Causa “ñoquis calientes”: condenan a una exministra de Chubut por la contratación irregular de empleados
Cecilia Torres Otarola hizo pasar a la niñera de sus hijos como empleada de la Legislatura y a su jardinero como funcionario; su segunda, la exsecretaria de Familia, contrató a varios familiares
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PARA LA NACIONAna Tronfi
La exministra de Familia y Desarrollo Social de Chubut fue condenada este lunes en el marco de la causa conocida como “ñoquis calientes”, que investigó la contratación durante la gestión del exgobernador Mariano Arcioni de personal que, pese a cobrar un sueldo, nunca prestó servicios para el Estado provincial. A Cecilia Torres Otarola, una mediática exfuncionaria, la investigaron por sostener un equipo de empleados ñoquis a su cargo, entre los que figuraban un jardinero y una niñera. En el caso de esta última, era supuesta empleada de la Legislatura pero prestaba servicios en la casa de la entonces ministra.
Torres Otarola fue expulsada del Ministerio de la Familia en julio de 2020, cuando explotó la denuncia cuyo debate se desarrolló durante las últimas semanas en esta provincia. El juicio, que tuvo como escenario la Oficina Judicial de Rawson, tuvo siete imputados investigados por presuntos delitos de fraude al Estado en Chubut.
Entre los acusados, la principal protagonista fue la exministra de Familia y exministra de Desarrollo Social y exdiputada provincial, quien lidera una lista de figuras involucradas en maniobras que habrían perjudicado gravemente las finanzas públicas.
El fiscal Omar Rodríguez, de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFE-DAP), encabezó la investigación en la que se demostraron las contrataciones irregulares.
De acuerdo a la hipótesis de la fiscalía que quedó demostrada en el juicio, la exfuncionaria habría obligado el retorno de parte de los sueldos de los empleados que ella misma habría ayudado a ingresar en carácter de asesores en la Legislatura provincial. En su gestión como Ministro de la Familia habría designado en cargos de alto rango a personas cercanas a ella que no vivían en la zona ni realizaban contraprestación para el Estado.
A Torres Otarola, conocida popularmente como ‘Chechu’, se le imputó el delito de fraude a la administración pública en calidad de autora por ocho hechos, tres por el delito de concusión y cinco por fraude, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Se sumó a la lista a Silvana Adriana Cañumil, a quien se le imputó el delito de fraude a la administración pública, un hecho por concusión y dos hechos en calidad de partícipe secundario: figuraba como empleada de la Legislatura, pero en los hechos realizaba tareas domésticas y el cuidado de los hijos de Torres Otarola.
A Jaquelina Rodera, subsecretaria de Familia, se la acusó por el delito de fraude a la administración pública en calidad de partícipe primario por tres hechos. A Marta Rodera, el delito de fraude la administración pública, un hecho en calidad de partícipe primario. En el caso de Facundo Solari Rodera, se le acusó el delito de fraude a la administración pública en un hecho como partícipe primario.
Por su parte, Branco Rodera Neira fue imputado por el delito de fraude a la administración pública por un hecho como partícipe primario. A Miguel Angel Reto Trelles, el jardinero de la exministra, se le imputa un hecho como partícipe primario en fraude a la administración pública.
Para los fiscales Cecilia Torres Otarola, “resulto pieza central de la actividad delictiva investigada”. Según las calificaciones legales escogidas, la escala penal parte desde los dos años más inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. La Fiscalía estima que al momento de pedir pena, la misma no será inferior a los cuatro años de prisión efectiva más la inhabilitación especial por igual plazo.
El censo de Torres
El juicio, cuya sentencia se conocerá el lunes próximo, se desarrolló en el marco de un censo a empleados públicos que encabezó la gestión del actual gobernador, Ignacio Torres.
Torres anunció que sancionará a empleados públicos que incumplan funciones y la implementación del Plan Integral de Reordenamiento del Estado, que incluye la eliminación de 168 cargos políticos considerados “ineficientes” y la cesantía de trabajadores que no cumplían con sus funciones. Según informaron, la medida busca optimizar el uso de los recursos públicos y fomentar una cultura de eficiencia en la administración estatal.
La causa “ñoquis calientes” que se arrastra de la anterior gestión, fue otra luz de alerta en Chubut. En su profesión de origen, Cecilia Torres Otarola es terapista ocupacional, tiene 44 años y es oriunda de Trevelin. Trabajó en un hospital rural de la cordillera desde los 30 años, para luego desempeñarse en el hospital de Esquel. Allí empezó su historia de militancia en el espacio que entonces encabezaba Mario Das Neves, líder del proyecto provincial en el que fue una activa participante.
En 2015, su cambio de lealtades durante la campaña provincial entre Mario Das Neves y Martín Buzzi levantó sospechas cuando su local partidario cambió de emblemas de un día para otro. Pese a que las elecciones dieron el triunfo a Das Neves, Otarola logró asegurarse una banca como diputada provincial por el buzzismo, un espacio que abandonaría poco después para formar su propio bloque, “Juntos para Chubut”.
Culpable
La exministra de Familia fue encontrada culpable en siete hechos de un total de ocho imputados. También fueron encontrados culpables Silvia Cañumil, Retro Trelles, Mara Rodera y Facundo Solari Rodera. Dos imputados fueron absueltos.
El Tribunal Colegiado integrado por los jueces Marcela Pérez Bogado como presidenta y los vocales, José Luis Ennis y Carlos Richeri, arribó a un veredicto en que declararon culpable a Torres Otarola de cuatro hechos del delito de fraude a la administración pública y tres hechos del delito de exacciones ilegales (el pedido indebido de parte del sueldo a sus asesores).
Los primeros cuatro hechos, son por proponer el nombramiento de funcionarios públicos, una persona en la Legislatura y luego tres en el Ministerio, sabiendo que luego no realizarían trabajo alguno e igual cobrarían el sueldo que saldría de las arcas del Estado Provincial.
En los otros tres hechos, se la encontró culpable de pedirle a sus asesores legislativos que le depositen la mitad del sueldo para la conformación de una caja política.
También fue encontrada culpable la acusada Silvia Cañumil, quién había sido nombrada asesora en la Legislatura mientras que su función real era asistir en tareas domésticas y cuidado de los hijos de Torres Otarola. Además de Cañumil, también fueron declarados culpables de defraudar a la administración pública Mara Rodera, Facundo Solari Rodera y Reto Trelles, todos con domicilio en Buenos Aires, por cuanto aceptaron ser nombrados como Directores en el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia,
Por otro lado, la Fiscalía no logró probar que Branco Rodera Neira no realizó tarea alguna por el contrato de locación de servicios que le gestionó Torres Otarola, y el Tribunal lo absolvió. En idéntica situación se resolvió la situación de Jaquelina Rodera. El Tribunal convocó a las partes para realizar el juicio sobre la pena para el próximo lunes 6 de enero de 2025.
Por Ana Tronfi
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