresa política del oficialismo en el comienzo de la semana. En su carta,Cristina Kirchner había planteado la necesidad de llegar a un acuerdo político y multisectorial para afrontar algunos de los históricos problemas económico-financieros de la Argentina.
La foto del 15 de abril pasado con todos los gobernadores, incluidos los opositores de Juntos por el Cambio, sentados a la misma mesa que el Presidente, la vicepresidenta y Guzmán en la quinta de Olivos es la imagen que se pretende recrear para cerrar un año plagado de tropiezos, y no solo por causa de la pandemia.
Aquel encuentro fue la puesta en escena que el Gobierno montó para iniciar las negociaciones con los bonistas privados desde una posición de fortaleza política. La situación ha cambiado mucho. Demasiado. Por entonces, la imagen presidencial empezaba a transitar su cénit por el liderazgo frente a la amenaza sanitaria y Fernández gozaba del apoyo de todo el arco político. A pesar de que fueron a la cita casi a ciegas, todos adhirieron al pronunciamiento oficial que afirmaba que el país "no puede pagar su deuda". Casi un cheque en blanco.
El tiempo transcurrido desde entonces obligará al Gobierno a un trabajo arduo, aunque la situación sea hoy más grave que hace un semestre y la necesidad de un consenso político aparezca aún más perentoria. Los más de 30 puntos de popularidad que perdió desde entonces Fernández son un síntoma de dolencias que solo se han agudizado. Como señalan varias encuestas, el Presidente ya se gastó casi toda la herencia recibida, según la opinión de los opositores y de muchos de sus votantes blandos. Con menos de un año en la presidencia, ya está obligado a poner en juego su capital político. Se lo dijo Cristina Kirchner.
La relación del oficialismo con el principal espacio opositor no pasa por el mejor momento como para lograr una adhesión sin concesiones y reglas claras. Halcones y palomas no se diferencian tanto, al fin y al cabo, cuando se trata de posibles diálogos con el Gobierno. Solo difieren algo en las condiciones que fijan y en los temas para los que podrían prestar acuerdos.
La confianza, si no está rota, está desgarrada, desde el malhadado intento de expropiar un conglomerado agroindustrial en crisis hasta el decomiso de fondos a la ciudad de Buenos Aires sin previo aviso para aliviar los problemas del delfín cristinista que, con más dificultades que aciertos, intenta gobernar el territorio bonaerense, pasando por los ataques a la Justicia y el impacto negativo de la pandemia y la cuarentena sobre la economía.
El calendario electoral que ya empezó a correr en la agenda de los dirigentes no aporta mejores condiciones de navegabilidad para un pacto. Por eso, en el Gobierno la primera apuesta para obtener apoyo frente al FMI son los gobernadores. "Ellos tienen tantas obligaciones y necesidades como nosotros", se dan ánimo en la Casa Rosada y en el Palacio de Hacienda.
El ambicioso proyecto, que se cerraría con la presentación del plan plurianual en el que trabaja Guzmán para presentar al Congreso una vez cerrado el acuerdo con el FMI, debe atravesar, sin embargo, todos los frentes de tormenta que no se han disipado. El ministro de Economía lo admite en las charlas que mantiene.
El retroceso del dólar blue es apenas un descenso (importante) de la fiebre, pero todavía nada está estabilizado y los remedios aplicados no son baratos. "La fragilidad sigue siendo alta y el sendero por el que transitamos es muy estrecho", dicen cerca de Guzmán. Tienen que lograr, afirman, que se concrete el segundo plan empalme. El primero fue el que terminó en el acuerdo con los bonistas privados. Este es el que llevaría a acordar un nuevo programa con el FMI sin incendios en el camino.
Las condiciones que tendría ese eventual acuerdo son motivo de discusión y dudas. El Gobierno se muestra optimista no solo sobre la base de los diálogos mantenidos con las autoridades del organismo, que se habrían mostrado comprensivas. Además, argumentan que "la deuda de la Argentina es tan grande que el Fondo más que como acreedor está obligado a actuar como socio", por lo que las exigencias deberían ayudar a recuperar la economía sin poner en riesgo la paz social con demandas de ajuste. La severidad o la complacencia dependen de apreciaciones subjetivas. Y podría haber diferencias de análisis no solo entre el FMI y el Gobierno. Dentro de la coalición gobernante no hay miradas unívocas y las efectividades conducentes pueden desatar discusiones. Guzmán no está entre los funcionarios que no funcionan, según Cristina Kirchner, pero la relación entre ambos tiene en este punto un desafío mayor por delante.
