Caso Chocolate: dictan la prisión preventiva de los Albini y ordenan buscar entre las autoridades de la Legislatura al jefe de la asociación ilícita

LA PLATA.-El juez de Garantías, Guillermo Federico Atencio, ordenó hoy la prisión preventiva de Claudio y Facundo Albini, acusados de integrar una presunta asociación ilícita que habría esquilmado durante años las arcas públicas a través de “ñoquis” y prestanombres en la Legislatura bonaerense, pero discrepó con la Fiscalía en un punto clave. Para el magistrado, ellos no serían los jefes de esa supuesta banda criminal. Para Atencio, hay alguien más, por encima de ellos, que era el verdadero jefe y que continúa oculto.

“No me resulta razonable presumir”, planteó Atencio, que la jefatura de la banda “pudiera reducirse a un empleado de categoría inferior, a un subdirector de un área ajena al manejo de las contrataciones”, explicó en alusión a Claudio Albini, subdirector de Personal de la Legislatura. Para el magistrado, “nada de lo perpetrado pudo escapar del conocimiento y control de aquellos a quienes se les otorgan los módulos que posibilitan las contrataciones de quienes sin prestar servicio alguno se les concedía los derechos a la cobertura médica y al beneficio jubilatorio a cambio de la millonaria recaudación de lo que lamentablemente se naturaliza como la ‘plata de la política’”.

La resolución de Atencio conllevará tres efectos inmediatos. La primera, que tanto Claudio Albini como su hijo, el concejal platense Facundo Albini (Unión por la Patria) permanecerán alojados en la Alcaldía Departamental Roberto Pettinato, en las afueras de esta ciudad, a la que fueron trasladados el 22 de noviembre pasado. La segunda, que los abogados defensores de ambos recurrirán a la Cámara de Apelaciones, donde buscarán que se elimine la acusación más grave de asociación ilícita por la menos gravosa de estafa. La tercera, que la fiscal Betina Lacki deberá avanzar ahora sobre los escalones superiores de responsabilidad criminal dentro la Legislatura bonaerense. Sea entre quienes fueron las autoridades de la Cámara de Diputados provincial durante los últimos años o entre los jefes de los bloques que callan desde que estalló el escándalo en septiembre.

Atencio basó su resolución en una larga lista de pruebas recolectadas por la fiscal Lacki durante su investigación, como el análisis del contenido del teléfono celular de Julio “Chocolate” Rigau, el informe de Migraciones sobre Claudio Albini o el detalle del Banco Provincia sobre los movimientos de las tarjetas de débito que le permitieron cifrar en al menos $800 millones el eventual perjuicio al Estado bonaerense.

La defensa de los Albini confía, sin embargo, en que la Cámara de Apelaciones cambie la calificación penal que pesa contra ambos. Para eso evalúa presentar un recurso durante los primeros días de enero y forzar una decisión durante la feria de verano que beneficie a quienes fueron dos de los principales referentes del Frente Renovador de Sergio Massa en La Plata durante los últimos años.

La fiscal Lacki afronta, por el contrario, dificultades para avanzar en la pesquisa por la renuencia que muestra la Cámara de Diputados para responder sus pedidos de informes, como expuso en el dictamen de 365 páginas que presentó la semana pasada para solicitar la prisión preventiva de los Albini.

“Al momento de la presentación del pedido”, remarcó Lacki, “resta obtener la respuesta por parte de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, en relación a los oficios oportunamente librados a ese organismo, tendientes a obtener información de interés para la presente investigación”.

En ese sentido, tanto las autoridades de la Legislatura bonaerense, como también los jefes de los principales bloques políticos optaron por el silencio y los movimientos por debajo de la escena pública durante los últimos meses. Ni Unión por la Patria, ni Juntos por el Cambio, ni La Libertad Avanza requirieron informes sobre los resultados del supuesto sumario administrativo que se abrió tras la detención de “Chocolate” Rigau para determinar responsabilidades. Tampoco impulsaron medidas de transparencia interna, ni requirieron precisiones en el recinto sobre lo ocurrido.

Ahora, sin embargo, la resolución del juez Atencio centró el foco sobre quien presidió la Cámara hasta el 10 de diciembre, Federico Otermin (alfil de Martín Insaurralde), y los entonces vicepresidentes Adrián Urreli (Juntos por el Cambio), Carlos “Cuto” Moreno (kirchnerista), Rubén “Turco” Eslaiman (massista) y Fabián Perechodnik (Juntos por el Cambio), al igual que en los jefes de los bloques Frente de Todos, César Valicenti, y radical, Maximiliano Abad.

Sólo Eslaiman accedió a dialogar con LA NACION, el 23 de noviembre pasado, cuando competía por suceder a Otermin al frente de la Legislatura, pero veía escabullir sus oportunidades por el escándalo. “Esto es una operación para sacarme de la cancha”, afirmó. “Es una operación para que yo no llegue a ser el nuevo Presidente de la Cámara de Diputados”, insistió, aunque juró repetidas veces que ignoraba quién podría estar detrás de esa supuesta operación, y se apegó a su jefe, Sergio Massa, quien cuatro días antes había perdido el balotaje por la Casa Rosada frente a Javier Milei.

“Yo no sé nada sobre manejos de dinero”, remarcó Eslaiman, a pesar de que múltiples diputados, funcionarios de carrera y empleados de la Legislatura lo señalan, bajo reserva de sus nombres, como un eslabón clave en el desvío de fondos públicos. “No tengo idea sobre todo eso”, dijo, “me pasé los últimos tres meses, de sol a sol, abocado a la campaña presidencial, al lado de Malena [Galmarini], trabajando para Sergio, y sólo me enteré de lo que estaba pasando cuando me avisaron que querían pegotearme con todo esto y lo hablé con Sergio, que me dijo que no me preocupara, que ese no era asunto mío”.

La fiscal Lacki buscará, además, avanzar sobre los otros “chocolates” que detectó durante su investigación. Ya acumuló evidencias de que Rigau no fue el único que fatigó los cajeros automáticos de esta capital para extraer dinero de decenas de tarjetas de débito. Detalló que se cruzó y saludó con una mujer que gestionaba 17 tarjetas y con un hombre que tenía 16 durante las madrugadas del 11, 17 y 18 de agosto, como también del 5 de septiembre.

Apoyada en videos de las cámaras de seguridad del Banco Provincia que muestran a esa mujer y a ese hombre de espaldas, Lacki consideró probada “la existencia de una operatoria que incluye más miembros, aunque hasta el momento no se encuentren identificadas, pero que sin lugar a dudas permite sostener, como ya lo hiciera Vuestra Señoría [por el juez Atencio] que ‘con el devenir de la pesquisa, se llegará a detectar un acto de corrupción de inmensurable trascendencia’”.

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