Caso Ciccone: Boudou sería condenado esta semana y le podrían dar hasta seis años de prisión

El exvicepresidente Amado Boudou podría convertirse esta semana en el más alto funcionario del kirchnerismo condenado por corrupción. El jueves se dictará sentencia en la causa en que está acusado de quedarse con el 70 por ciento de las acciones de la imprenta Ciccone , que imprime papel moneda, a cambio de solucionarle sus problemas fiscales. Podría ser condenado a una pena máxima de 6 años de prisión. Además, el Gobierno pretende que quede preso en los mismos estrados de tribunales, apenas se lea el veredicto.

Los jueces Pablo Bertuzzi, Gabriela López Iñiguez y Néstor Costabel aún no decidieron el veredicto ni tampoco qué criterio adoptarán si lo condenan. La jurisprudencia habitual es que nadie vaya preso hasta que el fallo quede firme, es decir hasta que lo confirme la Cámara de Casación. Pero si los jueces entienden que hay riesgo de fuga u otros peligros procesales podrían encarcelar a Boudou. Hay antecedentes de este tribunal. Estos jueces ya tomaron la decisión de encarcelar a los acusados al dictar sentencia en otros casos de narcotráfico y de delitos de lesa humanidad.

El Gobierno quiere que Boudou quede detenido en el acto. "Siempre impulsé en los proyectos que presento el Ministerio de Justicia al Congreso sobre reformas procesales que en caso de ser una persona condenada a cumplir una pena debe ser detenido al momento de la sentencia. En ese momento se termina el principio de inocencia que establece la Constitución, y en todo caso comienza otro principio que es el de la revisión de esa condena por otro tribunal", dijo a LA NACION el ministro de Justicia German Garavano. La Unidad de Información Financiera, que depende del Poder Ejecutivo hizo esta solicitud al alegar en las últimas semanas. "Esperamos el máximo rigor del tribunal en un caso de corrupción. Si lo condenan, entendemos que se dan ciertos presupuestos para detenerlo", dijo una fuente de la UIF.

Un tema es sugestivo para los abogados defensores: Pablo Bertuzzi, presidente del tribunal, se postuló para que lo trasladen como integrante de la Cámara Federal, un tribunal clave que tiene la llave para que los casos avancen o se desguacen. Los jueces de la Cámara Federal Martín Irurzun y Mariano Llorens, se opusieron esta semana, pero el tercero, Leopoldo Bruglia, lo aceptó. Para que el Consejo de la Magistratura lo traslade a la Cámara Federal se necesita el voto del oficialismo, que quiere a Boudou preso.

Bertuzzi, un funcionario judicial de muchos años de carrera, rechazó cualquier suspicacia. "Nunca se metió en cuestiones políticas ni antes ni ahora", les dijo a sus colaboradores cuando se enteró del rumor.

Los acusados por Ciccone son Boudou, su socio y amigo José María Núñez Carmona ; Alejandro Vandenbroele , amigo de Núñez Carmona y junto con él, considerado testaferros de Boudou para quedarse con la imprenta; Rafael Resnick Brenner, exjefe de asesores de la AFIP, Nicolás Ciccone, exdueño de la empresa y Guido Forcieri, asesor de Boudou.

Están acusados de dos delitos, que abarcan la misma conducta: quedarse con Ciccone. Los delitos son negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho, es decir que Boudou se interesó para que se levantara la quiebra de la imprenta y que se quedó con el 70 % de sus acciones, como coima, por lograr salvarla.

La fiscalía pidió penas de 5 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y una multa de $90.000 pesos para Boudou. Además solicitó 5 años de prisión para Núñez Carmona; 4 años para Ciccone; 3 años y seis meses para Resnick Brenner; 3 años para Alejandro Vandenbroele; y 2 años y 6 meses para Guido Forcieri. Las querellas pidieron penas un poco más altas.

Los abogados dan por sentado que los principales acusados serán condenados y que Forcieri podría recibir una pena menor en suspenso.

Vandenbroele, que confesó en el juicio y declaró como arrepentido ante el juez Ariel Lijo, afirmó que los financistas de Ciccone eran el banquero Jorge Brito y Raúl Moneta y que Boudou estaba detrás de la maniobra. La confesión de Ciccone le valdrá, según todos especulan, que no vaya preso y una sentencia leve.

Diferente es el caso de los otros acusados: Boudou, que no tiene condenas anteriores, podría recibir unos 5 años; Núñez Carmona, 4 años porque no era funcionario; Resnick Brenner unos 3 años en suspenso y Ciccone, que por su edad podría cumplir su pena en su domicilio, unos 4 años.

Pero hay que esperar para ver qué criterio adopta el tribunal: si considera probados los dos delitos, esta puede ser la pena, pero si entiende que Boudou no cometió cohecho porque los dueños de la imprenta eran Brito y Moneta, podrían reducirle la pena y liberar de responsabilidad a Ciccone.

En lo que coinciden todos es que este juicio debería haberse realizado con Ricardo Echegaray como acusado, pues aún está bajo investigación, indagado por el juez Ariel Lijo que no decidió si es responsable o no de beneficiar a Ciccone a pedido de Boudou.

La fiscalía a cargo de Marcelo Colombo está convencida de que en el juicio se probaron muchas más cosas que en la instrucción, que se reunieron más evidencias que van a determinar las condenas.

La defensa de Boudou, a cargo de Alejandro Rúa, ya dijo en el alegato que cree que en el juicio no se probaron ninguna de las dos acusaciones. Dice que no se probó que Vandenbroele fuera testaferro de Boudou y que, a lo sumo, en el peor de los casos, lo que la acusación podría haber probado es que Núñez Carmona le decía a Vandenbroele que el negocio era de Boudou, pero esto no prueba que el exvicepresidente haya recibido nada. Rúa cree que el juicio se apuró y que debería haberse hecho con Echegaray, pues la decisión sobre la quiebra de Ciccone fue de la AFIP, no de Boudou.

La estrategia de la defensa es que haya una condena lo más baja posible y con los mayores elementos para apelar ante Casación, de modo que se demore en el tiempo el cumplimiento efectivo de la pena.

El abogado de Núñez Carmona, Matías Molinero, avisó antes de empezar el juicio que su cliente ya está condenado, al menos públicamente. Nadie quiere ser el pato de la boda. De todos modos, las defensas creen que, si prospera la idea de creerle a Vandenbroele en el sentido de que Brito o Moneta eran los financistas de la imprenta, tiene que caer la acusación de cohecho y con solo un delito en pie, debería ser menor la pena.

Resnick Brenner, defendido por Gabriel Iezzi, cree que tendrá una pena mínima en suspenso. Confía en su argumento de que no elaboró un dictamen sino un informe aconsejando la preservación de la fuente de trabajo. Si fuera por su defensa, el juicio debería haberse suspendido hasta que Echegaray, que era su superior, sea juzgado con el resto.

En el rincón de Forcieri -acusado de intermediar en el negocio en nombre del exvicepresidente- festejan por anticipado, ya que dicen que ni el fiscal dio por probada la reunión en la que supuestamente actuó como enviado de Boudou para verse con Resnick Brener en el Ministerio de Economía. El celular de Forcieri estaba en Corea ese día. Su abogado es Pablo Slonimsky.

El juicio se reanudará el martes a las 9.30 cuando todos los acusados dirán sus últimas palabras antes del veredicto, excepto Vandenbroele que lo hará el jueves a las 9.30. A las 12 .30 se leerá el veredicto y se sellará la suerte de Boudou, el más encumbrado funcionario kirchnerista en un juicio por corrupción.

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