Cancelan el contrato de supervisión de la SUBE

Casi tres meses después de anunciar la suspensión del servicio, el Gobierno canceló el contrato de la supervisión de la tarjeta SUBE. La medida fue tomada luego de que se revelaran diversas irregularidades en la licitación que manejó la Secretaría de Transporte, en ese momento a cargo de Juan Pablo Schiavi.

Desde el Ministerio del Interior y Transporte explicaron que se detectó "falsedad en la información" que acercó el consorcio que controlaba el boleto electrónico para justificar el dinero que el Estado giraba todos los meses por el servicio. Además, tildaron de "insuficiente" la documentación aportada.

El control del boleto electrónico le costó al Estado casi $ 10 millones más como consecuencia de un sugestivo concurso que ganó el consorcio integrado por Global Infrastructure (GI), Iatasa, IRV y González Fischer y Asociados. En una serie de notas que comenzó en mayo, LA NACION reveló irregularidades en la adjudicación del contrato de $ 65 millones, como la existencia de empleados fantasmas, las inconsistencias de la empresa inglesa GI y la relación entre funcionarios y empresarios.

Fuentes del ministerio indicaron que tras la cancelación del contrato se inició una investigación interna para determinar la responsabilidad de la Secretaría de Transporte en el proceso, aunque la mayoría de los funcionarios implicados ya dejó la función pública.

Jorge de Beláustegui, titular de Proyecto de Transporte Urbano Buenos Aires (Ptuba), fue desplazado de su cargo luego de la investigación de LA NACION. Esa dependencia, que ejecuta fondos del Banco Mundial, financió el control de la SUBE.

Lo mismo sucedió con otra funcionaria clave: Nora Turco. La directora nacional de Planificación y Coordinación del Transporte fue expulsada luego de que este medio revelara que la funcionaria le dio a su hermana la refacción de su oficina por $ 2,5 millones.

Según pudo saber este medio, no se abrieron sumarios administrativos para evaluar de manera individual la responsabilidad de Turco, De Beláustegui y Schiavi. El proceso contó con el aval del ex secretario de Transporte, que autorizó la contratación pese a contar con una oferta $ 10 millones más económica. Schiavi, que renunció luego de la tragedia de Once, intentó desligarse de las responsabilidades y apuntó contra el Banco Mundial –que financió el contrato- y la embajada de Gran Bretaña, que recomendó a Stephen Chandler, ex jefe de la supervisión de la SUBE y dueño de GI.

Consultados por LA NACION, tanto Schiavi como los representantes del Banco Mundial se negaron a declarar sobre la rescisión del contrato. Allegados a Chandler aseguraron que el británico está de acuerdo con la medida. "No quiere estar vinculado con gente acusada por corrupción", lanzaron.

La Justicia imputó a funcionarios y empresarios en la causa por las irregularidades en la licitación. Luego de esa medida, tomada en julio, fuentes judiciales informaron que la investigación que tramita el juez federal Sergio Torres no contó con avances.

Como sucede desde la suspensión del contrato, la supervisión del boleto electrónico quedará a cargo del Ministerio del Interior y Transporte. Desde esa dependencia aseguraron que el Estado lo puede hacer "mejor y mucho más barato" que el consorcio privado contratado por la Secretaría de Transporte.

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