Caso Loan: conmoción en la Armada por la detención de un capitán de navío retirado implicado en la desaparición
La fuerza naval entregó al fiscal el legajo del oficial Carlos Guido Pérez, que fue director de Abastecimiento en la Marina y está preso junto con su esposa, funcionaria del municipio correntino de 9 de Julio
LA NACION
Un cimbronazo provocó en la Armada la detención del capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez, de 62 años, implicado en la desaparición del niño Loan Danilo Peña, de 5 años, en Corrientes, en un caso en el que tras intensos rastrillajes se investiga la hipótesis de la trata de personas. El menor, del que no se tienen noticias, fue visto por última vez hace diez días cuando fue a almorzar a la casa de su abuela con su padre, en un encuentro al que asistió el militar.
El caso es seguido de cerca por las autoridades de la Armada, que le entregaron al fiscal que lleva adelante la investigación el legajo del marino y contador implicado en el caso, que fue detenido junto con su pareja, María Victoria Caillava, funcionaria del municipio correntino de 9 de Julio. Aparentemente, ambos eran amigos de la abuela de Loan y compartieron ese día el almuerzo.
“Como se hace en estos casos, la Armada va a colaborar con la Justicia respecto a cualquier tipo de información que sea requerida”, afirmaron fuentes cercanas a la conducción de la fuerza, ante una consulta de LA NACION.
Uno de los principales elementos que salpican a Pérez y su pareja es que los investigadores encontraron rastros del niño en dos de sus vehículos. Llamativamente, el militar hizo declaraciones a los medios en los días posteriores a la desaparición de Loan, cuando la investigación se centraba em la hipótesis del extravío, y advertía sobre la facilidad de circular en las rutas cerca de las fronteras con Paraguay y Brasil sin ser requisados por controles policiales.
El marino habría admitido que circuló por esos caminos, rumbo a Corrientes y Resistencia, sins er sometido a controles.
Según pudo saber este diario, la Fiscalía ya cuenta con el legajo del capitán Pérez, que nació el 6 de agosto de 1961 e ingresó en la Escuela Naval Militar en enero de 1980, durante el período de la dictadura militar.
El capitán de navío implicado en la desaparición de Loan se graduó como guardiamarina en 1982, el año de la guerra de Malvinas. Entre otros destinos, fue director de Abastecimiento de la Armada. Pasó a retiro en septiembre de 2017 con el grado de capitán de navío, por decisión voluntaria, después de 37 años de servicio, incluidos los correspondientes a su formación en la Escuela Naval Militar.
Su último destino fue jefe de Auditoría de la Inspectoría General del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Pertenece a la promoción 111 de la Escuela Naval Militar, donde también realizó su formación profesional como contador. En el escalafón profesional integró la promoción 69.
Voces cercanas a la Armada revelaron que el caso del marino generó un fuerte cimbronazo por el tipo de delito que está en juego. Advirtieron, de todos modos, que para que la Armada adopte una sanción disciplinaria, habría que esperar una condena firme. Aunque la evolución del caso y su impacto en la opinión pública podrían acelerar eventuales decisiones.
Sin antecedentes
En ámbitos castrenses no recuerdan antecedentes de similar impacto en las Fuerzas Armadas. “Hay casos de violencia de género, además de los oficiales procesados y condenados por delitos de lesa humanidad. Pero es difícil encontrar un militar implicado en el delito de la trata de personas”, evaluó una fuente castrense, al transmitir el impacto que genera las circunstancias que llevaron a la detención del capitán de navío Pérez.
Además del militar retirado y su pareja hay otros cuatro detenidos mientras sigue la etapa de la investigación: el comisario de 9 de Julio, Walter Maciel, quien estuvo en un primer momento a cargo de la pesquisa; Bernardino Benítez, tío del niño; Daniel Ramírez y Mónica del Carmen Millapi, imputados por abandono de persona.
La Iglesia también expresó su preocupación por el caso y reclamó celeridad en la investigación, ante la sospecha de que se trataría de un caso de trata de personas.
“La trata de personas es un delito grave que vulnera los derechos humanos y es responsabilidad de todos trabajar para prevenir, identificar y brindar apoyo a las víctimas. Es muy importante actuar de manera inmediata y es responsable hacerlo así”, dijo el obispo auxiliar de Corrientes, monseñor José Adolfo Larregain.
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