Caso Chocolate: después de tres meses de dilaciones, la Justicia solicitó el desafuero de una senadora bonaerense por sospechas de corrupción
La Justicia ordenó librar un oficio a La Plata para que le retiren los fueros a la senadora Flavia Delmonte (UCR) y así indagarla por el presunto desvío de fondos públicos a sus bolsillos
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LA NACIONHugo Alconada Mon
Tres meses y cuatro días después de haberse ordenado el pedido de desafuero de una senadora bonaerense acusada de liderar un entramado de corrupción, “ñoquis” y “chocolates”, la Justicia de Dolores al fin avanzó. A regañadientes, libró el oficio hacia la Legislatura bonaerense, tras cosechar objeciones de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y un fallo de la Cámara de Apelaciones.
El juez de Garantías de Dolores, Diego Olivera Zapiola, dio luz verde al libramiento del oficio con destino al Senado bonaerense horas después de que LA NACION revelara las demoras registradas en el expediente, en el que concedió una apelación a la defensa de la senadora bonaerense Flavia Delmonte (UCR), que la Cámara de Apelaciones declaró mal concedida.
Las dilaciones no concluyeron allí, sin embargo, porque el juez Olivera Zapiola decidió esperar a que la defensa presentara un recurso ante el Tribunal de Casación provincial, pese a que el Código Procesal Penal bonaerense tampoco habilitaba ese recurso y a pesar de las objeciones, otra vez, del fiscal instructor, Mario Rafael Pérez.
La senadora Delmonte, sin embargo, cambió de abogados y la nueva defensa decidió no recurrir ante la Casación bonaerense, sin que el juez Olivera Zapiola tampoco librara a continuación –u ordenara librar- el pedido de desafuero.
En la práctica, el juez Olivera Zapiola sólo debía impulsar el oficio de desafuero que ya había ordenado su colega de Villa Gesell, David Leopoldo Mancinelli, mientras lo subrogó como magistrado contralor de la investigación que comenzó en 2021 y que se centra en los presuntos delitos que habría cometido la senadora Delmonte y dos de sus máximos colaboradores, Kevin Alan Razimoff y Javier Torrijos Fuertes.
Horas después de que LA NACION abordara las demoras registradas en el expediente, sin embargo, el pedido de desafuero se destrabó. Tras verificar que estaba firme la decisión de la Cámara de Apelaciones que había rechazado por mal concedido el recurso de la senadora Delmonte, el secretario del Juzgado, Francisco Acebal, “procedió a confeccionar el oficio con el objeto de notificar la medida” ordenada el 20 de febrero pasado.
“Es todo cuanto tengo que informar”, le reportó Acebal a su superior, Olivera Zapiola, desde Mar del Tuyú, tras consignar que el pedido de desafuero lo había ordenado 94 días antes el juez de Villa Gesell que lo había subrogado, Mancinelli. Y el propio Acebal firmó el oficio dirigido al Senado provincial en La Plata, lo que podría abrir la puerta a planteos formales del Senado bonaerense.
Ese no sería, sin embargo, el único posible frente de tormenta. La denunciante del caso y exempleada de la senadora Delmonte, Tamara Yanina Arce, presentó un escrito en el expediente para anunciar que cambiaba de letrado y criticar al fiscal Pérez por no tomarla como víctima, sino como posible cómplice en la trama delictiva. Y adelantó que podría impulsar varios pedidos de nulidad.
A cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Pérez busca indagar a Delmonte como presunta autora del delito de defraudación contra la administración pública. Apoyado en las evidencias que recolectó, concluyó que la senadora habría montado una red de prestanombres y “ñoquis” a los que designó como empleados y debían entregarle parte o todos sus salarios a cambio de acceder a obra social y aportes jubilatorios.
Una vez recibido el oficio judicial, el Senado deberá evaluar los pasos a seguir, ya sea para rechazar el pedido, dormirlo –Delmonte tiene mandato hasta fines del año próximo- o impulsarlo y votar su desafuero, en cuyo caso la senadora podría seguir los pasos del también senador radical Antonio Armando Nieto. La Justicia lo condenó a cuatro años y tres meses de prisión por quedarse con los salarios de al menos 39 ñoquis.
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