“Cara de lloriquear”: nuevos chats revelan discusiones en el gobierno de Alberto Fernández por el rol de los brokers en los seguros del Estado

La eliminación a último momento del artículo 3° del decreto 832/2021 que pretendía regular la participación de los brokers de seguros en las pólizas del sector público generó un durísimo contrapunto en la cúspide misma de Nación Seguros y otras áreas del gobierno de Alberto Fernández, según surge de nuevos chats telefónicos que cruzaron a fines de 2021 múltiples funcionarios de aquella gestión y a los que accedió LA NACION.

El contrapunto más álgido que se conoce hasta ahora tuvo como protagonista al entonces titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, con otros funcionarios de esa compañía y de la Casa Rosada que consideraban un error y un riesgo que se eliminara ese artículo del decreto presidencial, que se publicó el 2 de diciembre de 2021 en el Boletín Oficial. En danza había un negocio multimillonario. Se estima que que la prima total del sector público rondó los $50.000 millones durante 2023, con comisiones a los brokers del 10% o más.

El artículo del borrador del decreto que concentró la disputa fue el tercero. ¿Qué establecía? Que los brókers sólo podrían participar en una póliza del sector público si –y solo si- se trataba de un caso complejo o voluminoso que así lo justificara. Y, en ese caso, que el responsable del área de contrataciones o administrativa –o rango equivalente- del organismo público, empresa o sociedad estatal, fondo fiduciario o ente público tendría que comunicarlo por nota a Nación Seguros.

Textual: “En caso de que la complejidad o volumen de los riesgos a asegurar amerite la participación de la figura de un productor asesor de seguros o sociedades de productoras asesoras de seguros en el marco de lo establecido por la ley 22.400 [es decir, ley regulatoria de los brokers], el titular de una unidad operativa de contrataciones o del servicio administrativo financiero o autoridad de nivel equivalente de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8 de la ley 24.156 [que detalló qué abarca al Sector Público Nacional] comunicará por nota a Nación Seguros dicha decisión”.

Ese artículo 3° del borrador, sin embargo, quedó en el camino. No pasó el filtro de la entonces secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra. Según surge de los chats, porque consideró que resultaba mejor “no legalizar la figura” del productor de seguros en las pólizas del sector público. En otras palabras, sostuvo que fijar en qué circunstancias podían ser convocados los brokers hubiera sido una manera de incentivar que los designaran, según indicaron fuentes cercanas a la exfuncionaria a LA NACION.

Los investigadores judiciales sospechan, sin embargo, que en la práctica ocurrió lo contrario. Es decir, que la eliminación del artículo 3° del borrador facilitó la participación de los brókers como intermediarios entre Nación Seguros y organismos estatales, cobrando comisiones multimillonarias de 10 o más puntos porcentuales, sin que su intermediación resultara indispensable en muchos casos.

Nuevos chats extraídos por la Justicia de los teléfonos de los acusados muestran que algunos funcionarios expusieron esas mismas sospechas o temores. Tanto por la eliminación en sí del artículo 3° del borrador, como también por una situación intermedia. ¿Cuál? Que para convocar a un bróker fuera necesario que la máxima autoridad del organismo interesado firmara un acto administrativo o que bastara con una simple nota firmada por un subalterno.

“Mirá, te lo voy a contar para que lo puedas a poner [el audio de WhatsApp] al doble de velocidad”, le transmitió Pagliano a su entonces asesora y luego adscripta a la Gerencia General de Nación Seguros, Sonia Gregorini. “El decreto vino con una modificación, que era obvia, en el tema productores. Nosotros habíamos puesto que la máxima autoridad tenía que hacer un acto administrativo para nombrar el productor. ¿Qué hicieron? Lo bajaron, dijeron: el jefe de compras, no sé, cualquiera, y por nota”.

En ese audio, no obstante, Pagliano no le detalló a su asesora quién flexibilizó el requisito del acto administrativo a una simple nota por un funcionario de rango inferior. Pero imputado en la investigación criminal que llevan adelante el juez federal Julián Ercolini y el fiscal federal Carlos Rívolo, acaso deba precisarlo al momento de ser llamado a indagatoria.

En la causa también figuran como imputados el entonces presidente y otrora titular de la Superintendencia de Seguros de la Nación, Alberto Fernández, y el bróker Héctor Martínez Sosa, marido de su secretaria privada, María Cantero, también bajo sospecha, acusación que los tres niegan de manera categórica.

