Juicio a Cristina Kirchner: un testigo presentó una catarata de irregularidades en las obras adjudicadas a Lázaro Báez

El juicio oral y público en el que la vicepresidenta Cristina Kirchner está acusada de direccionar obras públicas en favor Lázaro Báez fue sacudido por el sorpresivo informe que presentó un ingeniero de Vialidad Nacional en 2019 y hasta ahora desconocido, en el que mencionó que las empresas del grupo Austral Construcciones recibieron pagos indebidos y exprés, que se le adjudicaron obras que no tenía capacidad para realizar. También describió decenas de irregularidades y proyectos inconclusos.

Quien trajo al juicio el detalle de ese informe es el ingeniero Alejandro Mon, asesor técnico del exadministrador de Vialidad Nacional Javier Iguacel, que testificó durante 11 horas sobre las verificaciones que realizó sobre las obras de Báez y que fueron la base de la denuncia que presentó el ex funcionario y que dio origen a este juicio.

Mon explicó los detalles de un informe que dejó en Vialidad Nacional el 4 de diciembre de 2019, seis días antes de que Mauricio Macri dejara el Gobierno y que nunca fue hecho público hasta ahora en el juicio oral. Nadie sabe que hizo la Dirección Nacional Vialidad con ese informe, en los últimos días del Gobierno de Cambiemos, ni durante el gobierno de Alberto Fernández. Los jueces decidirán si lo admiten como evidencia en el proceso, pero el ingeniero Mon se explayó sus hallazgos volcados en ese trabajo, ante las preguntas del fiscal Diego Luciani.

La defensa de Lázaro Báez, a cargo de José Luis Villanueva, buscó relativizar las conclusiones de ese trabajo en un contrainterrogatorio que se extendió hasta entrada la noche y cuando sus colegas en el Zoom se agarraban la cabeza y el presidente del tribunal Rodrigo Giménez Uriburu buscaba enfocar para no seguir prolongando la extenuante jornada.

Mon habló de que las obras que debía realizar Lázaro Báez, unas 20 en Santa Cruz, fueron abandonadas y los contratos rescindidos por Vialidad de Santa Cruz. “Me animo a decir que en todas hubo abandono de las obras”, dijo Mon, en la sala de audiencia con un sweter sobre los hombros.

Mon dijo que los firmantes del convenio sabían de antemano el importe que iba a ofrecer la empresa. Dijo Mon que era imposible la ejecución de los terraplenes que figuraban en los certificados de obra porque “no funcionaban los regadores, ni los equipos de compactación” y porque no contaba la empresa con la cantidad de maquinarias que hubiera necesitado para efectuar las obras.

Más de US$30 millones en 48 horas

Como ejemplo puso que en una ocasión Austral Construcciones requirió un adelanto financiero del 30 % del valor de la licitación (cuando lo habitual era el 20 %) el 18 de marzo de 2007. Y dos días después la dirección provincia de Santa Cruz le pagó 33 millones de dólares. “Me llamó la atención el plazo de acreditación del dinero que le hizo la provincia”, dijo el testigo.

Explicó que cuando una empresa pedía un anticipo se debía reducir el plazo de obra en un mes cada seis meses de plazo contractual. Por lo que la obra debía reducirse en 30 meses, pero en este caso, Vialidad provincial no le pidió reducir el costo a la empresa de Austral.

“No se cumplió el pliego y esto afectó la igualdad de los oferentes para esta obra”, dijo, y relató que otra tenía el mismo plazo de ejecución pero el anticipo financiero era del 20 %. De ese anticipo, el 20 % era reintegrado por Vialidad Nacional a la provincia y el 10 por ciento restante debía se prorrateado.

Hubo un caso de una obra, donde la empresa Austral, no había pedido un anticipo financiero, y el testigo explicó que Vialidad provincial, de todos modos, pagó 14,9 millones de dólares, sin que mediara requerimiento.

Relató que en una de las obras que fue peritada en esta causa, la empresa pidió un adelanto y una reducción del plazo, y un ingeniero de Vialidad contestó que debido a la complejidad de la obra no le otorgaba la reducción del plazo de la obra.

