Caso Cuadernos | El tribunal oral acusó a la Casación de haber sacado ilegalmente a Angelo Calcaterra de la causa

El tribunal oral que llevará adelante el juicio del caso de “los cuadernos de las coimas” firmó anoche una durísima y muy inusual resolución: acusó a tres jueces de la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, de haber sacado del juicio por sobornos al empresario Angelo Calcaterra y de haber mandado su caso a la justicia electoral “sin justificación legal”.

Anoche, la Corte fue puesta al tanto de esta decisión. Le envió una nota formal Germán Castelli, uno de los jueces del tribunal oral, para decirles a los ministros que en el caso hubo “interferencias funcionales extrañas a la buena administración de justicia”.

Calcaterra, empresario de la construcción y primo del expresidente Mauricio Macri, consiguió que la Casación tomara un planteo suyo (que el tribunal oral había dicho que no debía siquiera ser analizado) y logró que dijera que los presuntos pagos por izquierda que se descubrió que Calcaterra hizo a funcionarios públicos no tenían que ser juzgados como sobornos, sino como “aportes de campaña” no declarados. La amenaza de pena pasa así de la prisión a la multa. Con dos problemas adicionales: Servini ya cerró los expedientes por las rendiciones de los gastos de las campañas de 2013 y 2015 (a las que dice haber aportado Calcaterra) sin encontrar rastros de las supuestas donaciones del empresario y, dado el tiempo transcurrido desde los desembolsos, el caso electoral contra el empresario, en principio, estaría prescripto y ya no podría investigarse.

Según los jueces del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), los camaristas de casación Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone se asignaron una jurisdicción que no tenían porque sólo la Corte Suprema podía resolver el conflicto de competencia que promovió la defensa del empresario para llevarse el caso a la justicia electoral. Integran el TOF 7 Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Castelli.

Méndez Signori y Canero afirmaron que la decisión que tomó la Casación “asignándose jurisdicción para resolver el conflicto” entre la justicia electoral y la penal, “adolece de la justificación legal correspondiente”.

Castelli fue incluso más duro que sus colegas: votó que se le pidiera a la Corte que se avocara al caso; es decir, que lo tomara de inmediato para revertir lo que hizo la Casación. Méndez Signori y Canero no accedieron a pedirle eso a la Corte porque si bien coincidieron en que la Casación se excedió en sus atribuciones, entendieron que el fallo que sacó a Calcaterra del caso cuadernos por ahora no está firme y que hay que esperar a que se tramiten los recursos contra esa decisión.

Este miércoles, el fiscal Raúl Pleé pidió la nulidad del fallo de Barroetaveña, Mahiques y Petrone. Y tanto él como la Unidad de Información Financiera (UIF), que es querellante en la causa, pueden ahora presentar un recurso extraordinario para llegar por esa vía a la Corte Suprema para que deje sin efecto el pase del caso Calcaterra a la justicia electoral.

Cómo sigue

Lo primero que tiene que resolver la Casación es el planteo de nulidad de Pleé, que advirtió que la decisión que favoreció a Calcaterra debe ser dejada sin efecto porque no se le dio la debida intervención, antes de resolver, a la UIF, que es querellante en la causa. La propia UIF se sumó en las últimas horas al pedido de nulidad del fiscal con una presentación propia.

El trámite para resolver el planteo de Pleé ya está en curso: las partes fueron notificadas para que opinen sobre el pedido de nulidad. El plazo para que se pronuncien vence la semana próxima. Después, el mismo tribunal que dictó el fallo cuestionado tiene que resolver si lo anula o no. Su conformación ya no es la misma. Mahiques fue reemplazado por Alejandro Slokar en el lugar vacante de la sala. Siguen Barroetaveña y Petrone. Habrá que ver si se excusan (y en ese caso, si les aceptan la excusación). Fuentes judiciales advirtieron a LA NACION que si Barroetaveña y Petrone hacen lugar al planteo de nulidad, ya no podrán volver a decidir –ni ellos ni Mahiques– y deberán sortearse otros camaristas para que resuelvan el destino del caso contra Calcaterra: si pasa o no a la justicia electoral.

Además, queda todavía la posibilidad de que la fiscalía y la UIF recurran a la Corte. Tanto si les rechazan sus planteos de nulidad como si finalmente la Casación confirma el cambio de fuero del caso.

La nota de Castelli

Si bien Castelli quedó en minoría en el fallo del TOF con su pedido de avocación a la Corte, este juez le envió anoche una nota al máximo tribunal “con el objeto de remitirle copia de lo resuelto en el día de la fecha por el Tribunal [el TOF que Castelli integra], a los fines de su conocimiento y eventuales efectos, en función de las explicaciones dadas en el anteúltimo párrafo del voto del suscripto, en minoría”.

En ese párrafo, Castelli sostuvo que “las particularidades del caso no se ciñen a comunes situaciones judiciales sino a interferencias funcionales extrañas a la buena administración de justicia”. Dijo que esas particularidades “han sido motivo de expreso tratamiento” en el fallo en el que quedó en minoría, pero que él entiende que “deben ser informadas inmediatamente y aun como minoría a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su carácter de órgano supremo y cabeza del Poder Judicial, a los fines de su conocimiento y eventuales efectos, habida cuenta que se encuentra en juego la responsabilidad internacional del Estado argentino”.

El origen del conflicto

El fallo cuestionado lo firmó la Casación el miércoles de la semana pasada. Hizo lugar a un planteo de Calcaterra para que la investigación de los pagos que él mismo admitió en la Justicia fueran investigados por la jueza electoral María Servini. Ella coincidió con el planteo de la defensa y reclamó quedarse con el caso. En el mismo sentido se pronunció el fiscal federal Ramiro González, que subroga la fiscalía electoral. González fue denunciado por ese dictamen ante la Procuración por la fiscal del caso cuadernos, Fabiana León, que, como el fiscal ante la Casación Pleé, dijeron que no correspondía sacar a Calcaterra del juicio oral por el caso de los cuadernos. Un juicio que León reclama que se haga cuanto antes. El caso fue elevado al tribunal hace más de cuatro años y todavía no tiene fijada una fecha para el inicio del juicio.

Un argumento central para disponer el cambio de fuero fue que los pagos bajo investigación se hicieron en épocas electorales (en 2013 y 2015). Calcaterra dijo haber sido fuertemente presionado por Roberto Baratta, que era funcionario del Ministerio de Planificación Federal, para que aportara dinero para las campañas.

Los pagos fueron realizados, según las pruebas reunidas en la causa, en el garaje del Hotel Hilton, en Macacha Güemes 307 de la ciudad de Buenos Aires, el 1° de octubre de 2013, el 30 de junio de 2015, el 13 de julio de 2015 y el 4 de agosto de 2015. Y en Manuela Sáenz 323, el 11, 17, 18 y 25 de septiembre de 2013, el 16 de julio 2013, el 1° de agosto de 2013, el 22 de octubre de 2013, el 28 de mayo de 2015, el 18 de agosto de 2015, el 14 de septiembre de 2015 y el 21 de octubre de 2015. Según la defensa, los pagos de 2013 se vincularon con las PASO del 1° de agosto de 2013 y con las generales legislativas del 27 de octubre de ese años. En cuanto a las de 2015, el argumento es que estuvieron relacionadas con las primarias del 9 de agosto y las generales presidenciales del 25 de octubre.

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