Canje de deuda: Pro presentó un amparo contra la pesificación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad

Tras las feroces críticas que hicieron desde la oposición a la medida tomada por el ministro de Economía, Sergio Massa, de pesificar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, ahora en Pro presentaron un amparo contra los decretos que instrumentaron la medida. Así lo anunció esta mañana la titular del partido, Patricia Bullrich, quien publicó los fundamentos por los que accionaron judicialmente.

En ese documento los opositores hablaron de un procedimiento “fácticamente ruinoso” y advirtieron por el “riesgo de caer en un desfinanciamiento” del FGS. Asimismo, pusieron el foco en la titular de la Anses, Fernanda Raverta. A la dirigente kirchnerista le pidieron cumplir con la función de “salvaguardar” estos activos y le indicaron que podría ser eje de un “incumplimiento de su deber como funcionaria pública” si no lo hace.

“Desde Pro y el bloque en la Cámara de Diputados presentamos un recurso de amparo contra los DNU 163 y 164/2023 con motivo del canje de deuda que nos deja al borde del default, pesificando y desvalorizando el precio de los bonos”, anunció Bullrich en Twitter.

Este pedido de amparo llega tres días después de una denuncia que hizo la Fundación Apolo, en la que se referencian dirigentes como Ricardo López Murphy y Roberto García Moritán. En ese caso, los republicanos fueron a la Justicia contra el presidente Alberto Fernández y Massa, a quienes los acusaron de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

En Pro buscaron con el amparo mayor celeridad para anular la medida del Palacio de Hacienda. “El canje de deuda impulsado por el Ministerio de Economía, que fuerza a los organismos públicos a pesificar su tenencia de deuda en dólares, resulta objetivo y fácticamente ruinoso”, sostuvieron desde el partido que comanda Bullrich.

“El mero anuncio del canje nos deja al borde del default. Esto lo informa Fitch Ratings, una de las calificadoras de riesgo más importantes de Wall Street, quien decidió bajar la nota de los bonos argentinos, llevándolos de CCC- a C, luego de darse a conocer la medida. Esta es una de las notas más bajas en su escala de medición de riesgo, representando una caída de cinco subcategorías”, enfatizaron en el documento que compartió la presidenciable. Esta cuestión, entendieron, “refleja la condición unilateral del canje y su conversión compulsiva de moneda (de dólares a pesos), dos cuestiones que constituyen, conforme sus criterios técnicos, un escenario de default”.

Asimismo, sostuvieron que el informe de Fitch Ratings advierte que, al momento de ejecutarse el canje, la calificación descenderá “inexorablemente” a RD ( por restricted default, es decir, un incumplimiento parcial). “Los tenedores de deuda del sector público deberán canjear sus bonos en dólares de ley extranjera (4000 millones, según las autoridades) por bonos en dólares de ley nacional, que se liquidarán en pesos. No hay más que comparar la cotización de bonos equivalentes con ambas legislaciones para verificar el perjuicio que este cambio conlleva”, indicaron desde Pro.

Manifestaron, además, que en los decretos no se explicita que los bonos en ley extranjera que ingresan al Tesoro serán reabsorbidos por lo que, entendieron, la Argentina está ante un nuevo endeudamiento disfrazado de canje.

“Se exige a los organismos públicos que se desprendan de los bonos en dólares de ley nacional para destinar 70% del producido a la compra de bonos en pesos y el 30% restante quedar a ‘libre disposición’ de los organismos públicos para cubrir gastos. ¿No hay pérdida patrimonial en este caso utilizada para gastos corrientes? ¿Se va a usar con fines electorales?”, se preguntaron y dijeron que el anuncio de Massa “potencia un contexto” donde el riesgo país superó los 2500 puntos.

Bajo esa postura, recordaron también que hay límites que tiene el Gobierno en cuanto al funcionamiento, el financiamiento y la administración del FGS. “Esto se ve totalmente desdibujado con el DNU 164/23, en tanto permite administrar y entregar activos del FGS sin los controles necesarios establecidos por las leyes 24.241 y 26.425″, se quejaron, a la vez que plantearon que el decreto afecta al fondo para pago e inversión en cuestiones ajenas al sistema previsional, lo que -de acuerdo a lo que dijeron desde Pro- deja “en estado de vulnerabilidad” a las futuras y actuales jubilaciones.

En el último tramo del documento publicado por Bullrich enfatizaron en el rol de Raverta y marcaron que es ella la responsable de recurrir a los organismos de control. “Debe cumplir con la función de salvaguardar el interés actual y a futuro del FGS. Su complicidad en la entrega y desfinanciamiento podrá generar su responsabilidad por el incumplimiento de su deber como funcionario público”, advirtieron sobre la titular de la Anses.

Por su parte, la diputada Graciela Ocaña también denunció penalmente a Massa y al presidente Alberto Fernández por la maniobra al considerar que violaron la Constitución. “Es un saqueo del Fondo de Garantía de Anses”, consideró la legisladora aliada de Juntos por el Cambio. Acompañaron su denuncia los legisladores de JXC: Alejandro Finochiaro, Alfredo Cornejo, Hernan Lombardi, Sabrina Ajmechet, entre otros

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