Analizados los 47 contratos, el promedio de las modificaciones de los plazos de obra fue del 19 por ciento, porque hubo mal tiempo en la Patagonia donde se hacían las rutas. Sin embargo, cuando fue comparado con las obras realizadas en Santa Cruz por el resto las empresas las otras firmas insumieron un 65 % menos de plazo.

Contó el testigo que se licitaron nueve obras con carácter de urgente por un monto de 770 millones de dólares y que cuando estaba previsto que se hubiera avanzado solo se había efectuado un proyecto parcial de iluminación. Preguntado que fue acerca de si los retrasos merecieron multas, dijo Mon que nunca Vialidad provincial multó a Austral. Relató que no estaba justificada la urgencia en estas licitaciones.

Relató que en el caso de la ruta 9 se hizo un primer aporte de 33 millones de dólares y que el acopio de materiales a la que se había comprometido era de imposible ejecución. Dijo Mon que de las 51 obras analizadas, las modificaciones de obra que llegaban a casi el 20% de los 3000 millones de dólares, no se llegaron a terminar de ejecutar.

El ingeniero habló de inconsistencias en las obras analizadas. En la N° 12, por ejemplo, dijo que el plazo original de la obra era de 9 meses y que en 52 días de actividad se habían hecho trabajos por el 99 % cuando lo estimado en el plan era que se hubiera avanzado hasta el 32 por ciento. En la obra N° 14, dijo el plazo de obra era de 20 meses, pero a los tres meses se había ejecutado el 97,33 por ciento de avance, cuando lo previsto era un 13 %. Así dio media docena de ejemplos mas.

Así, en el 20 por ciento en promedio de los plazos de obra transcurridos, Austral certificó casi la totalidad de las obras. Mon, en un momento del extenso interrogatorio, casi se quebró y dijo que estaba orgulloso de haber realizado este trabajo.

Mon reconoció como de su puño y letra unas anotaciones en un listado de empresas que debían tener prioridad para cobrar. “Sí o sí cobran las primeras diez” decía esa anotación manuscrita que hizo en un margen de un cuadro de Excel que le dio el exgerente de Administración en Vialidad, Sergio Passacantando, cuando le explicó el motivo de la confección de ese listado de empresarios VIP entre los que se encontraba Báez..

El ingeniero habló de un punteo de 13 irregularidades en los pliegos de licitación que analizó: entre ellas enumeró problemas en los pagos de canteras y remediaciones, tiempos imposibles que transcurrieron entre la licitación y el inicio de obras. O por ejemplo entre la apertura de la licitación y la firma del contrato transcurrieron 21 días corridos en promedio.

Aunque en una de las obras, por ejemplo, el plazo era de cero días, es decir que el mismo día de la firma del contrato se empezó la obra. Dijo que en el caso de las tareas de remediación de canteras se efectuaron pagos por 6,2 millones de dólares que no debían haber sido realizados.

Puso otro ejemplo de irregularidades. Analizó que cuando unos ingenieros de Vialidad dijeron estar en la apertura de una licitación en Río Gallegos, estaban en otra obra a 620 kilómetros de distancia haciendo una inspección por la que cobraron viáticos, desarraigo y horas extras. Eso fue pagado y descontado del certificado de obras. Otra irregularidad fue en la obra denominada número 1: el certificado de obra se efectuó en una fecha, pero la factura se emitió 9 días antes, según Mon.

Los defensores trataron de rebatir la afirmaciones de Mon, que se mostró firme ante las embestidas y que en ocasiones, cuando le buscaban debilidades, terminaba dando respuestas que perjudicaban el interés de los acusados.

Para mañana está previsto que declare Martín Cergneux, también ex funcionario de Vialidad Nacional. La semana que viene será el turno de Javier Iguacel y luego los peritos contables y técnicos. Tras los peritos los acusados tendrán oportunidad de ampliar sus indagatorias antes de que comiencen los alegatos y se llegue al desenlace del proceso.

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