Vacunas vip: el fiscal Taiano prepara nuevas medidas y podría ampliar el alcance de la investigación
Las medidas que pidió el fiscal Eduardo Taiano en la causa que acumuló más de una decena de denuncias por irregularidades en el suministro de vacunas están orientadas, por ahora, a identificar a las personas que hayan ingresado al Ministerio de Salud y al Hospital Posadas entre el 1 y el 19 de febrero.
El Ministerio de Salud fue allanado ayer por la noche en busca de documentación y material fílmico sobre los ingresos de personas a la cartera entonces conducida por Ginés González García, y de la documentación relacionada con los viajes de los vehículos oficiales y una nómina de personas que recibieron la vacuna.
Aunque Taiano imputó a González García y a su sobrino y exjefe de gabinete Lisandro Bonelli, no pidió medidas relacionadas directamente con ellos, más allá de los registros de ingresos al Ministerio de Salud y al Hospital Posadas. Fuentes de la investigación dijeron a este medio, no obstante, que se pedirán nuevas medidas de prueba y que se ampliará el objeto procesal.
Hasta ahora, el período temporal investigado por Taiano no está orientado al mes de enero, durante el cual, según trascendió en las últimas horas y según publicó LA NACION, varios funcionarios del Gobierno, exfuncionarios y sus familiares fueron inoculados con la Sputnik V.
"Los nombrados denunciaron que el exministro Ginés González García habría dispuesto que personal del Hospital Nacional Posadas concurriese a la sede del Ministerio de Salud de la Nación para inmunizar a diversas personas que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos y/o el esquema de etapas establecidos en la resolución 2883/2020 "Plan estratégico para la vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina", escribió Taiano cuando firmó el requerimiento de instrucción que dio impulso a las medidas.
Los denunciantes precisaron que las dosis suministradas de forma irregular integrarían un lote de vacunas Sputnik V que habría sido apartado del circuito oficial de distribución y, por lo tanto, no repartido conforme al plan delineado por el gobierno nacional.
La jueza María Eugenia Capuchetti, que instruye la causa, puede ordenar nuevas medidas, pero por ahora el objeto de investigación no se amplió a las circunstancias mediante las cuales el gobierno nacional vacunó a decenas de funcionarios y familiares reunidos bajo el rótulo de "personal estratégico" o "personal de salud".
El teléfono del fiscal Taiano sonó sin parar en las últimas horas. Varios fiscales de los tribunales de Comodoro Py llamaron a su colega para ofrecerse a "darle una mano", según reconstruyó este medio de funcionarios judiciales. El caso no pasa desapercibido en los tribunales. Despertó comentarios en los pasillos y los despachos.
El hecho que se investiga -las irregularidades en el suministro de vacunas- podría ser encuadrado en más de un delito. Las denuncias presentadas en los últimos días señalan que Ginés González García y los funcionarios de la cartera de Salud habrían cometido los delitos de "abuso de autoridad", "malversación de caudales y bienes públicos", e incluso delitos contra la salud pública, como el delito de "propagación de enfermedad" .
Según indicaron fuentes judiciales a LA NACION, unas 13 denuncias se concentraron en los tribunales federales de Comodoro Py , incluida la del fiscal Guillermo Marijuan, y al menos cinco de ellas estaban ya acumuladas en el juzgado 6, que estuvo a cargo del exjuez Rodolfo Canicoba Corral y que ahora es subrogado por Capuchetti.
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