Cambios para acelerar el avance sobre la Justicia

Alberto Fernández y sus colaboradores más cercanos dicen estar convencidos de ser sujetos (o víctimas, mejor dicho) de un gigantesco malentendido. Es el que sostiene que el Presidente está en un proceso de radicalización destinado a romper todo lazo de convivencia con el Poder Judicial, la oposición, los medios y periodistas críticos (para ellos, opositores). En definitiva, de haberse cristinizado sin retorno y de apostar todo a la grieta. Lo niegan con tal rictus de preocupación que su afirmación luce tan verosímil como desconcertante.

Apenas concluido el encendido discurso de apertura de sesiones legislativas, en la Casa Rosada se activaron los dispositivos para tratar de convencer(se) de que el Gobierno busca ampliar los consensos, mejorar el servicio de justicia (no asegurar impunidad alguna), concretar acuerdos, avanzar en espacios de diálogo con todos los sectores y no cerrarse y confrontar, como se interpretó mayoritariamente. Menuda tarea.

Sin embargo, la misión ha logrado resultados más que magros fuera del círculo de funcionarios, militantes y adherentes del oficialismo. Más aún desde que desde el propio Gobierno filtraron la información de la inminente salida del Ministerio de Justicia de Marcela Losardo. Para nadie es un dato menor que la funcionaria sea la histórica socia jurídica y comercial de Fernández, amiga personal de muchos jueces (entre los que figuran algunos apuntados por el kirchnerismo) y objeto directo de hostigamiento desde hace meses por parte del lado cristinista del mundo oficialista, incluidos dos de sus principales (in)subordinados. No habría contradicciones si solo fueran rumores.

El problema se profundiza cuando se escucha a altos funcionarios admitir expresamente que la ministra no tiene el perfil adecuado para liderar la nueva etapa. Aunque matizan la afirmación con el relato de los esfuerzos presidenciales por retener a Losardo. Es que el eje de esta “nueva etapa” (celebrada por el cristinismo) consiste en apurar las reformas judiciales pendientes y redoblar el control sobre los jueces. Completa la tarea la creación de la comisión bicameral con la que Fernández sorprendió a todos el lunes pasado. Incluida la renunciante, que hasta anoche seguía en funciones.

“Marcela no está para llevar adelante la discusión y mucho menos para dar la pelea pública. Eso implica que la tarea recaiga en Alberto, lo que genera mucho desgaste”, reconoce un estrecho colaborador presidencial, que se apura a negar que estemos ante un proceso agudo de cristinización albertista. El funcionario que puede hablar por el Presidente sostiene que en temas de la Justicia nunca hubo (ni volverá a haber, podría decir) diferencias entre los Fernández. Subjetividades.

Las circunstancias ponen en cuestión, más todavía, la consistencia de la versión dialoguista oficial. La secuencia de los hechos es elocuente. Muestra que a las diatribas y anuncios presidenciales les siguió la flamígera autodefensa en juicio de Cristina Kirchner, en la que acusó al Poder Judicial de corrompido y perverso, alegato que recibió el inmediato apoyo público de Fernández. Apenas unas horas después, las usinas oficiales pusieron en circulación la decisión de Losardo de dejar su cargo. La explicación o justificación de los aparentes contrasentidos requerirá, seguramente, de un equipo multidisciplinario en el que no podrán faltar semiólogos ni psicólogos, además de analistas políticos y propagandistas. No es tarea sencilla.

Sin lugar para sutilezas

La puesta en circulación desde la Casa Rosada del nombre del diputado Martín Soria como principal candidato a ingresar en el gabinete en lugar de la amiga presidencial aportó más dudas sobre las explicaciones oficiales. No parece haber lugar para sutilezas ni para componedores, aunque al final la película del recambio ministerial tenga otro desenlace.

Estrechos colaboradores de Fernández defendieron a Soria con el argumento de que cuenta con los atributos requeridos para esta instancia y subrayaron antiguas diferencias con el kirchnerismo que el rionegrino ha tenido en su terruño. Un intento de refutar que sea otra defección ante el cristinismo y un recurso para opacar la otra parte del historial de Soria, en el que la asimilación al ideario y a las formas cristikirchneristas resulta abrumadora.

