Capital Humano recurre a la Corte Suprema para revocar el fallo que lo obliga a repartir los alimentos
Con el procurador del Tesoro Rodolfo Barra como espada jurídica, la cartera de Sandra Pettovello apunta a que sea el máximo tribunal el que le dé la razón en su disputa contra las organizaciones sociales por el reparto de mercadería
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El Ministerio de Capital Humano apelará ante la Corte Suprema el fallo que lo obliga a distribuir los alimentos almacenados en los depósitos de la cartera que dirige Sandra Pettovello. El movimiento se da luego de que la Cámara de Apelaciones confirmara el fallo del juez federal Sebastián Casanello –quien ordenó la ejecución “inmediata” de un plan- y de que Casación rechazara la apelación del ministerio a dicha resolución. Ahora, tras estos dos fallos adversos, el ministerio apunta a que el máximo tribunal revoque la cautelar que dictó el juez federal y le dé la razón en su disputa contra las organizaciones sociales por el reparto de los alimentos.
Para Capital Humano, la resolución que Casannello dictó a fines de mayo es una clara intervención de la Justicia en la Administración Pública que ”altera el normal funcionamiento” de la cartera. Sobre este punto se funda el recurso extraordinario que impulsa el procurador del tesoro, Rodolfo Barra: hay una “palmaria” cuestión federal al verse afectada la división de poderes en desmedro de la población argentina. Además, el escrito insiste en que los alimentos almacenados por el ministerio están reservados para emergencias.
A principios de mes, la Sala II de la Cámara de Casación Penal, integrada por los jueces Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, rechazó el recurso presentado por el ministerio de Pettovello por no demostrar de manera acabada la cuestión federal detrás del conflicto.
“A juicio de esta parte -afirma Barra en su escrito- es evidente la cuestión federal: el ejercicio de competencia propia, que históricamente se realizaba en el ámbito exclusivo del ministerio, se ve alterada actualmente por la intromisión del Poder Judicial”.
“El Tribunal a quo [por Casación] ha efectuado una arbitraria y equívoca interpretación de las normas legales y reglamentarias”, asegura. “Al imponer requisitos y entrometerse en la política pública de distribución de alimentos [se] está causando un daño concreto y real al interés público comprometido”, señala, y agrega: “La compra y stock de alimentos también tiene como finalidad atender situaciones de emergencia que se pueden presentar en cualquier momento”
Antes de este fallo, luego de que el ministerio apelara por primera vez, la Cámara Federal -integrada por Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico- avaló la cautelar dictada por Casanello a rechazando el argumento de Capital Humano. Fue el primes revés para el ministerio. La resolución estuvo precedida por el escándalo: en la antesala al fallo de la Cámara, la subsecretaria de legales, Leila Gianni, y el letrado patrocinante del ministerio, Ariel Romano, se cruzaron en duros términos con el dirigen social Juan Grabois.
Los camaristas, que llamaron la atención de las partes por sus conductas en la audiencia previa, fallaron en contra de Capital Humano. En su voto, el juez Farah marcó: “Cabe a esta altura preguntarse ante cuantas instancias ‘judiciales’ está dispuesto el ministerio a llegar para comprender que es atribución de este Poder del Estado el control de los actos de gobierno cuando las decisiones (u omisiones) afectan derechos de las personas y existen medios disponibles para satisfacer esos derechos”
El nudo del conflicto está en la naturaleza del “plan” que ordenó el juez: para la Justicia -por lo menos hasta ahora- la cautelar no trastoca la esfera del ministerio en la medida en que Casanello no ordenó cómo el ministerio debe repartir los alimentos, sino solo que debe hacerlo. Para el ministerio, por el contrario, la cautelar se inmiscuye en las políticas de la Administración Pública en tanto esos alimentos están reservados solo para casos de emergencia.
En el ministerio hace ruido que un juez federal en lo Criminal dictamine una medida de carácter preventivo: aseguran que su competencia se encuentra limitada a la investigación de delitos. Además, ven un “contrasentido” en que el juez que solicitó el plan lo haya rechazado por “insuficiente”.
Con todo, en su escrito, el procurador del Tesoro se limita a marcar la presunta interferencia de la Justicia, sin hacer una defensa a ultranza de la políticas del Ministerio. “El tiempo dirá si fueron correctas o incorrectas las decisiones que se tomaron en un ámbito de competencia exclusiva, lo que claramente es incorrecto es que el Poder Judicial se entrometa en las mismas”, sostiene Barra.
Origen
El dirigente social Juan Grabois dio inicio a este recorrido judicial en febrero cuando denunció a la ministra Pettovello por incumplimiento en los deberes de funcionario público a partir de la interrupción del reparto de alimentos para los comedores.
Cuando el Gobierno dio a conocer el stock de alimentos almacenados en los galpones del ministerio –luego de un pedido de acceso a la información de pública que hizo el medio El Destape- Grabois amplió la denuncia en el juzgado.
Entre otras medidas, el juez Casanello ordenó al Ministerio de Pettovello elaborar y presentar un “plan” para distribuir de manera “inmediata” la mercadería acopiada en los galpones y otorgó un plazo de 72 horas.
En paralelo a la entrega de aquel plan - que fue entregado a destiempo y que consistió en un llamado a la provincias para que sean estas quienes se encarguen de la distribución- la cautelar fue apelada por la subsecretaria Gianni. La Cámara de apelaciones confirmó el fallo de Casanello, el Ministerio volvió a apelar, y Casación rechazó el recurso al sostener que la cuestión “federal” no estaba debidamente planteada. Ahora, el Ministerio busca que sea el máximo tribunal quien les de la razón.
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