En el Palacio de Hacienda analizan un atajo para eludir situaciones internas conflictivas, salvaguardar apariencias y preservar capital simbólico, más allá de la eventual efectividad y el carácter virtuoso que le adjudican a su plan. El objetivo es lograr que un acuerdo con el FMI les permita obtener financiamiento de otros organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el BID, y no tener que recurrir a otro préstamo del Fondo. Las gestiones ya están en marcha, como lo reveló el titular del BID, Mauricio Claver-Carone, en la entrevista que le hizo el corresponsal de LA NACION en Washington, Rafael Mathus Ruiz, publicada el jueves pasado.
El delegado de Donald Trump que preside el organismo regional de crédito dijo que tiene buena voluntad para con el país, pero al mismo tiempo advirtió sobre "los mensajes equívocos a los mercados" de algunas políticas del Gobierno.
En Economía admiten contradicciones, marchas y contramarchas del Gobierno, pero se ilusionan, igual que Fernández, con que Joe Biden impida mañana la reelección de Donald Trump. No porque si eso ocurriera Claver-Carone fuera a dejar la presidencia del BID, sino porque se esperanzan con que un cambio político en Estados Unidos flexibilice algunas posturas. De todas maneras, hasta el 20 de enero Trump tiene asegurada la conducción de la principal potencia mundial, socia principal del FMI y del BID, y que tiene la presidencia del Banco Mundial (BM).
El acceso a fondos del BID y del BM tiene condicionantes que, sin embargo, no parecen preocupar al Gobierno. Los créditos de estos organismos no son para enjugar déficit por gastos corrientes, sino que deben tener asignación específica. Pero para todo hay un atajo. "El dinero es fungible", dicen cerca de Guzmán. Explican que una parte importante del gasto previsto para el año próximo será en obras públicas, por lo que esos fondos les permitirían liberar partidas para afrontar otras obligaciones. De ajuste mejor no hablar. Tampoco de la aparición de nuevas contingencias.
Eso explica que la nueva ola de Covid en el hemisferio norte haya activado alarmas en el Gobierno. La dicotomía salud-economía ya quedó saldada (por las malas). No hay margen, admiten, para otro confinamiento total que paralice la actividad. Mucho más en un año electoral. Los rezos para que haya vacuna ya se han transformado en cadenas de oración.
No obstante, en el Gobierno admiten que la crisis de confianza, que altera los mercados y desafía algunos presupuestos oficiales, sigue intacta. O, quizá, reforzada tras la carta de la vicepresidenta. Los funcionarios que no funcionan, sin embargo, no parecen ser los mismos para Cristina Kirchner que para Fernández y muchos de sus más estrechos colaboradores.
En el Palacio de Hacienda reconocen que las críticas que expresan los actores económicos sobre la dinámica del Gobierno tienen algún asidero. "Es cierto que la rueda de la administración a veces se traba y no gira, aun cuando el Presidente les diga a los tomadores de decisiones que está de acuerdo con algunos de sus planteos y requerimientos. Pero también a los empresarios les cuesta reconocer que se han hecho cosas a pesar del desastre imprevisto que significó la pandemia".
La relativización realza el valor de la admisión. El Presidente no parece estar en condiciones de revisar el loteo de ministerios y organismos del Estado que frena la rueda administrativa, cuando no impide, directamente, la realización de acciones que el jefe del Estado promete.
Esas dificultades engrosan las sombras que se posan sobre el plan empalme. No será solo cuestión de buena voluntad llegar a la meta del acuerdo 2x1 que se propone el Gobierno. Cerrar un nuevo programa con el FMI y pactar algún tipo de apoyo con la oposición y los factores de poder exige cambios relevantes en la alta conducción.
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