Camioneros: la Justicia rechazó la excarcelación de los dirigentes que responden a Hugo Moyano
Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola fueron detenidos por la policía, acusados de extorsión por bloquear las actividades de una distribuidora de alimentos de San Pedro; serán trasladados a una unidad penitenciaria
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La Justicia rechazó la excarcelación de Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, los dos dirigentes del Sindicato de Camioneros de la seccional San Nicolás que habían sido detenidos acusados de extorsión por bloquear las actividades de una distribuidora de alimentos de San Pedro.
Los hombres, que responden a Hugo Moyano, serán trasladados a una unidad penitenciaria. Hasta ahora estaban en la Dirección Distrital de Investigaciones (DDI) de San Nicolás.
La medida fue resuelta por la jueza de San Nicolás, María Eugenia Maiztegui, quien ya había rechazado su exención de prisión, medida que fue ratificada por la Cámara de Apelaciones, con lo que quedaron firmes las órdenes de captura. Ambos gremialistas se entregaron voluntariamente la última semana.
“Sus peticiones liberatorias no pueden prosperar”, sostuvo la magistrada al analizar el pedido excarcelatorio. Según el fallo al que accedió LA NACION, la jueza Maiztegui señaló: “Estimo que existen en autos sobrados motivos para restringir sus libertades, y mantener en detención a los causantes, a los fines de asegurar el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la ley”.
Además, advirtió la magistrada, “la instrucción se encuentra en plena etapa investigativa”.
Cabaleyro se entregó en la Dirección de Investigaciones de San Nicolás mientras que Espíndola lo hizo en la dependencia policial de Baradero-San Pedro. Ambos fueron voluntariamente cuando ya estaba emitida la captura para evitar ser trasladados con las esposas por el policía.
Los dirigentes de Camioneros están acusados de extorsión y coacción. La abogada de la distribuidora de alimentos es Florencia Arietto, que asesoró a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y participa del armado político de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. La letrada, además, conoce a los Moyano porque fue jefa de seguridad del Club Atlético Independiente antes de la llegada a la presidencia del jefe camionero.
Denuncia de Arietto
En patrocinio de Verónica Lucía Razzini, presidente del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo, Arietto presentó una denuncia contra el secretario general de Sindicato de Choferes de Camiones, Hugo Moyano; el secretario general adjunto del Secretario del Sindicato de Choferes de Camiones, Pablo Moyano; el exsecretario de la delegación San Nicolás del Sindicato de Camiones, Julio Cabaleyro, y “todo otro individuo que haya participado en el delito de coacción agravada”.
En el marco de la detención de los dirigentes de Camioneros, tanto Pablo Moyano como Hugo Moyano se presentaron en la sede del Sindicato de Choferes de Camiones, junto a Julio Cabaleyro, padre del detenido Maximiliano Cabaleyro. “En ambos días se celebraron sendas conferencias de prensa y notas periodísticas en las cuales los aquí denunciados manifestaron que si no se ‘liberaba’ a los detenidos se iba a proceder a bloquear la Ciudad de San Nicolás”, repasó Arietto en el texto presentado ante la Fiscalía, y enfatizó: “Julio Cabaleyro llegó a manifestar que ‘San Nicolás se va a morir de hambre’”.
Además, Arietto remarcó: “La patota que acompañaba a los denunciados iban a impedir el ingreso de alimentos, combustible y toda otra cosa que pretenda ingresar a la ciudad. Asimismo, obligó a los empleados de las empresas que realizan la recolección de basura, a no realizar su trabajo”.
En este sentido, la abogada destacó que las manifestaciones de los denunciados “no quedaron en meras palabras”. “La ciudad de San Nicolás se convirtió en una usina de enfermedades por la cantidad de basura tirada en las calles, ya que tanto Pablo como Hugo Moyano y Julio Cabaleyro impidieron que los empleados de la empresa recolectora de basura la recogieran”, advirtió Arietto, y remarcó: “También los comercios de la Ciudad no pudieron recibir los insumos para funcionar y/o comercializar, debido a los bloqueos a los ingresos de la ciudad, realizados por el Sindicato de Choferes de Camiones”.
Así, la denuncia en contra de los Moyano y Cabaleyro por delito de coacción agravada (artículo 149 del Código Penal) supone una pena de cinco a diez años de prisión o reclusión “si las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos”.
LA NACIONTemas
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