Carlos Zannini avanza contra los Macri y quiere llevar a la Corte Suprema el caso del Correo

El procurador general del Tesoro, Carlos Zannini, intenta avanzar contra la familia Macri antes de las elecciones presidenciales del año próximo. Y para lograrlo debe acudir al foco judicial de todas las críticas kirchneristas: la Corte Suprema de Justicia. Presentó un recurso extraordinario para que aborde el expediente del concurso y quiebra del Correo Argentino, y revoque el fallo que paralizó las actuaciones.

Zannini avanzó así contra la decisión de la Cámara en lo Comercial que admitió un planteo de los abogados del Correo Argentino y por dos votos contra uno ordenó, a principios de este mes, detener la tramitación del expediente que podría extender la quiebra al holding Socma de la familia Macri. ¿Hasta cuándo? Hasta que la Corte defina si el Tribunal Superior porteño puede entrometerse en las decisiones que tomó la Justicia Nacional.

Para Zannini, la decisión de la Cámara tiene un claro tinte político y busca ralentizar el expediente hasta después de las elecciones de 2023. En su escrito, el procurador planteó que el parate conlleva una “privación de Justicia” que causa un “gravamen irreparable”.

Tras recibir el recurso extraordinario de Zannini, la Cámara le corrió traslado al Correo Argentino, las tres sindicaturas y la fiscal general, Gabriela Boquín. Tras escuchar sus pareceres definirá si concede ese recurso. Si lo rechaza, el funcionario deberá irse “en queja” al máximo tribunal.

La fiscal Boquín ya presentó su propio recurso. Pidió la nulidad de la sentencia, a la que caracterizó como “contraria a derecho y arbitraria”, tras plantear que se está ante un caso flagrante de “denegación de Justicia” y una “desnaturalización de la garantía del plazo razonable”. Y dio un ejemplo: la Cámara recibió un recurso de los Macri en junio de 2010 que recién resolvió en diciembre de 2019, cuando resolvió lo mismo que en 2004.

En su escrito, en tanto, Zannini invocó los argumentos que expuso otro receptor habitual de las críticas del kirchnerismo, el procurador General de la Nación, Eduardo Casal, quien ya fijó repetidas veces su posición contraria a los intentos de la Justicia porteña por entrometerse en las decisiones de la Justicia Nacional.

“El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación prevé únicamente la apelación de las sentencias de las cámaras nacionales a través del recurso extraordinario federal”, remarcó Casal, para luego destacar que el órgano a cargo de evaluar esas apelaciones es la Corte Suprema de Justicia.

“La admisión de una vía recursiva ante un tribunal local contra las decisiones dictadas por jueces que integran la justicia nacional ordinaria modifica la estructura del Poder Judicial de la Nación”, insistió, lo que de otro modo conllevaría “una transferencia de competencia jurisdiccional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que sólo podría ser efectuada por el Congreso de la Nación”.

La posición de Casal coincide con la postura de la fiscal Boquín, quien consideró que la familia Macri busca acceder a un tribunal más amigable, lo que en términos tribunalicios se conoce como “forum shopping”, para de ese modo torcer el derrotero del concurso. Así lo dictaminó el año pasado: “No puedo dejar de advertir el intento de la concursada de derivar el trámite de las presentes actuaciones a una jurisdicción que no tiene competencia material ni territorial”.

El holding de los Macri rechazó la acusación de Boquín. En un escrito, sostuvo que atribuirle un intento de un “forum shopping” no es más que una nueva muestra de la “faz persecutoria” de Boquín, “apuntando al oído sensible y susceptible de la opinión pública que, en la amplificación de los medios [de comunicación], entenderá que el ejercicio de nuestro legítimo derecho a la protección jurisdiccional que nos corresponde puede ser leída por una Fiscalía de Cámara como un acto delictual”.

Dos décadas en tribunales

Iniciado en 2001, el expediente registró todo de vaivenes tribunalicios. Incluso, varios intentos fallidos por sellar un acuerdo entre la empresa y sus acreedores, antes, durante y después del paso de Macri por la Presidencia. Hasta que en julio pasado, la jueza Marta Cirulli decretó la quiebra del Correo Argentino SA, su inhibición general y el embargo de todas sus cuentas, como paso previo a iniciar la liquidación de todos sus activos para pagar sus deudas.

Para el Grupo Socma, la decisión judicial representó una nueva muestra de lo que considera una persecución política orquestada por las máximas autoridades del Gobierno -bajo órdenes de Cristina Kirchner- contra el expresidente Mauricio Macri y sus familiares directos.

Al declarar la quiebra del Correo Argentino SA, sin embargo, la Justicia no ordenó extender el quebranto al holding controlante, el Grupo Socma. Pero sí estimó que existían “dudas razonables sobre la capacidad de pago” del Correo para cumplir con su propuesta de devolverle el 100% de lo adeudado a sus acreedores que había presentado semanas atrás.

Ahora, sin embargo, mientras la Cámara de Apelaciones en lo Comercial define si admite los planteos de Zannini y de Boquín para llegar hasta la Corte Suprema, la familia Macri alcanzó el primero de sus objetivos: ganar tiempo en un expediente que lleva 21 años.

Para Zannini, ese es otro motivo para que el máximo tribunal revise lo ocurrido en el expediente. “La violación a la garantía de plazo razonable de duración de los procesos (incluso los no penales) fue calificada por la Corte Suprema como cuestión federal suficiente, por lo que corresponde conceder el recurso”.

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