Caso “Chocolate”: dividen la pesquisa central en tres causas penales que se investigarán por separado
La fiscal Lacki retendrá la pesquisa sobre la Legislatura bonaerense; otros dos fiscales se quedarán con los tramos sobre el desvío de fondos del Senado provincial y la municipalidad de La Plata
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LA NACIONHugo Alconada Mon
La fiscal Betina Lacki dividió el “caso Chocolate” en tres. Decidió quedarse con el tramo central, que aborda el presunto desvío de cientos de millones de pesos de la Legislatura bonaerense, y envió a dos colegas sendos tramos específicos: el que se centra en el Senado provincial y el que apunta a la malversación de caudales públicos en la Municipalidad de La Plata, confirmaron fuentes tribunalicias a LA NACION.
Lacki resolvió desdoblar la investigación, que comenzó con la detención del puntero peronista Julio “Chocolate” Rigau con 48 tarjetas de débito de presuntos empleados legislativos, tras concluir que las pruebas acumuladas reflejarían tres operatorias criminales distintas que deben investigarse por separado para reducir demoras y evitar planteos de nulidad.
De este modo, el fiscal Juan Ignacio Menucci quedó a cargo de investigar al puntero radical que trabaja ahora para el PRO, Hugo Muguerza, y a su pareja María Josefina Ortellado, sospechados de incurrir en las mismas prácticas delictivas que Rigau, pero con tarjetas de supuestos empleados del Senado bonaerense, según quedó reflejado en las grabaciones de las cámaras de seguridad y los registros de los cajeros automáticos del Banco Provincia.
El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta asumió, en tanto, el tramo de la investigación que aborda las operaciones que el propio “Chocolate” Rigau habría desarrollado en connivencia con el concejal del Frente Renovador, Facundo Albini, para malversar fondos públicos de la Municipalidad de La Plata, también a través de la designación de “ñoquis”.
Por su parte, la fiscal Lacki continúa con la ronda de declaraciones indagatorias a las que convocó a los 48 titulares de las tarjetas de débito que “Chocolate” Rigau tenía en sus manos cuando fue detenido en una sucursal del Banco Provincia en pleno centro de la ciudad de La Plata. Hasta ahora, sin embargo, todos los supuestos empleados de la Legislatura que ya se presentaron en los tribunales, se negaron a declarar.
Con “Chocolate” Rigau, Facundo Albini y su padre, el subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense Claudio Albini, detenidos en la Alcaldía “Roberto Pettinato” de las afueras de La Plata, la fiscal Lacki apunta a cerrar durante las próximas semanas el tramo de la investigación que los involucra y enviarlos a juicio oral, junto a los 48 presuntos “ñoquis”, mientras intenta avanzar sobre los escalones superiores de responsabilidad.
En ese sentido, la Fiscalía ya recibió un informe de la Unidad de Análisis Financiero de la División Lavado de Activos de la Policía Federal que detectó que “Chocolate” Rigau comenzó a extraer dinero en cajeros automáticos de tarjetas de débito emitidas a nombre de supuestos empleados de la Legislatura bonaerense en 2012, y que a lo largo de los siguientes 11 años la extracción total superó los $464 millones.
Los agentes de la Federal detectaron, por ejemplo, comprobantes casi correlativos de extracción de fondos con tarjetas a nombre de “Chocolate” Rigau y distintos titulares de las 48 tarjetas de débito que el propio Rigau tenía en sus manos cuando lo detuvieron, como si ya desde 2012 hubiera coincidido con esos “ñoquis” en los cajeros, una y otra vez.
El monto estimado de $464 millones, sin embargo, resulta incompleto. No incluye otros perjuicios a las arcas públicas bonaerenses causado por Rigau, los Albini, los 48 “ñoquis” y los eslabones superiores de responsabilidad, tanto presente como futuro, ya que el cálculo no incluye los aportes a la obra social IOMA por esos “ñoquis”, ni las contribuciones patronales al Instituto de Previsión Social (IPS).
Ante la falta de respuesta de IOMA y del IPS a sus requisitorias, la fiscal Lacki evalúa por estas horas solicitarle al juez de Garantías, Guillermo Federico Atencio, que emita una orden de presentación contra esos organismos, como paso previo a disponer, si continúa la reticencia, su eventual allanamiento.
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