En los archivos de medios y redes sociales abundan sus ataques e insinuaciones de represalias (o amenazas) a periodistas y medios críticos, así como filípicas contra jueces que han investigado o condenado a funcionarios kirchneristas. Con frecuencia sus críticas llegan aderezadas con información más que reservada. La adscripción a la teología autoexculpatoria del lawfare que profesa este hijo de un exjefe de la SIDE no tiene fisuras. Suficiente como para satisfacer a toda la coalición gobernante. Sobre todo si, además, se cuenta la cercanía personal, familiar y política que ha tenido con el massismo. No es un dato menor. Sergio Massa tendrá un rol importante en la nueva etapa.

Ante la cristalización del perfil belicoso del Gobierno frente al Poder Judicial, que la salida de Losardo y la llegada de Soria podrían profundizar si se concretaran, Fernández explora un recurso tendiente a atenuar algo esos rasgos que desentonan con la prédica consensual. O, al menos, a instalar la duda.

Para eso, se eligió que la creación de la polémica comisión bicameral de control de la Justicia salga de Diputados y no del dominio de Cristina Kirchner. Un regalo venenoso para Massa, en cuya jurisdicción sigue demorada la sanción de la reforma del fuero federal de Fernández, que el Senado aprobó el año pasado tras las enmiendas, agregados y mutilaciones impuestas por el cristinismo. También esa es una misión por cumplir.

Para facilitar la tarea del aliado presidencial y, sobre todo, bajar resistencias públicas, distraer o tratar de ganar adeptos, la agenda que se le impondrá a la comisión en una primera etapa no abordará tópicos que refuercen todas las prevenciones existentes (y fundadas) sobre pretensiones de impunidad o de sometimiento de los magistrados. Botellones de agua bendita para los que tienen sed de justicia.

Los temas iniciales por abordar estarán vinculados con las cuestiones que los ciudadanos comunes más padecen y critican (con fundadas razones) de la Justicia. El foco estará puesto en caso emblemáticos y de fuerte impacto público que muestren demoras o fallos cuestionados. Ya comenzó Wado de Pedro. La narrativa está en marcha.

Difícilmente eso alcance para cambiar la opinión de opositores y de buena parte del Poder Judicial, en especial de los apuntados ministros de la Corte Suprema. La percepción de que se está ante un conflicto de poderes y un avance sobre la independencia de la Justicia ha cobrado demasiada entidad en esos ámbitos. Pero no son los destinatarios sino los contradestinatarios del mensaje y la estrategia oficialista. Para ellos corren acciones por carriles paralelos. La bicameral tendrá el propósito de invisibilizar y, si es posible, de justificar y hacer popular la ofensiva en marcha.

La lógica es la misma que rige para la relación con la principal fuerza opositora. Los intérpretes y exégetas albertistas niegan con énfasis encomiable que el Presidente haya optado por agrandar la grieta, como pareció demostrar buena parte del discurso ante la Asamblea Legislativa.

Contra lo que parece decir algún sentido común, argumentan que las acusaciones y los anuncios de querellas contra el macrismo, así como algunos dicterios innominados, no buscan una ruptura del diálogo político. “Está dirigido a los que solo petardean y no quieren colaborar en nada. Nosotros estamos abiertos a dialogar con los dispuestos a consensuar y ayudar”, dicen. Hay opositores buenos y opositores malos. La unidad opositora complica la diferenciación o la división que busca el Gobierno. A eso apunta ahora.

En los últimos párrafos del discurso presidencial se encuentra una clave teórica y la justificación práctica que intenta saldar la aparente contradicción interna del mensaje presidencial entre grieta y diálogo y refutar las acusaciones de cristinización albertista. Como bien advirtió el agudo Eduardo Fidanza, hay que reparar en la afirmación “la unidad es sinfónica”, que remite a una idea del teólogo católico Hans Urs von Balthasar, expresada en un libro titulado La verdad es sinfónica. Se advierte la impronta y la influencia bienintencionada de Gustavo Beliz. Aunque la realidad suele ser cruda y los resultados crueles.

La idea de Balthasar consiste en que la verdad se construye con el aporte de muchos (instrumentos) que no son ni se manifiestan igual, sino diversos en su constitución y expresión. Pero también implica que responden a un orden superior, como en toda sinfonía. En todo caso solo puede haber disonancias armónicas. La duda que dejó flotando Fernández en la última semana es quién fija o establece el orden superior de su pretendida sinfonía. Qué dios hay detrás de Dios, diría Borges.

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