Capital Humano firmó un convenio con Naciones Unidas por $14.000 millones para alimentos, pero todavía no se compró ningún producto

Para diferenciarse de la anterior gestión, el Gobierno recurrió a dos organismos internacionales y tercerizó en ellos las licitaciones de alimentos. Hace exactamente cuatro meses, con el objetivo de iniciar un proceso “ágil” y “transparente”, el Ministerio de Capital Humano selló un acuerdo por 14.000 millones de pesos con un organismo de las Naciones Unidas. Sin embargo, al día de hoy no se concretó la compra de ningún producto y la única licitación por alimentos está atrapada en un limbo.

A comienzos de febrero, cuando el reclamo por el reparto de mercadería para los comedores comunitarios comenzaba a incomodar al Ministerio, la titular de la cartera, Sandra Pettovello, activó dos procesos licitatorios para adquirir alimentos a través de dos organismos internacionales. Con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) –por cuerda separada a las contrataciones de personal– cerró un acuerdo por una cifra cercana a los 7000 millones de pesos. A través de esta licitación se compraron lentejas y aceite por un total de $3.651.940.179. En la OEI aguardan instrucciones de un Ministerio que luce paralizado para saber qué hacer con el dinero restante, que es el resultado de una baja significativa en los precios estimados por el convenio. Una opción puede ser el reintegro; otra, activar una nueva licitación. “El expediente está abierto”, señala una fuente al tanto del acuerdo.

Con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la ministra firmó otro por 14.000 millones de pesos. Esto es dinero que sale del Estado hacia los organismos para que sean estos quienes se encarguen de poner en marcha el mecanismo de compra.

A cuatro meses de firmado el acuerdo con PNUD, el proceso de compra se encuentra en un compás de espera. La licitación se abrió a mediados de marzo y se cerró el 17 de abril, luego de una prórroga de siete días, pero, a la fecha, no se encuentra siquiera adjudicada: en la organización internacional aguardan que la unidad ejecutora de la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en pleno rearmado tras la salida de Pablo De la Torre, otorgue el visto bueno para continuar con un proceso, cuya continuidad, hoy, está rodeada de incógnitas.

Según el pliego de la licitación presentado por PNUD –para adquirir 2500 millones de kilos en arroz, fideos y leche en polvo–, las ofertas que realizan las empresas tienen una validez de 45 días calendario. Ese plazo venció el viernes de la semana pasada. Es decir, que, a priori, las empresas deberían volver a ofertar. Sin embargo, fuentes de PNUD le indicaron a este medio que el proceso “sigue su curso”, pero que están esperando directivas.

“Estamos a la espera de una comunicación formal de la Unidad Ejecutora del Proyecto por parte de la Secretaría para ver si el proceso continúa o no y proceder en función de la decisión tomada”, le dijo a este medio una fuente del organismo al tanto del acuerdo firmado con Capital Humano.

LA NACION se contactó con el ministerio, pero no obtuvo respuestas. Yanina Nano Lembo, la remplazante de De la Torre en la Secretaría, tampoco respondió las consultas de este medio.

“La cadena de firmas está rota”, apunta alguien al tanto del movimiento interno de un ministerio jaqueado por las salidas. “Está todo paralizado”, agrega la misma fuente. Anteayer se conoció la salida de número dos de Pettovello: Fernando Szereszevsky, exjefe de gabinete de la ministra, tenía pactada desde diciembre una gira con los Ratones Paranoicos, banda de la cual es manager.

El acuerdo se da en el marco del convenio “Abordaje comunitario del plan nacional Argentina contra el hambre”, firmado en 2020 por el extinto Ministerio de Desarrollo Social cuando este estaba en manos del actual diputado de Unión por la Patria Daniel Arroyo. La ministra Pettovello firmó el 8 de febrero la transferencia de 14.000 millones de pesos. Según la resolución, se “efectivizará en desembolsos sucesivos solicitados oportunamente, conforme a los requerimientos del proyecto por el organismo nacional de ejecución”. Al ser consultada por estos desembolsos, la misma fuente de PNUD señaló que “cualquier información sobre un proceso licitatorio en curso es confidencial, para no afectar su efectivo cumplimiento y transparencia”.

Procedimiento

Hasta a la fecha, el Gobierno solo adquirió lentejas y aceite a través de la OEI por un total de $3.651.940.179, es decir, la mitad de lo acordado con el organismo. Esa única compra de alimentos que realizó el Gobierno trajo consigo una peculiaridad: una de las firmas ganadoras –Alimentos Fransro SRL– había sido cuestionada por el propio ministerio de Capital Humano en una de sus denuncias contra la anterior gestión. Finalmente, la OEI, actuando “por cuenta y en nombre” de la Secretaría de Niñez, dio marcha atrás, dejó sin efecto la adjudicación de Alimentos Fransro y declaró como “desierta” la licitación de 400.000 paquetes de lentejas.

En el otro acuerdo con PNUD –que aguarda la venia de la unidad ejecutora para continuar con el proceso– todavía no se compró ningún producto. Con optimismo, el Gobierno especulaba con que la compra de los productos estuviera concluida a los 30 días de firmado el convenio. Se recurrió a estos organismos, le indicaron a este medio en su momento, porque operan bajo “un conjunto de normas y procedimientos homologados internacionalmente por su transparencia y efectividad”.

Tal como consignó Página12, cuando una compra del Estado supera los 2700 millones de pesos se necesita el aval explícito del jefe de Gabinete. Esto surge del artículo 100 de la Constitución Nacional –que lo hace responsable de los “negocios de la Nación”– y del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

Esto le valió a la ministra Pettovello una nueva denuncia en la Justicia. Aparte de señalar que la compra de alimentos a través de organismos internacionales queda por fuera del radar de los mecanismos de control del Estado nacional, el abogado Leonardo Rodríguez Herrero apuntó en su presentación judicial contra los montos. “Si se trata de más de cien mil módulos ($2700 millones) debe firmar el jefe de Gabinete. Pero la transferencia de los $6.772.500.000 al organismo internacional fue firmada solamente por la ministra Pettovello”, indicó el letrado, para quien el convenio debió llevar la firma del entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

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