La Corte Suprema rechazó el planteo de incompetencia que le hizo el Gobierno sobre el recorte de fondos a la Ciudad
Rechazó “in limine”, sin mas trámite, la solución que había intentado el Procurador del Tesoro Carlos Zannini; mañana está prevista una audiencia conciliatoria entre la Ciudad y la Nación
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Por Candela Ini y Hernán Cappiello
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó esta noche in limine (sin más trámite) el planteo del Gobierno que había dicho que la Corte no era competente para intervenir de manera originaria en las demandas que entabló el Gobierno de la Ciudad para recuperar los fondos coparticipables que le quitó la Nación a fines del año pasado.
Así las cosas, mañana está prevista una audiencia de conciliación entre la Ciudad y la Nación para invitarlos a que traten de ponerse de acuerdo en este tema.
El fallo de la Corte fue firmado por los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, con la disidencia de la jueza Elena Highton de Nolasco.
La mayoría de los jueces dijo que los argumentos que había esgrimido el Procurador del Tesoro Carlos Zannini, en representación del Estado nacional, no alteran la decisión adoptada por la propia Corte en la causa: “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Córdoba, Provincia de”, que es el precedente que esgrimen para establecer su competencia originaria.
“La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene derecho a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, escribieron los jueces de la mayoría de la Corte para dar por zanjada la discusión. Y señalaron que esta regla dio lugar a otras sentencias posteriores “en los cuales se admitió la competencia originaria del Tribunal para entender en causas que tenían como partes adversas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado Nacional”. Así rechazaron in limini el intento de Zannini.
Esta decisión acerca de que la Corte tiene la competencia originaria en los casos entre la Nación y la Ciudad dictada en el caso de los fondos coparticipables que le fueron sacados a la Ciudad, se extiende también a la discusión por la apertura de las escuelas porteñas, planteo sobre el que el máximo tribunal estaría en condiciones de decidir esta misma semana.
La decisión de la Corte choca con la interpretación que había hecho el presidente Alberto Fernández cuando dispuso las restricciones, pues según su opinión el máximo tribunal no tenía la competencia originaria en estos casos. Zannini hizo el planteo con esta misma idea, pero se lo rechazaron.
En disidencia, la jueza Highton, como lo viene sosteniendo en otros casos, entiende que la Ciudad de Buenos Aires no es un “sujeto aforado” a la jurisdicción originaria de esta Corte, es decir, que no le corresponde porque en su interpretación no está equiparada a las provincias.
Mientras, escala la tensión entre la Casa Rosada y el gobierno porteño por la disputa sobre las clases presenciales en la Ciudad, luego del fallo de la Justicia contencioso administrativo federal, que volvió a cerrar las escuelas. El juez Esteban Furnari resolvió, además, enviar ese caso directamente a la Corte.
En simultáneo, corre el plazo de cinco días hábiles para que el Estado nacional responda el traslado ante la acción declarativa de inconstitucionalidad con medida cautelar incluida, presentada por Horacio Rodríguez Larreta contra el decreto de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández, que suspende la suspensión de las clases presenciales. Con esos argumentos y los de la Ciudad a la vista, la Corte estaría en condiciones de dictar una sentencia, previo dictamen del Procurador.
Mientras se resuelve el asunto de los colegios, la Corte avanza con la causa de los fondos coparticipables,
La convocatoria a la audiencia conciliatoria de mañana había sido una medida celebrada por las autoridades porteñas en el expediente de altísimo voltaje político que analizará si es constitucional o no el recorte de fondos a la Ciudad de Buenos Aires.
Está previsto que la audiencia sea presencial y cada jurisdicción enviará a sus representantes. No estarán allí los ministros de la Corte sino el secretario de Juicios Originarios, Alejandro Rodríguez, quien fue designado hace dos años con el aval de los cinco jueces.
La Ciudad anunció en el expediente que concurrirán el procurador general, Gabriel Astarloa; al ministro de Hacienda y Finanzas, Martín Mura; y al secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro. Como representantes del Estado nacional está previsto que participen abogados de la Procuración del Tesoro, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, pero no de forma presencial sino mediante la presentación de escritos.
Tanto la suspensión de clases presenciales en el AMBA como el recorte de fondos de coparticipación a la Ciudad fueron dos decisiones del gobierno nacional cuestionadas y judicializadas por Rodríguez Larreta.
Rodríguez Larreta presentó un amparo en septiembre del año pasado con el fin de revertir la quita de fondos por la coparticipación federal dispuesta por el presidente Fernández en un decreto. Ese recorte de fondos ya fue convertido en ley en diciembre del año pasado. La demanda contra el Estado nacional es una acción declarativa de inconstitucionalidad de la nueva ley, acompañada de un reclamo económico para recuperar el dinero.
Pero el enfrentamiento entre el distrito porteño y la Casa Rosada se agudizó el fin de semana pasado, cuando el domingo a última hora un fallo de la justicia porteña en lo contencioso administrativo ordenó a la administración de Rodríguez Larreta garantizar la presencialidad en los colegios. El fallo de la Justicia porteña no cayó bien en el gobierno nacional que logró revertirlo esta noche. la Ciudad de todos modos desafió esa sentendia y llamó a los alumnos a concurrir a clase.
En simultáneo, el Gobierno ultima los detalles del escrito que presentará ante la Corte para defender la constitucionalidad del DNU que dispuso la suspensión de clases presenciales. La Corte ya se declaró competente para resolver la disputa entre Nación y Ciudad y le corrió vista al Estado.
Los jueces de la Corte tienen en sus manos definiciones de altísimo impacto político: más allá de que en el Gobierno sostienen que es un asunto sanitario, y de que el propio Rodríguez Larreta dijo que se trata de una cuestión meramente relacionada a la educación, la disputa sobre si las clases deben continuar de manera presencial o virtual se tornó un asunto divisorio en el terreno político.
Por Candela Ini y Hernán Cappiello
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