El vacío que deja Cristina despabila a los caudillos
El kirchnerismo fue eficaz en arrinconar a los gobernadores en sus territorios; la condena que pesa sobre la vicepresidenta empieza a mellar sobre ese dique
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Una nueva grieta se consolida a fuego lento desde que se conoció la condena a Cristina Kirchner y su reacción posterior, la decisión de renunciar a cualquier candidatura en 2023. Es una remake de unitarios vs federales impulsado por el vacío que parece estar dejando la vicepresidenta en el mapa político del oficialismo. Mientras el kirchnerismo y Cristina Kirchner pudieron garantizar poder y gobernabilidad, los caudillos del interior se allanaron al peso de la dirigencia kirchnerista porteña y al rol hegemónico de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, en la ecuación del triunfo. El panorama está en proceso de cambio. Renovada voluntad de poder político nacional, empoderamiento económico, Vaca Muerta y litio son los elementos que definen un escenario muy particular en el camino hacia las elecciones de 2023 con eje en los gobernadores. Política, economía y también geopolítica atravesando el territorio de poder del interior. Los gobernadores al encuentro de una oportunidad histórica. Las provincias mineras y petroleras versus el Estado nacional, la nueva grieta que puede complicar el panorama.
Como en la naturaleza, en la política, el vacío, en este caso, de poder impulsa inmediatamente a su ocupación. Del comunicado en apoyo cohesionado a la vicepresidenta condenada la semana pasada a las definiciones de las últimas horas que anticipan su voluntad de jugar en el plano nacional. La Liga de Gobernadores peronistas se apresta a afilar una maquinaria de disputa de poder que durante los tres años de presidencia de los Fernández tuvo efectos más simbólicos y voluntaristas que reales.
Sus momentos de influencia fueron pocos, aunque significativos. En la crisis económica de julio, para avalar el nombre de Sergio Massa como ministro de Economía y contribuir con su presión a que el presidente Alberto Fernández cediera un poder que ya no tenía. En la crisis política después de la derrota electoral de septiembre de 2021, cuando se dio el desembarco del gobernador de Tucumán, Juan Manzur, en la jefatura de Gabinete y el éxito del latiguillo en torno a su “volumen político” que se desinfló rápido, apenas con el correr de pocas semanas. Paradojas: ahora los gobernadores reclaman una centralidad en el PJ ante, precisamente, lo que se define como “pérdida de musculatura” del gobierno nacional. La política nacional en modo competencia de gimnasio.
Esa decisión del interior de volver a una disputa por la centralidad en los asuntos nacionales se da en un contexto casi único, el de otra centralidad: la de los recursos mineros y petroleros como salida para varias crisis que se superponen, la de la economía y el desarrollo argentino, la crisis energética local y global y la del cambio climático y la transición a otra matriz energética. Por un lado, el litio y sus dueños, las provincias, refuerzan el peso de los caudillos mineros y por el otro, Vaca Muerta y las esperanzas depositadas en el gasoducto Néstor Kirchner como fuente de ahorro e ingreso de divisas refuerzan el peso de los caudillos petroleros.
Ese peso juega doblemente: ya no sólo en el debate económico sino también en la puja política. Por dos razones. Porque la política, sabemos, necesita recursos para financiarse. La Liga de Gobernadores tiene ejemplos claros de Estados provinciales ricos aunque con habitantes pobres pero electoralmente exitosos. Y porque el debate en torno al futuro de la matriz productiva argentina pone a los recursos naturales y su explotación como pieza central en la negociación por el poder.
El kirchnerismo fue eficaz en arrinconar a los gobernadores en sus territorios. Obedientes, los gobernadores peronistas se olvidaron del peso histórico de su influencia. La política, que se hace sobre todo desde los roles ejecutivos de intendentes o gobernadores que movilizan gente y recursos y transparentan la eficacia de su poder en cada triunfo electoral, quedó a un costado en la definición del poder nacional. El kirchnerismo fue eficaz en disipar esa influencia. La condena judicial que pesa sobre Cristina Kirchner desde la semana pasada empieza a mellar el intangible que definía el poder de la líder del Frente de Todos.
El vacío está disponible. Los jugadores mueven las fichas, como empezaron a hacerlo los gobernadores. En realidad, las cartas que los caudillos del interior orejean ya se vislumbraban en la llegada de Manzur a la Casa Rosada. El tucumano tuvo un rol sensible en la defensa de los intereses de las provincias “rentísticas”, las que nutren la política con la renta petrolera y minera, ante el Estado nacional. La influencia de las provincias se notó en los nombramientos de las responsables de la secretaría de Energía y de la Secretaría de Minería de la nación. En Energía, la designada fue Flavia Royón, alineada políticamente con otro gobernador, Gustavo Sáenz, de Salta.
La catamarqueña Fernanda Ávila llegó a Minería a partir de un acuerdo entre los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de San Juan, Sergio Uñac, y el jefe de gabinete Manzur, en diciembre, cuando hacía poco que había asumido el tucumano. Fue su primer triunfo en el cumplimiento de su tarea. Lo que queda claro es que en el nuevo escenario doméstico y global, los recursos de las provincias tallan fuerte.
Desde el oficialismo Uñac, gobernador de una provincia minera por excelencia, es uno de los que muestra mayor ambición presidencial. Otro es el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, que ayer tuvo un encontronazo en Twitter con Greenpeace, que lo acusó de autorizar el desmonte de un millón de hectáreas. “Hay 1 millón de hectáreas en riesgo! En medio de una ola de calor y crisis climática sin presentes, necesitamos que el gobernador de Chaco Jorge Capitanich respete la Ley de Bosques y frene los desmontes”, tuiteó la organización ayer. Explotación de recursos mineros y de hidrocarburos y el agro en el horizonte presente y futuro de la Argentina, en el camino electoral de los gobernadores.
En ese sentido, la vitalidad electoral que la Liga de Gobernadores quiere recuperar abre preguntas para la Argentina. Por un lado, sobre cómo se traduce institucionalmente ese poder económico y productivo cada vez más estratégico. Es una pregunta sobre la calidad de las instituciones y de la democracia y sobre el funcionamiento de la macroeconomía. El politólogo Carlos Gervasoni equipara a esas provincias con los “Estados petroleros” autoritarios que viven de la renta del petróleo. De ahí que las llama “rentísticas”.
No cobran impuestos a sus habitantes, sostienen sus economías con las transferencias federales de la coparticipación o con las transferencias discrecionales y con la renta de la explotación de recursos naturales. Sus gobernadores cuentan con recursos económicos cuantiosos que convierten al Estado provincial en un factor económico con el que el sector privado no puede competir. Se traduce en creación de empleo público descontrolada, cancha inclinada, escasa división de poder, voto cautivo y falta de competitividad electoral, el mismo partido político gobernando durante décadas.
Una macro dependiente de recursos naturales provinciales también presenta dilemas. Una lógica patrimonialista de los gobernadores y una administración deficiente por la falta de recursos humanos preparados, algo parecido a lo que sucede en la administración de los sistemas educativos provinciales, puede restarle potencia a una opción productiva que se ve como salida estratégica. Sobre todo en un sector de la economía donde el cambio climático y la relación con corporaciones mineras de enorme poder hace todavía más complejo y delicado el panorama. Las esquirlas de la autoexclusión electoral de Cristina Kirchner apenas empiezan a definir sus contornos. Y no afectan sólo a la interna oficialista. Empiezan a tallar también en el perfil que puede adquirir la Argentina que viene.
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