Carlos Wagner, arrepentido en el caso cuadernos, declaró como testigo a pedido de Cristina Kirchner en el caso Vialidad

El empresario y extitular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) Carlos Wagner declaró hoy como testigo en el juicio contra Cristina Kirchner y Lázaro Báez, después de que la audiencia previa fuera postergada, y en medio de planteos cruzados alrededor de las declaraciones testimoniales de quienes declararon como arrepentidos en la caso de los cuadernos de las coimas. Se trata del proceso judicial en el que se busca determinar si es que hubo direccionamiento de obras para beneficiar al empresario santacruceño. La próxima semana deberán declarar como testigos, también, los empresarios Ángelo Calcaterra (ex dueño de Iecsa), Eduardo Eurnekian (dueño de Corporación América) y los hermanos Sebastián y Matías Eskenazi (Grupo Petersen)

Wagner es uno de los 31 imputados colaboradores en el caso de los cuadernos. En esa causa, que ya fue elevada a juicio oral, confesó que pagó coimas y describió cómo funcionaba el sistema de cartelización de la obra pública a través del cual determinadas empresas recibían contratos. Había sido detenido con prisión preventiva por una orden del fallecido juez Claudio Bonadio.

Dijo además que él negociaba con el exministro de Planificación Julio De Vido la entrega de los pagos como adelantos de obra que pagaba el Estado, describió los montos y porcentajes, y dijo que otra forma de pagar era devolviendo una porción del dinero que recibían como certificados de obra. Además de haber estado al frente de la CAC, también es dueño de la empresa constructora Esuco S.A.

Wagner había sido ofrecido como testigo por Carlos Beraldi, el abogado de Cristina, antes de que declarara como arrepentido en la causa de los cuadernos. En la declaración de hoy dijo que con su firma constructora, Esuco, hacía obras de todo tipo, no solamente rutas, y cuando Beraldi le preguntó si había licitado en Santa Cruz y si había advertido irregularidades en las licitaciones de esas provincias, Wagner contestó que no. Según reconstruyó LA NACION, esa pregunta había sido objetada por el fiscal Diego Luciani, pero después de varios idas y vueltas, Wagner la respondió.

Otra de las preguntas que se le formularon fue si él cobraba anticipos financieros por los contratos que de obras que licitaba. Según reconstruyó este medio, Wagner dijo que su empresa había licitado más de 100 contratos pero que nunca había cobrado anticipos financieros, como sí lo hizo Lázaro Báez con las obras que recibía.

Lázaro Báez, dueño del Grupo Austral, no formaba parte de la Cámara Argentina de la Construcción. Sin embargo, después de que Wagner declaró como arrepentido en el caso cuadernos y de que trascendieran sus dichos, el fiscal del caso Vialidad, Diego Luciani, también pidió que declare como testigo en esta causa.

Tanto Wagner, como Juan Chediack (extitular de la misma cámara) y Ángelo Calcaterra (exdueño de Iecsa), buscaron evitar ser interrogados en este juicio, por temor a ser autoincriminados y declarar contra sí mismos. Se remitieron a este último elemento. Los jueces del tribunal resolvieron que los testigos solo podrían ser interrogados sobre el objeto de investigación de esta causa: el presunto direccionamiento de contratos obras públicas hacia las empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Chediack ya declaró la semana pasada y dijo que no conocía la operatoria denunciada en esta causa porque él no había licitado obras en Santa Cruz. Sí dijo, en cambio, cuando se le preguntó por su vínculo con Julio De Vido, que se remitía a lo que ya había declarado como imputado colaborador en el caso cuadernos y uno de sus expedientes derivados. Es decir que ratificó bajo juramento de decir verdad lo que declaró como arrepentido en otra causa, cuando buscaba un beneficio en carácter de imputado colaborador.

Wagner no planteó lo mismo que Chediack y Calcaterra (a quien todavía no se le fijó una fecha pero que también será interrogado como testigo), pero logró que su declaración fuera postergada de la semana pasada a la audiencia de hoy. Pidió declarar de manera remota (usualmente los testigos asisten de manera presencial a la sala de audiencias de Comodoro Py) por motivos de salud, y aludió a un “deterioro cognitivo leve”.

Próximas declaraciones

Después de la declaración de Wagner, el Tribunal citó para la próxima semana a los demás empresarios del mundo de la construcción, algunos solicitados por la fiscalía, otros por las defensas o por la Oficina Anticorrupción. Entre ellos se encuentran el primo de Mauricio Macri, Calcaterra, el dueño de Corporación América Eduardo Eurnekian, y los hermanos Matías y Sebastián Eskenazi (Petersen).

Los jueces del TOF 2 a cargo de este juicio son Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. El juicio comenzó en mayo de 2019. Cristina fue indagada en diciembre de ese año, pocos días antes de asumir la vicepresidencia, en una audiencia colmada de tensión. Luego el proceso se vio interrumpido por la pandemia y fue reanudado en agosto de manera remota, con dos audiencias semanales.

Este caso es de alta relevancia política. Es el único juicio oral en curso contra la vicepresidenta, mientras que el proceso por Hotesur y Los Sauces -en manos del TOF 5- no tiene un inicio previsto en el corto plazo, ni tampoco el caso cuadernos, que fue elevado a juicio hace más de dos años. La semana pasada Cristina fue sobreseída en la causa por el Memorándum con Irán.

Mientras las defensas señalan que en la causa Vialidad quedó en evidencia la falta de pruebas, los investigadores confían en la solidez de la prueba acumulada en el expediente para formular la acusación.

En este proceso resta que declaren -aproximadamente- unos 70 testigos, incluido el propio Alberto Fernández y los otros jefes de Gabinete, entre ellos el presidente la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el gobernador chaqueño Jorge Capitanich, Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina.

Pero uno de los tramos más calientes del juicio serán las declaraciones testimoniales de los expertos que participaron del estudio pericial realizado sobre cinco de los más de 50 contratos de obras viales adjudicadas a las firmas de Báez, informes que arrojaron conclusiones diferentes y que motivarán interpretaciones diferentes entre los acusadores y las defensas.

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