Caso “Chocolate”: los Albini vuelven a la carga y piden ampliar sus indagatorias

Dos meses después, dos de los tres detenidos en el “caso Chocolate” pidieron, otra vez, ampliar sus declaraciones indagatorias. Pero a diferencia de la petición que presentaron en abril, cuando Claudio y Facundo Albini reclamaron que fueran audiencias presenciales y con la participación del juez de Garantías, Guillermo Federico Atencio, ahora enfatizaron que sea de manera virtual.

La petición del otrora poderoso subdirector de Personal de la Legislatura, Claudio Albini, y de su hijo Facundo, concejal platense y apoderado provincial del Frente Renovador de Sergio Massa, causó sorpresa en los tribunales e impulsó una ola de rumores y versiones en el peronismo provincial.

Con la firma de sus tres abogados –Maximiliano Rusconi, Gabriel Palmeiro y Martín Villar, los Albini afirmaron que resulta “necesario y pertinente” ampliar sus indagatorias ante lo que calificaron, entre comillas, como supuestas “imputaciones concretas” de la fiscal a cargo de la investigación, Betina Lacki.

Sin embargo, y a diferencia del fallido pedido para ampliar sus indagatorias que habían presentado en abril y del que luego se desdijeron, esta vez los Albini no acusaron a la fiscal Lacki por una supuesta falta de objetividad o de vulnerar el “debido proceso legal” y sus derechos de defensa, lo que llevó a que tanto la propia fiscal como el juez Atencio tomaran aquel escrito como un intento por recusarla.

Esta vez, los Albini se limitaron a sostener que deseaban ampliar sus declaraciones indagatorias como parte de su “derecho de defensa material”, sin adelantar en el escrito los ejes que pretenden ahondar, y limitándose a remarcar que las audiencias requeridas podrían desarrollarse “por medios telemáticos”.

“Como resulta de conocimiento de la señora Fiscal”, plantearon los abogados de los Albini, “nuestros asistidos se encuentran ‘preventivamente’ detenidos en la Alcaidia Departamental La Plata, Roberto Pettinato, sita en las afueras de esta ciudad y, por tanto, la realización ‘presencial’ de estas audiencias implicaría un traslado innecesario que, como todo traslado, impone diligencias que perturban bastante la relativa ‘calma’ que puede tenerse en el encierro penitenciario; además de que implican un estipendio innecesario en cuanto a gastos, personal y móvil a comisionar, entre otras cuestiones”.

El pedido de audiencias virtuales significó un contraste notable con la petición anterior, de mediados de abril, cuando además de criticar a la fiscal Lacki, los Albini pidieron declarar de manera presencial. Afirmaron entonces que así lo ameritaban sus “circunstancias personales, la naturaleza de esta causa y, también, el estado de salud” que afirmaron que los aquejaba, tras “tanto tiempo de detención”.

En ese sentido, tanto el subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense como su hijo llevan siete meses detenidos en las afueras de La Plata, en tanto que Julio “Chocolate” Rigau permanece en una celda desde el 15 de octubre, tras su primera detención, ocurrida el 9 de septiembre, y un intervalo de tres semanas en libertad.

Al pedir ahora otra oportunidad para ampliar sus indagatorias, los Albini buscan exponer argumentos que aligeren su situación procesal y, en lo posible, que puedan llevar a sus excarcelaciones, aun cuando la Cámara de Apelaciones confirmó las prisiones preventivas de ambos, que podría extenderse hasta la sustanciación del juicio oral, acusados de integrar una asociación ilícita que habría defraudado al Estado bonaerense por al menos $800 millones.

El nuevo planteo de los Albini -que además afrontan una inhibición general de sus patrimonios tras un fallido intento por insolventarse- llegó de la mano de Rusconi al frente de la defensa. De alto perfil, Rusconi acumuló varias defensas sensibles durante la última década. Desde Carlos Menem al acusado en el “caso Nisman”, Diego Lagomarsino, recurrieron a sus servicios, al igual que el exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y el presunto testaferro de la familia Kirchner, Lázaro Báez, como también el empresario Nicolás Ciccone y el banquero Raúl Moneta, entre otros.

Las detenciones de “Chocolate” Rigau y, casi tres meses después, de los Albini sacaron a la luz prácticas delictivas comunes a varios espacios políticos. Con el paso de las semanas quedaron bajo la lupa Hugo Muguerza y su pareja Josefina Ortellado, quienes también operaban como “chocolates” para el Pro y el radicalismo, como también el peronista Hugo Alberto Sini.

Para el juez Atencio, sin embargo, Rigau y Albini son apenas los eslabones iniciales de una cadena delictiva. “No me resulta razonable presumir”, planteó Atencio en diciembre pasado, que la jefatura de la banda “pudiera reducirse a un empleado de categoría inferior, a un subdirector de un área ajena al manejo de las contrataciones”, explicó en alusión a Claudio Albini. Para el magistrado, “nada de lo perpetrado pudo escapar del conocimiento y control de aquellos a quienes se les otorgan los módulos que posibilitan las contrataciones de quienes sin prestar servicio alguno se les concedía los derechos a la cobertura médica y al beneficio jubilatorio a cambio de la millonaria recaudación de lo que lamentablemente se naturaliza como la ‘plata de la política’”.

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