Causa Vialidad: dura carta de respuesta del Presidente al procurador Casal por su defensa al fiscal Luciani
En una misiva de cinco páginas dijo que no buscó condicionar su accionar, pero le atribuyó un doble estándar por no haberse preocupado de igual modo cuando el presidente era Mauricio Macri
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LA NACIONCecilia Devanna
El presidente Alberto Fernández envió esta tarde una dura carta al Procurador General Interino, Eduardo Casal, en medio de la polémica por el caso Vialidad. En un texto de cinco páginas al que tuvo acceso LA NACION, Fernández le respondió a Casal por la nota que este le había enviado luego de la frase emitida por el mandatario en un programa de televisión, en el que dijo que Alberto Nisman se suicidó y que esperaba que Diego Luciani, a cargo de la causa contra Cristina Kirchner, no hiciera lo mismo.
La presentación se da en medio de una semana extremadamente candente en el área judicial para el oficialismo, luego del pedido de pena para la vicepresidenta Cristina Kirchner, en la causa Vialidad. Allí el fiscal federal Diego Luciani pidió para ella 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En su carta Fernández le dijo a Casal que sus expresiones “de modo alguno pueden ser interpretadas en el sentido de querer condicionar el accionar de un funcionario y que ello queda claro toda vez que fueron vertidas cuando el fiscal de la causa ya había finalizado su alegato en el proceso”. Tras lo que apuntó con dureza al Poder Judicial y sus funcionarios, a quienes consideró que “no están, ni podrían estar exentos de críticas y opiniones en una sociedad democrática”. Tras lo cual también le atribuyó doble estándar porque no tuvo el mismo “celo” cuando el presidente era Mauricio Macri.
En ese sentido, entre otros puntos, sostuvo con dureza a Casal al sostener que “el celo que muestra su carta” respecto del “cuidado de los procesos penales hubiera sido importante, para la salud democrática de nuestro país, que se plasmara también en impulsar investigaciones transparentes respecto de las motivaciones reales que tuvieron algunas visitas realizadas por destacados miembros del Poder Judicial al expresidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada”.
Así como en esa línea también apuntó, al igual que la vicepresidenta, a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, hombre fuerte de la Justicia durante el macrismo. Kirchner había hecho referencia a Rodríguez Simón tanto en su descargo público de este martes como el miércoles, cuando a través de un aviso fúnebre del fallecido cuñado de Luciani, buscó establecer una relación entre ambos.
LA NACION se comunicó con voceros de la Procuración para consultarles por esta nueva carta. “La vamos a considerar”, fue la respuesta. Fuentes cercanas a Casal adelantaron que el procurador en principio no planea contestarle al Presidente. Dicen que considera que su nota fue institucional y tuvo como objetivo resguardar el trabajo de los fiscales frente a una injerencia indebida del Poder Ejecutivo. En la Procuración sostienen además que no consideran que resulte “constructivo” ponerse a “evaluar dichos y hechos del pasado”. No dicen más, pero se trata de una clara crítica a Fernández y sus giros, por ejemplo, en el caso del fiscal Alberto Nisman.
Un supuesto espejo con Lula
Fernández también apuntó duras críticas al Poder Judicial y aludió a lo sucedido con Lula Da Silva en Brasil el que consideró que fue “condenado y encarcelado injustamente y por lo tanto proscripto”, en línea con el argumento que viene sosteniendo el kirchnerismo en el caso.
En su carta, Fernández aseguró a Casal: “Me he expresado en el marco del derecho a la libertad de expresión garantizado en la Constitución Nacional y sin infringir los límites establecidos en su artículo 109, toda vez que no he ejercido funciones judiciales, ni me he arrogado el conocimiento de causas pendientes ni he restablecido las fenecidas”.
Tras lo que agregó que “lejos de importar un ‘menoscabo’ a la independencia y a la autonomía, o una injerencia indebida en el proceso, mis declaraciones constituyen una expresión de lo que observa una gran parte de la ciudadanía: que, a la hora de actuar, muchos magistrados y funcionarios de la justicia federal prestan más atención a determinados intereses fácticos y/o políticos que a las normas vigentes, y que esta situación hiere a la democracia”.
La nota de Casal
En su carta, Casal se había dirigido al mandatario señalándole la “profunda preocupación desde el punto de vista institucional” que generó la entrevista que el Presidente dio en el canal TN, así como el comunicado oficial que publicó el Gobierno tras el pedido de condena, el lunes por la tarde.
Allí el funcionario, de perfil técnico y larga trayectoria judicial, había asegurado: “Más allá del derecho a expresarse libremente de cada ciudadano en un ámbito de respeto y sin que esto implique una opinión sobre el fondo de la cuestión, es mi deber constitucional e institucional advertir que la vinculación que usted realiza entre ‘una persecución judicial y mediática’ y el debido cumplimiento de la representación que en nombre de este Ministerio Público ejerce por mandato legal el señor fiscal, implica una clara perturbación en el ejercicio de sus funciones”.
Tras el alegato de Luciani, concretado el lunes, Kirchner buscó rebatir los argumentos, pero al no poder hacerlo en esta instancia ante la justicia, optó por usar sus redes sociales y vía You Tube. Desde allí, y durante una hora y media hizo su descargo, en el que más que defenderse jurídicamente apuntó a las responsabilidades de otras figuras en el caso.
La administración de Fernández lleva casi desde sus comienzos una cruzada en el área judicial, donde aún en julio de 2020, en plena pandemia presentaron un proyecto de ley para reformar la justicia y buscó, también sin éxito, reformar el Ministerio Público Fiscal (MPF). En tanto que para reemplazar a Casal, el propio Fernández presentó en diciembre de 2019, pocos días después de haber asumido, el pliego del juez federal Daniel Rafecas para ocupar el cargo, lo que aún no fue votado en el Congreso.
Por Cecilia Devanna
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