En un escrito que presentó a fines de agosto en los tribunales, Fernández sostuvo que no incurrió en negociaciones incompatibles con la función pública, ni abogó por Martínez Sosa ante otros funcionarios de su gestión. “Nunca intercedí por él en la contratación de un seguro del Estado. Jamás me pidió que lo hiciera. No tengo ningún vínculo comercial con Héctor Martínez Sosa”, remarcó.

Varios datos contradicen, sin embargo, esa afirmación. Entre ellos, que Fernández le adeuda US$20.000 a Martínez Sosa desde 2008, según detalló el entonces Presidente en las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción. También contrasta con los chats que recuperó la Justicia y en los que consta que, antes de ser Presidente, Fernández le pidió dinero a la pareja para solventar sus gastos. Y también con los mensajes en que, ya en la Casa Rosada, Cantero le reenvió a Fernández un pedido de Martínez Sosa sobre un negocio que una firma rival, NET Broker, estaba por obtener en Cancillería. ¿La respuesta del entonces Presidente? “Ya me ocupo”. Así fue.

Esos y otros chats son el mayor obstáculo, remarcan junto a Martínez Sosa, para obtener su sobreseimiento. Afirman que demostrarán que las comisiones que cobró el bróker fueron correctas, que ya tenía cuatro contratos con el sector público antes de la firma del decreto 832/21 –incluido el de Gendarmería-, y que tanto él como sus colaboradores no influyeron en la redacción del borrador o en la sospechada eliminación de su artículo 3°. “Más allá del evidente vínculo de confianza que existía entre Pagliano, Martínez Sosa y otros, no incurrieron en delitos”, insistieron ante la consulta de LA NACION.

“Romper los…”

En los tribunales, Pagliano recibirá preguntas sobre algunos nombres. Entre otros, los de aquellos que participaron en un contrapunto que, según le relató a su asesora, lo malquistó a fines de 2021. ¿Por qué? Porque alguien a quien sólo identificó por su nombre, Martín, empezó a objetar que habían morigerado los requisitos para la intermediación de los brokers en el sector público. “Se puso a romper los huevos delante de Sebastián. ‘No, eso no es lo que hemos escrito. ¿Por qué lo cambiaron?’”, recordó que dijo ese funcionario.

-Yo le digo: mirá, era obvio que iban a bajar. Aparte salió todo como queríamos, salvo esto que no nos jode-, relató Pagliano que fue su respuesta.

-¡No! Pero esto no era así, porque esto tendría que ser en directo –insistió el funcionario, en alusión a que las pólizas que Nación Seguros emitiera a organismos públicos no deberían incluir brokers como intermediarios.

-Martín, vos sos abogado. Si querés recurrila y punto –sostuvo Pagliano que le contestó, para luego contarle a su asesora que el funcionario “medio puso cara de lloriquear, de no sé qué”, y que no recordaba “qué pelotudez dijo” luego.

Una de las hipótesis que barajan los investigadores judiciales es que el Martín al que aludió Pagliano en ese chat fuera el entonces titular del Gabinete de Asesores de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Martín Yáñez. Entre otros motivos, porque el propio Pagliano aludió a Yañez en otro de sus audios de WhatsApp. Señaló que había participado en una reunión con él y con el entonces vicejefe de Gabinete, Jorge Neme, para impulsar el borrador del decreto en cuestión. Pero consultados por LA NACION, junto a Yañez dijeron no recordar que el entonces funcionario haya mantenido un entredicho con Pagliano. “No fue él, que no tuvo tanta intervención en el tema”, replicaron. “Y en cualquier caso, la decisión [sobre la redacción final del decreto 832/21] la tomó Vilma”.

El funcionario identificado como Martín era, según reconstruyó LA NACION, Martín Ruiz Moreno, quien fue gerente de Legales de Provincia Seguros y pasó luego a Nación Seguros durante la gestión de Pagliano. Y sobre el final del audio en que detalló el contrapunto con ese funcionario , Pagliano aportó un dato adicional: el ida y vuelta incluyó a un testigo, al que identificó como Sebastián, por el entonces vicepresidente de Nación Seguros, Sebastián Díaz Bancalari. “Yo ya no lo escuché más [al funcionario] porque me infló los huevos. Además, decirlo [su objeción] delante de Sebastián… me parece un pelotudo”.