Carrió pide a la Justicia que investigue vínculos de funcionarios y empresarios en el municipio de Pilar
La líder de la Coalición Cívica hizo la presentación ante un fiscal de San Isidro; reclamó que indague en la “posible comisión de delitos de corrupción” en el distrito que gobierna De Achaval
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LA NACION
La jefa de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, presentó una denuncia ante la Justicia de San Isidro para pedir que se investiguen “posibles maniobras ilícitas que podrían haber sido cometidas por empresarios y funcionarios públicos del municipio de Pilar”, el distrito del norte del Gran Buenos Aires que gobierna el intendente Federico De Achaval, del Frente de Todos.
Según informaron fuentes cercanas a Carrió, la referente de Juntos por el Cambio radicó la denuncia junto al concejal de la CC en Pilar, Matías Yofe. El escrito recayó ante el fiscal general del departamento de San Isidro, John Broyad.
“La presentación ser refiere a información aparecida en la prensa local, en la que se menciona que se habrían realizado licitaciones presuntamente amañadas, en las que habrían sido beneficiados de manera irregular personas cercanas al intendente de Pilar”, explicaron fuentes de la CC.
Entre los mencionados se encuentra Héctor Torres, descripto en el portal El Disenso como “proveedor multirubro, dado de alta en AFIP en agosto de 2020 y que rápidamente se convirtió en la estrella de la actual gestión”, quien oficiaría de “intermediario en las operaciones aludidas”, según consta en la denuncia.
“También se describen delitos que habrían sido cometidos por Patricio Alejandro Naughton, coordinador de la Dirección de Compras del municipio, a quien se señala por haber otorgado licitaciones a gente de su familia mediante maniobras fraudulentas”, sostuvo la CC en su denuncia.
Y agregó: “Cabe destacar que esta falta puede importar un perjuicio económico para el Estado provincial, en tanto se la podría privar de acudir al mercado y obtener potenciales mejores ofertas”, indica el texto de la denuncia presentada por Carrió y Yofe.
“Esta situación ha sido reiteradamente valorada en la jurisprudencia para considerar producida la comisión de defraudación por administración fraudulenta contra la Administración Pública, uno de los delitos vinculados a corrupción con mayor pena, pues ´...se ve satisfecho con la violación al deber de respetar un mecanismo legal de contratación que corresponde para cada caso —licitación pública— mediante le cual se hubiesen podido obtener precios más ventajosos´”, concluyeron Carrió y Yofe.
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