Restricciones: apremiado por el tiempo, el oficialismo firmó dictamen en el Senado al proyecto del Gobierno

Apurado por los plazos del último decreto de necesidad y urgencia del Gobierno, que vence el 21 de mayo, el oficialismo del Senado decidió firmar dictamen de comisión sin cambios al proyecto que busca fijar por ley las restricciones por la pandemia de coronavirus y se tomará los próximos siete días para negociar los cambios que se le introducirán a la iniciativa.

De esta manera, los senadores oficialistas buscan ganar tiempo para que el Poder Ejecutivo y los líderes del Frente de Todos de la Cámara de Diputados puedan negociar con los bloques opositores menores –lavagnistas, peronistas cordobeses y provinciales–, las modificaciones que le permitan al Gobierno conseguir los votos que necesita para sancionar la ley.

“No queremos que sea el Senado el que demore el avance de un proyecto de ley que se constituye en una herramienta indispensable para cuidad la salud”, afirmó María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe), presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, para justificar el apremio oficialista.

En ese sentido, Sacnun fue clara en cuanto a que el texto sufrirá modificaciones, tal cual lo anticipó ayer LA NACION, pero se amparó en el apuro reglamentario –que obliga al Senado a esperar siete días desde la firma de un dictamen hasta su discusión en el recinto– para cerrar el debate sin que siquiera se conozca uno solo de los cambios que se le introducirán a la iniciativa.

“Tenemos siete días para seguir trabajando en consonancia con los funcionarios del gobierno nacional, con los diputados nacionales y los senadores”, explicó la senadora santafecina.

El proyecto fue discutido a lo largo de casi seis horas que comenzaron con la presencia de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, que defendieron la iniciativa. Tras un cuarto intermedio, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud retomaron el debate por la tarde con la participación de constitucionalistas y médicos especialistas, quienes dividieron opiniones a favor y en contra del proyecto.

Si bien el oficialismo tiene mayoría en ambas comisiones y en el recinto de la Cámara alta, sobre el final del plenario recibió una mala noticia cuando Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) anticipó su rechazo a la iniciativa.

“Los mismos remedios que se llevaron adelante en 2020 y que acompañamos no pueden ser utilizados ahora, porque el plafón social, el acompañamiento comunitario, ya no es el mismo”, le advirtió el senador rionegrino al oficialismo. “El momento exige un gran pacto del Gobierno con los gobernadores, pero éste [por el proyecto] no es el camino”, completó.

Si bien el voto de Wertilneck no cambia el panorama en el Senado, dada la clara mayoría que tiene el Frente de Todos, su rechazo le quita al bloque que conduce Máximo Kirchner (Buenos Aires) la posibilidad de contar con los diputados que responden al exmandatario provincial. Esto aleja al oficialismo de los votos que le permitirían sancionar la ley.

Defensa oficial

Vizzotti e Ibarra defendieron el proyecto de ley de emergencia de Covid-19 y frente a cuestionamientos de legisladores de la oposición, remarcaron que ninguna medida del proyecto es “irrazonable” y aud la norma apunta a generar el “mayor beneficio sanitario”.

“Todas las medidas tienen contexto científico, algunas son más controversiales que otras, pero ninguna parece irrazonable en el marco de calificaciones de situaciones de riesgo establecidas por parámetros objetivos”, indicó Ibarra ante los senadores presentes.

La secretaria Legal y Técnica dio un discurso más amplio que Vizzotti. “Con la obligación que tiene el gobierno nacional de proteger la vida y la salud, no podemos pedir que en una situación de alto riesgo epidemiológico, cuando ya se han tomado medidas por los gobernadores y gobernadoras, y cuando las medidas adoptadas por la propia ley no han sido suficientes para mejorar los parámetros epidemiológicos, nos parece absolutamente razonable que el Presidente adopte medidas adicionales a fin de evitar que un lugar pase a una situación de riesgo. Se basa en los principios más básicos, que son el cuidado de la vida y la salud en el marco de una pandemia”, argumentó Ibarra.

Además, hizo mención a las facultades que el proyecto de ley le atribuye a los administradores de cada provincia, y remarcó que están habilitados a suspender las clases presenciales, si lo considerasen “necesario”. Según indicó, “el artículo 20 establece que gobernadores y gobernadores tengan a su cargo adoptar las medidas que consideren necesarias y que se suspenda la modalidad de clases presenciales, que se vincula con la resolución establecida por el Consejo Federal de Educación, que tiene un semáforo donde se establecen las formas de evaluación de riesgo”.

Clases presenciales

En el marco de la disputa política que generó la suspensión de las clases presenciales entre el oficialismo y la oposición. Ibarra manifestó: “Todos queremos tener clases presenciales, creemos que es la mejor manera y la más plena de acceder al derecho de la educación. Precisamente, para garantizarlo, no queremos seguir en la situación de alarma. Queremos bajar de alto riesgo a mediano riesgo, necesitamos normalizar los valores para poder ejercer con más amplitud nuestros derechos”.

Previo a las palabras de Ibarra, Vizzotti explicó algunos lineamientos del proyecto, y dijo que el Gobierno apunta a “generar las medidas con el menor impacto social y económico y el mayor beneficio sanitario, para poder tener menos casos y menos muertos, y que el sistema de salud pueda dar respuesta”.

La titular de la cartera de Salud nacional advirtió, además, que el marco normativo “tiene una mirada federal”. “No hay ningún indicador que pueda incluir todas las situaciones epidemiológicas, pero se da un marco legal con previsibilidad para que la población pueda saber los parámetros y generar acciones en ese sentido”, agregó.

El esquema federal que mencionó Vizzotti fue, de inmediato, cuestionado por los senadores de la oposición. “Desde donde se lo mire, no podemos votar el proyecto de ley de los superpoderes porque no se puede delegar lo que no se tiene. No es potestad de este Congreso de dar facultades que les fueron reservadas a los estados provinciales”, remarcó la senadora radical por Jujuy Silvia Giacoppo.

La legisladora del Frente Jujeño Cambiemos, vocera de la comisión de Asuntos Constitucionales, apuntó contra la vacunación vip y calificó de “doloroso” lo sucedido. “Los escándalos hieren, lastiman y duelen. Con la ida de un ministro no alcanza. Hubiésemos querido que usted venga antes y nos diga cómo vamos”, indicó Giacoppo, y también se sumó al reclamo de su par radical Mario Fiad, quien pidió a la ministra que “responda los mensajes a los gobernadores”.

Otro de los legisladores radicales, Pablo Blanco, afirmó, en línea con Giaccoppo, que “el Congreso no puede delegar facultades que no tiene”. Además, respecto de la facultad que la norma le atribuye al Gobierno para suspender las clases presenciales, el senador nacional por Tierra del Fuego disparó: “Veo esto como una forma de buscar una herramienta legislativa para ir en contra de los parámetros del fallo que fijó la Corte. Es una forma de fijar una desobediencia por los parámetros que fijó el Tribunal”.

Guadalupe Tagliaferri, senadora de Pro, fue contundente. “Esta ley es un mamarracho jurídico”, indicó la exministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad. “La Corte declaró que es inconstitucional y el oficialismo decide instalarlo en el Senado”, insistió, en referencia a la resolución de la Justicia a favor de Horacio Rodríguez Larreta, en la que el Tribunal Supremo resolvió que el Gobierno nacional violó la autonomía porteña al suspender las clases presenciales.

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