Carlés dijo que los jueces "deben pagar impuesto a las Ganancias"
Lo hizo durante su defensa del pliego para ser juez de la Corte Suprema
El abogado Roberto Carlés, candidato del Gobierno para integrar la Corte Suprema de Justicia, afirmó hoy que "los jueces, como cualquier ciudadano, deben pagar impuesto a las Ganancias " y se mostró en desacuerdo con el mecanismo de irreductibilidad de sus salarios, al exponer en la comisión de Acuerdos del Senado.
En la primera parte de su exposición destinada a responder impugnaciones a su nominación presentadas por asociaciones civiles y particulares, Carlés sostuvo su convicción de que los jueces y funcionarios judiciales "deberían pagar impuesto a las Ganancias" y tendría que haber "mecanismos para la aplicación progresiva de este impuesto" para los empleados del Poder Judicial.
Por otra parte, el candidato a cubrir la vacante en la Corte que produjo con su retiro en enero Eugenio Zaffaroni dijo estar en desacuerdo con la irreductibilidad del salario de los jueces, un privilegio que "ha sido refutado por la Corte de los Estados Unidos", destacó.
Carlés marcó que "admitir que no se pueden tocar, que los salarios de los jueces son intangibles es un tratamiento totalmente desigualitario e injusto" para el resto de los contribuyentes al fisco.
Sentado al lado del presidente de la comisión de Acuerdos, el kirchnerista Rodolfo Urtubey, Carlés mantuvo un tono tranquilo y profesional en las respuestas, la mayoría destinadas a refutar las objeciones que recibió su nominación por algunos fallos detectados en su curriculum vitae, su juventud -tiene 33 años- y su escasa experiencia como abogado y jurista.
El candidato del Gobierno para integrar el alto Tribunal no dudó en calificar la Corte Suprema de los últimos años como "la mejor de nuestra historia", cuando se le pidió que nombrara cinco fallos que le hayan parecido icónicos.
Su militancia
"Coincido y celebro todo lo que ha hecho en los últimos años por ejemplo en materia de derechos sociales, en el reconocimiento por ejemplo del derecho constitucional o de la obligación de los poderes públicos a establecer movilidad en los haberes previsionales", sostuvo. Respecto de su supuesta falta de independencia política, Carlés aseguró que "nunca" declaró "avalar al gobierno de turno, al gobierno nacional o a cualquier gobierno provincial o municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
"La crítica que se hace sobre mi supuesta falta de independencia está construida sobre declaraciones en las redes sociales, donde hay ciudadanos que se dedican a recopilar algún tipo de informaciones" o "fraguarlas", acotó.
Carlés reseñó que "en los dos meses que han transcurrido" desde su nominación por parte del Poder Ejecutivo "no se ha hecho ninguna referencia a las críticas políticas que hice a funcionarios del gobierno nacional, que no han sido pocas", por lo que dijo ver detrás de los cuestionamientos un intento de "construir la imagen de un candidato a la Corte adicto o sumiso al gobierno saliente".
Afiliado
Con relación a su supuesta militancia en otras agrupaciones políticas o judiciales, el abogado afirmó que "no solamente son falsas sino que no he militado en ninguna de las agrupaciones a las que se me atribuye pertenencia. Mi única militancia política ha sido a la Unión Cívica Radical, partido al que afilie a los 18 años" impulsado por la figura de Raúl Alfonsín.
Acerca de supuestas incongruencias detectadas en su curriculum vitae por varios de los impugnantes, Carlés aclaró que "no fui abogado litigante en ningún país extranjero pero ejercí como jurista en tareas de investigación mientras realizaba dos doctorados".
Ratificó que se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires en 2005 con diploma de honor y negó, como indicaba una impugnación, que haya hecho dos doctorados en fechas superpuestas, uno en la universidad de Ferrara, Italia, y otro en la universidad de San Carlos de Guatemala.
Respecto de su ocupación actual precisó que se desempeña desde enero de 2012 en la dirección de Obras y Servicios Generales del Senado con un salario de poco más de 30 mil pesos, pero aclaró que su tarea es la de controlar actos administrativos, no de encargarse del mantenimiento del edificio porque, de ser así, "en este momento no tendríamos luz", bromeó.
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