Carlos Zannini afirmó que la causa de Vialidad es para “enlodar la honra” de Cristina Kirchner

El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, aseguró bajo juramento ante la Justicia que la causa donde Cristina Kirchner es acusada de direccionar obras públicas para favorecer a Lázaro Báez busca “enlodar la honra” de la vicepresidenta, “criminalizar la política” y es un intento de “proscribir a algunos que participan de la política”. El exsecretario de Legal y Técnica de Néstor y Cristina Kirchner negó que se le hubieran otorgado a Santa Cruz fondos desproporcionados en comparación con otras provincias y que se hubieran digitado obra en favor del empresario kirchnerista.

Zannini declaró como testigo en el juicio que se le sigue a Cristina Kirchner en la causa llamada Vialidad, donde defendió la gestión de Néstor Kirchner en la provincia y en la Nación, admitió que conoce a Báez de Santa Cruz, pero dijo que nunca el empresario le pidió que hiciera o dejara de hacer algo para favorecerlo.

A su termino, declaró como testigo el exsenador y exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, que defendió la legalidad de las reasignaciones presupuestarias, explicó como se procedía y negó conocer cuál era la empresa proveedora de la obra pública financiada con esas reasignaciones.

Si bien Zannini podía en razón de su cargo haber contestado un pliego de preguntas por escrito, el procurador del Tesoro se presentó en persona en el juicio en los tribunales de Comodoro Py 2002 y respondió las preguntas de los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi; de Báez, Juan Villanueva; de Julio De Vido, Gabriel Palmeiro; y de Omar Periotti, Federico Paruollo, que estaba conectados por Zoom. Estaban sentados frente a él los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini. El juez Andrés Basso se conectó de manera remota.

Antes de arrancar y después de jurar decir la verdad, afirmó: “Tengo el peor de los conceptos de esta causa. Esta es la tentativa más fuerte para enlodar la honra de esos ciudadanos y afectar la reputación no solo de la expresidenta Cristina Kirchner, sino de todos los que están en esta causa y que producen efectos que tratan de proscribir a algunos que participan de la política. Esto no es luchar en contra de la corrupción. Esto es producir un hecho, criminalizar la política. Sin esta aclaración todo lo que yo pueda declarar no tiene mucho sentido”, arrancó.

Beraldi le preguntó por sus cargo en Santa Cruz, por qué los eligieron Cristina y Néstor Kirchner, y dijo que su tarea en la secretaría Legal y Técnica de la presidencia era “full life”. Sostuvo que el otorgamiento de fondos a Santa Cruz “no fue desproporcionado, sino que estaban comprometidas varias provincias”.

“Santa Cruz recibió una ayuda importante del gobierno nacional para ponerla de acuerdo con las necesidades del mundo moderno. Llamábamos a Santa Cruz la periferia de la patria porque antes de Néstor Kirchner se sentía abandonada del Estado Nacional y de sus provincias hermanas”, dijo el funcionario.

“¿Sabe si en esas partidas de obras públicas se direccionaron para que sean asignadas a algún empresario?”, le preguntó Beraldi, a lo que respondió: “Desconozco, hubiera sido muy difícil, se firma un convenio, hay en juego normativa nacional y provincial, es muy difícil que se digite a alguien una obra de cualquier tipo”.

Aseveró que en el momento de asumir en condiciones críticas se debió “reconstruir el Estado” y que ni siquiera tenían ley de presupuesto, pues el último aprobado era de 2001. Por eso, para ampliar las partidas se recurría a DNU y a decisiones administrativas para reasignarlas.

Indicó que la capacidad de hacer obras del viejo presupuesto no alcanzaba, por lo que se “rascaban recursos” para reasignarlos. Dijo que por el incremento salarial se agotaban las partidas “y como había una mayor recaudación se recurría a los DNU, para readecuar a mediados de año y a fin de año las partidas para que alcanzaran”. La oposición denunció durante años la práctica del kirchnerismo de subestimar recursos en los presupuestos, para disponer discrecionalmente luego de los ingresos extras.

Zannini incluso describió como “revolucionario” a Néstor Kirchner en Santa Cruz en materia de obra pública. Contó que se decidió reinvertir los intereses de los 450 millones de dólares que recibió la provincia del Estado nacional por regalías petroleras para construir, aeropuertos, puertos, viviendas, etc.

Al abogado Villanueva le dijo que conoció a Lázaro Báez en Santa Cruz, pero dijo que nunca le pidió que hiciera algo en contra de sus funciones. “No lo hubiera permitido y no ocurrió”.

La declaración de Abal Medina

El exjefe de gabinete Abal Medina explicó en detalle el procedimiento para elaborar el presupuesto nacional, las áreas que intervienen, el proceso interno en las diversas áreas de la jefatura de gabinete, del Ministerio de Economía y finalmente sus modificaciones en el Congreso, para que comience a ser ejecutado por el jefe de Gabinete. Explicó la necesidad de utilizar sus decisiones administrativas para reasignar partidas y de utilizar DNU para ampliar esas partidas, según las necesidades.

La fiscalía a cargo de Diego Luciani y las defensas de los exfuncionarios se trenzaron en una pelea por la formulación de preguntas acerca de quién decidía para qué obras era necesario reasignar partidas presupuestarias. Finalmente, Abal Medina dijo que cada área o cada ministerio lo planteaba. Así dijo que en el caso de las obras públicas, esa iniciativa eran del ministerio de Planificación Federal que conducía Julio de Vido.

Luego la lluvia de objeciones vino cuando el fiscal insistió e preguntar sobre las 70 reasignaciones presupuestarias que realizó como jefe de Gabinete y si sabía quién era el adjudicatario de la obra cuando se disponía esa reasignación. Abal Medina dijo que desconocía ese nivel de detalle y puso como ejemplo que es como si él supiera quién es el proveedor de los lápices que compra una central nuclear. Dijo que no se trató de favorecer a ninguna jurisdicción en particular, si no se hubieran opuesto las otras provincias.

Admitió que como jefe de Gabinete podía cuestionar las reasignaciones presupuestarias que le sugería cada ministerio, pero afirmó que si habían llegado para su firma es porque ya había sido revisadas. “Si hubiera visto algo irregularidad lo hubiera denunciado como mi obligación de funcionario público”, declaró Abal Medina.

Tras una hora de declaración, se retiró extrañado del sistema de juicio remoto. “Pensé que lo más raro era tomar examen por zoom, pero esto es peor”, mientras se retiraba.

Para la semana próxima está previsto que el lunes declare Jorge Capitanich y el martes Aníbal Fernández. El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, pidió una postergación, lo mismo que Alberto Fernández, citado inicialmente para el martes próximo. El Presidente dijo anoche que, pese a que podría declarar por escrito, va a ir personalmente a los tribunales. Pidió poder hacerlo el 15 de febrero.

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