Campagnoli recuperó a los trabajadores de su fiscalía

El fiscal José María Campagnoli, que enfrenta un juicio político por mal desempeño, logró que su jefa, la procuradora Alejandra Gils Carbó, le devolviera a siete empleados y funcionarios que trabajaban con él y que habían sido trasladados mientras Campagnoli estaba suspendido.

El fiscal volvió a la fiscalía de Saavedra y Núñez hace dos semanas, después de haber estado suspendido siete meses.

Durante este tiempo, varios de los trabajadores de esa fiscalía habían sido reubicados por la Procuración en otras dependencias. La convivencia entre estos empleados y las fiscales que reemplazaron a Campagnoli fue muy tensa. "Los repartimos porque después de que se fue Campagnoli no trabajaban y eran conflictivos", dijo a LA NACION un funcionario de la Procuración. Algunos fueron acusados de una campaña que incluye desde un trato hostil a las reemplazantes del fiscal hasta un supuesto sabotaje a las instalaciones eléctricas. Hay un expediente administrativo y una causa penal que investigan estos supuestos hechos.

Campagnoli y su gente, en cambio, sostuvieron siempre lo contrario: que los colaboradores que se mostraron leales al fiscal fueron "hostigados", perseguidos e interrogados.

Cuando los trasladaron, los reemplazaron con otros funcionarios que ahora volverán también a sus cargos originales.

Lo que Campagnoli no recuperó, pero también pretende que le devuelvan, es la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE), que dependía de él y funcionaba en Saavedra, en el mismo edificio que la fiscalía. Ahora fue mudada al microcentro, quedó a cargo de otro funcionario y también perdió a parte del equipo de trabajo. Hasta ahora, los reclamos de Campagnoli para recuperar esta secretaría no prosperaron.

Mientras tanto, el fiscal sigue sometido a un proceso de juicio político por presunto "mal desempeño", que lleva varias semanas suspendido, trabado por planteos de las partes y recusaciones.

JosÉ marÍa campagnoli

Fiscal

Su suspensión fue levantada, pero sigue sometido a un juicio político que está frenado por una serie de recusaciones.

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