Caso Odebrecht: el “Corcho” Rodríguez logró que la justicia brasileña anule las evidencias que lo comprometían en los pagos de sobornos

Por un error de procedimiento en Brasil, la Justicia de ese país bloqueó el uso en la Argentina de evidencias incriminatorias en al menos dos investigaciones locales. Son las pruebas que complican a Jorge “Corcho” Rodríguez en las coimas millonarias que el gigante Odebrecht admitió que pagó a funcionarios argentinos para quedarse con dos contratos de obra pública durante el kirchnerismo: el soterramiento del tren Sarmiento y la construcción para AYSA de una planta potabilizadora de agua en Paraná de las Palmas.

La decisión de la Justicia brasileña llegó a los tribunales federales de Comodoro Py la semana pasada, vía exhorto diplomático, y de inmediato desató una ola de especulaciones entre los investigadores y las defensas de los acusados sobre cuál será el futuro de ambos expedientes, que ahora afrontarán múltiples pedidos de nulidad, como mínimo, y podrían desembocar a mediano plazo en el sobreseimiento de “Corcho” Rodríguez y otros acusados.

El presidente del Supremo Tribunal Federal brasileño, José Antonio Dias Toffoli, estimó que las evidencias que incriminan a Rodríguez son inadmisibles por haber sido extraídas de dos sistemas operativos internos de Odebrecht cuya “falta de fiabilidad” ya fue declarada por otro ministro de ese tribunal, Ricardo Lewandowslki, “debido a la grave violación de la cadena de custodia”. Es decir, que no se puede garantizar que el material que aparece en ambos sistemas sea el original o haya sido adulterado.

Identificados como “Drousys” y “MyWebDay”, ambos sistemas operativos almacenan su información en Estados Unidos y su autenticidad fue reconocida por Odebrecht –que se declaró culpable en Brasil y Estados Unidos- y por sus ejecutivos –que confirmaron los datos allí vertidos-, pero la Justicia brasileña concluyó que la forma en que el Ministerio Público Fiscal compartió ese material, por ejemplo con las autoridades estadounidenses, fue “al margen de la ley” y que, por tanto, era inadmisible.

El “Drousys”, cabe aclarar, era un sistema informático creado para almacenar archivos y facilitar la comunicación entre los miembros del “Departamento de Operaciones Estructuradas” –el área que Odebrecht creó para coordinar los pagos de sobornos en Brasil, la Argentina y otra decena de países-, como también entre los miembros de ese departamento, lobistas, operadores y “cueveros” a cargo de mover y pagar los sobornos.

“MyWebDay” consistía, en tanto, en un sistema de contabilidad interno de Odebrecht usado para generar y alimentar las hojas de cálculo que se utilizaban para organizar y controlar esos pagos de sobornos por cientos de millones de dólares en efectivo y a través de cuentas bancarias controladas por sociedades offshore en paraísos fiscales, coimas a los que aludían dentro de la multinacional con el eufemismo de “ventajas indebidas”.

Gracias a los datos extraídos de ambos sistemas y las confesiones de varios arrepentidos –entre ellos, el otrora vicepresidente de Odebrecht para América latina, Luiz Antonio Mameri-, la Justicia argentina reconstruyó que el gigante brasileño y las empresas locales asociadas se quedaron gracias a los sobornos con tres grandes proyectos en la Argentina: para soterrar el tren Sarmiento —con un presupuesto estimado en US$ 1500 millones—, la construcción de la planta potabilizadora de agua para AYSA —US$320 millones— y la extensión de las redes troncales de gasoductos —US$436 millones—. Total: US$2,256 millones.

Con ese volumen de negocios en danza, Odebrecht confesó en Estados Unidos que las coimas que desembolsó en la Argentina ascendieron a por lo menos US$35 millones, lo que implicaría un retorno apenas superior al 1.5% del monto total de los contratos, aunque evidencias adicionales permiten sospechar que los pagos indebidos fueron muchos más.

En el proyecto para soterrar el tren Sarmiento, por ejemplo, “Jorge Rodríguez propuso que, con cada pago liberado de una factura, el consorcio pagase valores indebidos en cuentas por él indicadas, y que esta era la única forma de priorizar los pagos al consorcio por los servicios ya prestados”, confesó Mameri ante los investigadores brasileños, para luego añadir que cuando autorizó “ese ajuste indebido, los pagos se retomaron”.

Ahora, sin embargo, la Justicia brasileña consideró “ilegítimas” esa confesión de Mameri y las comunicaciones internas y los registros contables extraídos de los sistemas “Drousys” y “MyWebDay”, como también toda alusión a las claves “Pribont”, “Sarmiento” y “Sabrimol” –en alusión a la sociedad uruguaya Sabrimol Trading que dos ejecutivos uruguayos adjudicaron al “Corcho” Rodríguez.

La resolución de Dias Toffoli registra antecedentes similares en otras investigaciones sobre corrupción en la Justicia brasileña y en los tribunales argentinos. Por ejemplo, cuando la Cámara Federal porteña ratificó en mayo de 2012 una decisión del entonces juez federal Norberto Oyarbide de anular la validez de miles de correos electrónicos que comprometían al otrora secretario de Transporte, Ricardo Jaime, en negociaciones incompatibles con la función pública, el trasiego de sobornos y diálogos con testaferros, tras concluir que no se había garantizado la “cadena de custodia” de esos e-mails, e impidió que se utilizaran como evidencia.

Ahora, los fiscales buscarán sostener con otras pruebas la acusación contra los ejecutivos de Odebrecht y de AYSA, exfuncionarios como Julio de Vido, José López, Roberto Baratta y Jaime, empresarios locales y un puñado de intermediarios, pese a las impugnaciones y nulidades que se descuenta que plantearán las defensas de los acusados, que también incluyen a Carlos Ben, Aldo Benito Roggio, Tito Biagini y Carlos Enrique Wagner, entre otros.

En simultáneo, varios de los acusados deben afrontar otro juicio oral por las presuntas negociaciones incompatibles con la función pública que llevaron a que Odebrecht se quedara con el contrato de obra pública para la extensión de la red troncal de gasoductos, que instruyó el juez federal Daniel Rafecas.