Jueces suplentes, concursos eternos y limitaciones para cubrir vacantes: los puntos oscuros de la reforma judicial
LA NACIONHernán Cappiello
El proyecto de ley de reforma del fuero federal que presentó el Gobierno para moldear una nueva organización en la Justiciatiene particularidades que generaron suspicacias entre jueces y fiscales que analizaron el texto.
En principio, se prevé que las nuevas causas que se inicien cuando se ponga en marcha el plan serán tratadas por los 23 nuevos jueces federales y no serán sorteadas entre los anteriores. Esta modalidad de trabajo se extenderá durante un año. Es decir que las nuevas causas federales —- contra funcionarios de la actual gestión o de la pasada— -serán investigadas por los nuevos jueces elegidos por esta administración.
Así lo establece el artículo 13 del proyecto, cuando señala que "los juzgados en lo penal federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° ros. 24 a 46 [que son los nuevos por crearse] entenderán exclusivamente y en forma continua, en las causas que se inicien a partir de la fecha de su habilitación, durante un UN (1) año y según el sistema de sorteos y asignación de turnos que disponga la Cámara de Apelaciones en lo Penal Federal".
Los nuevos 23 juzgados federales que se crearán serán ocupados por jueces que deberán ser elegidos por concurso por el Consejo de la Magistratura. Pero mientras se da este proceso, que es largo y complejo, el proyecto prevé que los nuevos juzgados se cubran con jueces federales subrogantes o suplentes hasta que estén los titulares, por el plazo máximo de un año, prorrogable por seis meses. Nunca un concurso duró un año y medio en la Justicia, con lo que puede ser que eternicen en ese lugar. Esto ocurrirá cuando haya presupuesto para habilitar los nuevos juzgados y mientras comiencen los concursos.
Este es un tema delicado porque da lugar a suspicacias por la posibilidad de poner un juez con el dedo en determinado lugar indefinidamente.
El proyecto establece como serán elegidos y su duración. Señala que la Cámara Nacional de Casación Penal elaborará una lista de los jueces nacionales (no federales) de la justicia ordinaria que no tengan atrasos en sus juzgados y que quieran ser jueces federales subrogantes. No se establecen instancias ni competencias. El cuerpo elevará esa lista al Consejo de la Magistratura que deberá votar a los candidatos con los dos tercios de sus miembros y luego enviará los nombres al Senado que deberán darle acuerdo. Así se cumple la obligación de que intervengan las tres instituciones donde tiene participación no solo el oficialismo, sino también la oposición.
Que la lista la haga la Cámara Nacional de Casación es ya todo una novedad, porque en las subrogancias la lista de candidatos la elabora la cámara del fuero donde van a subrogar. Es decir en este caso la Cámara Federal o la Casación Federal.
Pero el artículo 15 del proyecto oficial menciona quienes no podrán ser elegibles para ser jueces federales subrogantes: "No podrán ser inscriptos o inscriptas […] aquellos o aquellas que hayan manifestado en forma expresa su consentimiento para ser transferidos o transferidas al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Más vacantes
En el gobierno de Mauricio Macri, los aspirantes a jueces nacionales fueron invitados a firmar un formulario en el que expresaban conformidad con pagar el impuesto a las ganancias y ser transferidos a la justicia de la Ciudad. Por esta razón quienes hubieran firmado ese papel en aquel momento ahora no pueden aspirar a convertirse en jueces federales subrogantes, según el proyecto.
Esto plantea un problema porque de los 64 juzgados penales nacionales, 18 están vacantes. El universo restante son 45 jueces, pero 23 de ellos ya firmaron el papel de la era Macri donde daban conformidad para la transferencia. Así los elegibles para ser jueces federales subrogantes son solo 22, no alcanzan el número necesario de 23. Y muchos de ellos tal vez no aspiren a ser jueces federales por su edad, por que están más cerca de la jubilación o porque no pasen el filtro del Consejo de la Magistratura o el Senado, pues se tendrán en cuenta sus antecedentes en penal federal y se deberá respetar la diversidad de género.
Por Hernán Cappiello
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