Cancilleria firmó un comunicado conjunto en el que rechaza el cierre de las oficinas de la ONU en Venezuela
Juntos con cuatro países de América Latina, también exige la liberación de la activista Rocío San Miguel, además de que sean convocadas “elecciones transparentes, libres y democráticas”
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LA NACION
Cancillería firmó este jueves un documento junto a otros cuatro países latinoamericanos en el que “rechaza” el cierre de las oficinas de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Caracas dispuesta por el gobierno venezolano. En el documento, además, hacen “un enérgico llamado a las autoridades venezolanas” para que liberen a la activista Rocío San Miguel.
Junto a Uruguay, Paraguay, Ecuador y Costa Rica, el Ministerio de Relaciones Exteriores remarcó que las autoridades venezolanas deben deponer los cargos realizados contra San Miguel. Los cinco países “reclaman por el respeto pleno de los derechos humanos, la vigencia del estado de derecho y la convocatoria de elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas sin proscripciones de ningún tipo”, según establecieron en el texto.
Contra la ONU
El gobierno venezolano decretó este jueves el cese inmediato de la oficina de derechos humanos de la ONU en represalia a las denuncias realizadas por el organismo internacional de la desaparición forzada y encarcelamiento Rocío San Miguel, una reconocida personalidad de la sociedad civil venezolana.
Maduro le dio 72 horas a los diplomáticos de la ONU para que abandonen Venezuela “hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de Naciones Unidas”, según sostuvo el canciller Yván Gil.
“Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado que, lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulaban contra el país”, acusó el gobierno bolivariano, en el poder en Venezuela desde 1999.
Rocío San Miguel
La activista fue detenida el lunes cuando se disponía a viajar desde Venezuela a Miami. El fiscal general, Tarek William Saab, pidió su imputación por “traición a la patria”, “terrorismo” y “conspiración”, ya que el gobierno la acusa de participar en una presunta trama para atentar contra la vida de Maduro.
San Miguel es una abogada de 57 años que dirige Control Ciudadano, una ONG establecida a inicios de 2005 con el fin de promover y ejercer la contraloría ciudadana sobre los asuntos de la seguridad, la defensa y las Fuerzas Armadas.
Un año antes de la creación de esa organización, San Miguel había sido despedida del gubernamental Consejo Nacional de Fronteras tras firmar una lista que buscaba activar un referéndum revocatorio para el entonces presidente Hugo Chávez. Cientos de personas denunciaron que entre 2003 y 2004, luego de aparecer en esa lista, fueron despedidos de sus cargos en el sector público. Años después, Chávez pidió a los directivos y funcionarios “enterrar” la referida lista que circuló por un largo rato en Internet.
Desde Control Ciudadano, San Miguel dirigió varias investigaciones que revelaron casos de torturas, muertes, detenciones arbitrarias, entre otras irregularidades presuntamente cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, que son consideradas uno de los principales soportes de Maduro. Actos de corrupción en las FFAA también fueron divulgados por la ONG.
En ese sentido, el trabajo de supervisión de Control Ciudadano ha sido visto como una piedra en el zapato, y al mismo tiempo blanco de virulentas críticas de las autoridades por sus investigaciones.
LA NACION
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