Casación confirmó la condena a Milagro Sala y complicó su situación judicial

El escenario judicial de Milagro Sala, de por sí oscuro, se llenó ayer de nubarrones. La Cámara de Casación confirmó la condena que pesa sobre la dirigente social a tres años de prisión, en suspenso, por agresiones al actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y mandó dictar un nuevo fallo que, además, incluya cargos por amenazas agravadas, con lo que lo más probable es que la nueva condena sea de cumplimiento efectivo.

Sala ya se encuentra detenida en Jujuy, cumpliendo prisión preventiva. Si este nuevo fallo queda firme, deberá seguir detenida, pero para cumplir la sentencia.

En paralelo, la Corte Suprema de Justicia tiene a estudio un recurso de la dirigente social, en el que cuestiona su detención y afirma que es arbitraria, pues sostiene que no hay evidencia de que vaya a escaparse, ni perjudicar la investigación.

Este pedido ya fue rechazado en todas las instancias y ahora la última palabra la tiene la Corte. En otro recurso argumenta que sus fueros como diputada electa del Parlasur le dan inmunidad de arresto.

En Tribunales, interpretaban ayer que este nuevo fallo de Casación que confirma la condena por daños y manda a dictar una nueva por amenazas agravadas, da pie a la Corte para rechazar la pretensión de Sala y dejarla en prisión.

La detención de Milagro Sala se transformó en un problema político internacional para el Gobierno, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sigue de cerca el caso y el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias reclamó su libertad. Al defenderse ante los organismos internacionales de derechos humanos, el gobierno de Mauricio Macri señaló que se trata de un problema de las autoridades judiciales y políticas de Jujuy, ajeno al Estado nacional.

La Corte no tiene fecha para tratar el recurso de Sala y no piensa hacerlo en breve, dijo una fuente tribunalicia.

La dirigente social acumula ocho causas en la Justicia, entre ellas, por asociación ilícita, fraude al Estado y extorsión por el desvío de fondos destinados a viviendas sociales.

Sala ya recibió dos condenas: la del 3 de febrero, confirmada ayer, a tres años de prisión en suspenso por la agresión a Morales en 2009, y otra causa correccional por la organización de un piquete entre diciembre de 2015 y enero de 2016 frente a la Casa de Gobierno de Jujuy.

Amenazas agravadas

Los jueces que ayer confirmaron la condena contra Sala son los integrantes de la Sala IV de la Cámara de Casación Federal: Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani.

Sala venía condenada solo por el delito de daño agravado pues el tribunal oral de Jujuy la había sobreseído por amenazas simples, por entender que ese delito estaba prescripto por el paso del tiempo.

Pero Casación, por unanimidad, confirmó la condena por daños por agresiones y anuló el sobreseimiento por amenazas simples. Entendió que como las amenazas se hicieron a raíz de la charla que iba a dar Morales en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy sobre el destino de los planes sociales, Sala pretendió torcer el destino de esos fondos y evitar que sean auditados y controlados. Por eso la coacción agravada, interpretaron los jueces. La Cámara de Casación consideró que los hechos fueron "planeados y organizados" y que Sala fue la instigadora.

El delito de amenazas coactivas tiene una pena de tres a seis años de prisión, que se sumarían en caso de condena a los tres por daños que ya quedaron confirmados.

El fiscal ante la Cámara, Javier De Luca, identificado con Justicia Legítima, había desistido del recurso y cuestionado la validez de los dichos de un testigo que dio fe de las acusaciones contra Sala.

La Cámara de Casación confirmó, además, la condena contra Gustavo Ramón Salvatierra a dos años de prisión, cuya ejecución se dejó en suspenso. De ese modo, el tribunal penal hizo lugar al recurso de casación interpuesto por Morales, que es querellante en la causa.

El hecho ocurrió el 16 de octubre de 2009, en el edificio del Consejo de Ciencias Económicas de la ciudad de San Salvador de Jujuy.

En esa oportunidad se hizo una protesta y agresión en una conferencia de prensa sobre el control de fondos públicos que ofrecían el presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, el auditor general Alejandro Nieva y Morales, entonces senador por Jujuy.

La Cámara Federal de Casación Penal consideró que se trató de un hecho "planificado y organizado".

"La cuestión que dirime el caso, se edifica en la manera ilegal en la que se desarrolló el «escrache»", expresaron los magistrados.

La resolución sostuvo que "dicho «escrache» se caracterizó, con los alcances de la condena que se examina, en la violencia en las cosas con producción de daños".