Caso Ciccone: la investigación de las coimas de Formosa, a punto de quedar en la nada

Amado Boudou recuperó su libertad condicional y tiene argumentos para ilusionarse con dejar atrás el caso Ciccone y sus ramificaciones explosivas. Entre ellas, la coima que pagó el gobierno de la provincia de Formosa y que cobró el fondo controlante de la imprenta, The Old Fund, para después disponer un “retorno del retorno” que embolsó un estrechísimo colaborador del gobernador Gildo Insfrán.

Boudou tiene motivos para ilusionarse con que todo eso quede atrás, porque nueve meses después de que la Cámara Federal porteña envió esa investigación a Formosa, nadie quiere escuchar allí a Alejandro Vandenbroele. Ni los jueces, ni los fiscales, ni mucho menos las defensas pidieron la citación de uno de los protagonistas del caso Ciccone que se convirtió en arrepentido. En parte, porque todavía no se dirimió si el expediente continuará en el fuero federal o volverá al provincial, donde ya una vez se archivó todo sin investigar, según reconstruyó LA NACION durante las últimas semanas.

El expediente, que en los tribunales formoseños definen como “una brasa caliente”, se centra en los $7,8 millones –unos dos millones de dólares al cambio entonces vigente- que el gobierno de Gildo Insfrán le pagó a la firma The Old Fund en mayo de 2010 por su supuesto asesoramiento para el canje de la deuda que Formosa arrastraba con el Estado nacional.

Según reveló LA NACION a partir de agosto de 2012, The Old Fund jamás asesoró al gobierno formoseño. Pero emitió su factura 003, manuscrita y tras anular las dos primeras. Se trató, en realidad, de un contrato ficticio para que Boudou, por entonces ministro de Economía cobrara una comisión a cambio de darle luz verde a esa reestructuración financiera.

El pago del “retorno”, sin embargo, incluyó una vuelta de rosca. Porque el 30% del dinero que el Fondo Financiero Provincial (FonFiPro) le giró a The Old Fund terminó días después en las arcas de Estrategias de Imagen y Comunicación SA, la firma que controlaba Martín Cortés, un conocido operador de Insfrán que con el paso de los años mutó en accionista, director y presidente del Banco de Formosa. Eso sería, al decir de los investigadores, un “retorno del retorno”.

La pesquisa judicial, sin embargo, jamás terminó de despegar. A fines de 2012, la Justicia formoseña archivó el expediente sin disponer medidas de prueba relevantes ni indagación material alguna. Solo se basó en la versión de los hechos que le proveyó el gobierno de Insfrán.

El juez Héctor Suhr dispuso entonces el archivo del expediente que estaba destinado a investigar los posibles delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública. Consideró que no se había corroborado “un móvil distinto al que debe sustentar los actos realizados, tutelando la hacienda pública y el prestigio de la Administración”. Ahora goza de su jubilación como magistrado.

La fiscal provincial, en tanto, fue Marisa Vázquez, quien concluyó que no le correspondía dictaminar, pero a continuación, y en ese mismo escrito, dictaminó la “inexistencia [sic] de elementos” incriminatorios y sostuvo que The Old Fund había “realizado y luego cumplido los objetivos” de asesoramiento trazados. Dos años después, el gobierno de Insfrán dio su bendición para que el Congreso nacional la designara al frente de una de las dos decisivas fiscalías federales en la capital provincial.

Resurgir aparente

La pesquisa, sin embargo, pareció revivir cuando la justicia federal con asiento en los tribunales porteños de Comodoro Py ahondó en lo ocurrido. Hasta el punto de que, con las mismas evidencias que Suhr y Vázquez descartaron toda irregularidad, concluyó lo contrario. Esa sospecha se confirmó cuando Vandenbroele se acogió al régimen del arrepentido, en noviembre de 2017, y confesó las coimas.

Vandenbroele relató en los tribunales de Comodoro Py: “La operación estaba avanzada; la llevaban adelante el gobernador Infrán y el ministro de economía Amado Boudou. Solo había que simular un asesoramiento con la provincia para cobrar una comisión”.

En 2020, no obstante, la pesquisa registró otro traspié. El juez federal a cargo del caso Ciccone en Buenos Aires, Ariel Lijo, consideró que Boudou, su socio José María Núñez Carmona y Vandenbroele, debían continuar bajo investigación en Buenos Aires. Pero que los demás acusados -es decir, Insfrán y otros funcionarios provinciales- debían ser investigados en Formosa por el fuero provincial.

Apelada la resolución, la Cámara Federal tomó otra decisión a mediados de octubre pasado. Ordenó enviar todo el expediente a la justicia federal de Formosa. Y allí se encuentra ahora, aunque el fiscal federal Luis Benítez evalúa por estas horas declararse incompetente y remitir la causa a la justicia provincial. Es decir, devolverla al punto de inicio.

Para eso, sin embargo, y transcurridos nueve meses desde que la Cámara Federal porteña emitió su resolución, en el expediente todavía falta que los acusados terminen de designar a sus abogados defensores ante el fuero federal con asiento en la capital formoseña, mientras que el fiscal Benítez pidió todos los expedientes administrativos provinciales vinculados a The Old Fund para analizarlos. Solo entonces, definiría si lo remite a la justicia provincial.

En los tribunales ordinarios tampoco tienen apuro, ni interés, por recibir el expediente, según reconstruyó LA NACION. Muchísimo menos por recibir a Vandenbroele para que confiese lo que sabe. Once años y un mes después del pago de los sobornos a la firma detrás de la ex Ciccone Calcográfica, todavía definen la causa como “una brasa caliente”.

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