Caso Chocolate: calculan que la banda criminal defraudó en casi $400 millones al Estado bonaerense en menos de dos años
Un informe de la División Antilavado de la Policía Federal aportó indicios que complican a los “ñoquis” de la Legislatura provincial y demostrarían que la operatoria comenzó en 2012
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LA NACIONHugo Alconada Mon
LA PLATA.-Julio “Chocolate” Rigau y su entramado de tarjetas de débito de “ñoquis” y prestanombres de la Legislatura bonaerense le causaron un perjuicio neto a la provincia de Buenos Aires durante apenas dos años por al menos $395,4 millones, sujetos a actualización por inflación, según surge de un informe elaborado por la División Lavado de Activos de la Policía Federal, y cuya copia obtuvo LA NACION.
El informe alerta, sin embargo, que el perjuicio para las arcas públicas sería muchísimo más elevado, según anticiparon los expertos de la Policía Federal. Indicaron que a esa cifra preliminar sobre los años 2022 y 2023, que debe ajustarse por inflación, también hay que sumar el desvío de fondos que pudo ocurrir en años anteriores. Algunos de los presuntos empleados de la Legislatura bajo la lupa judicial figuran con cuentas salariales abiertas en el Banco Provincia desde tan atrás como 2012.
El informe lleva la firma del jefe de la División Lavado de Activos de la Policía Federal, comisario Javier Cardozo y alertó, también, que a ese desvío directo de dinero de las arcas públicas también debe computarse otros impactos causados al Estado provincial. Por ejemplo, a través de los servicios que esos “ñoquis” pudieron recibir de la obra social –IOMA-, además de los aportes jubilatorios que acumularon el Instituto de Previsión Social (IPS).
En ese sentido, los investigadores judiciales estiman que el desfalco vinculado a “Chocolate” Rigau y sus jefes, el subdirector de Personal de la Cámara de Diputados, Claudio Albini, y su hijo, el concejal platense Facundo Albini, podría ascender a los $800 millones, sólo desde enero de 2022 y septiembre de 2023, cuando arrestaron a Rigau en una sucursal bancaria. Hoy, más de seis meses después, los tres continúan detenidos, con prisión preventiva.
Los expertos en delitos económicos basaron sus conclusiones iniciales en la documentación que le aportó la fiscal a cargo de la investigación, Betina Lacki. Incluyó extractos bancarios del Banco Provincia sobre cada presunto empleado bajo la lupa de la Legislatura bonaerense, sus fichas de servicios y contratos de locación. También detalles de las tarjetas de débito secuestradas, reportes de Nosis y constancias de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
“Del relevamiento de las 48 cuentas bancarias vinculadas a las tarjetas de débito”, detallaron los expertos de la Policía Federal, “la particularidad encontrada es extracción de la totalidad de las acreditaciones procedentes de la [Legislatura], en montos que no superaban los $30.000, realizadas en los mismos cajeros automáticos, en varios días consecutivos y en horarios poco frecuentes, como desde la 5:00 a 07:00, y después de las 19:00″.
El informe aportó otro indicio que alimenta las sospechas sobre el rol de “ñoquis” de los 48 titulares de las tarjetas de débito que “Chocolate” Rigau tenía en sus manos cuando lo detuvieron en septiembre pasado. ¿Cuál? “Las cuentas prácticamente no tenían otros movimientos más allá de descuentos por ‘seguros de cajeros’ o ‘comisiones’, salvo algunos casos en particular con gastos de tarjetas o algún producto bancario”.
Del análisis de los movimientos bancarios surgió, además, que “Chocolate” Rigau no sólo accedió a los salarios de los 48 titulares de las tarjetas de débito mediante el uso intensivo de cajeros automáticos de esta capital, sino que recibió transferencias electrónicas desde las cuentas bancarias de algunos de esos presuntos empleados de la Legislatura bonaerense.
El informe oficial también aportó un indicio más que complica a la presunta asociación ilícita que integrarían los “ñoquis”, “Chocolate” Rigau y, por encima de ellos, Facundo Albini –también apoderado provincial del Frente Renovador de Sergio Massa-, y su padre, Claudio Albini, subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense.
“Se deja constancia”, consignaron los expertos de la Federal, “que los Legajos del Personal remitidos por la [Cámara de Diputados], solo poseen una ficha de datos personales, una foja de servicios y una DDJJ firmada por el empleado. No incluyó documentación respaldatoria como copia de títulos secundarios, terciarios y/o universitarios, como tampoco copia de certificados de salud y/o Reincidencia”, lo que refleja la deliberada laxitud con que el área de Personal operó para contratar empleados y, en los hechos, “ñoquis”.
En esa línea, tanto la fiscal Lacki como el juez de Garantías, Guillermo Federico Atencio, consideran que los ñoquis, “Chocolate” Rigau y los Albini serían apenas los niveles iniciales y medios de un entramado delictivo cuyos máximos responsables continúan en las sombras, desde donde buscan controlar los daños.
Desde la División Antilavado de la Federal, en tanto, requirieron documentación adicional a la Fiscalía para completar su análisis. Entre otros, los extractos bancarios de 40 de los 48 titulares de las tarjetas de débito que aparecen como presuntos empleados de la Legislatura desde antes de 2022. “Dicha requerimiento se fundamenta con el objeto de establecer el período desde cuando se realizaba esta práctica de ‘extracción de efectivo en horarios y cajeros específicos’”, explicaron.
En ese sentido, siete de los posibles “ñoquis” abrieron en el Banco Provincia su cuenta salarial en 2012, otros tres en 2013, siete más en 2014, apenas uno en 2015, pero cinco en 2016 y cinco más en 2017, otros dos en 2018, el récord de nueve en 2019 –año de elecciones a nivel nacional, provincial y municipal-, y uno en 2020.
A fin de estimar la verdadera cuantía de la defraudación a las arcas públicas provinciales, los agentes de la Federal también requirieron que la AFIP informe otros datos sobre los 48 titulares de las tarjetas de débito –incluido sus haberes brutos registrados-, que el IPS detalle sus aportes previsionales y contribuciones patronales, y que IOMA precise los aportes que ingresaron en relación a esos mismos sospechosos.
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