Cambio de criterio: una decisión del Gobierno habilita a la Sigen a auditar a las universidades

La Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra, emitió este martes un dictamen que vuelve a cambiar la interpretación sobre las auditorías en las universidades. El sistema de control sobre las casas de altos estudios incorporará nuevamente a la Sindicatura General de la Nación sin necesidad de un convenio específico con cada institución. Este nuevo criterio da por tierra con el implementado por Carlos Zannini, ex procurador del Tesoro, en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández.

En medio del conflicto con las universidades, el Gobierno venía cuestionando la negativa de las grandes universidades a dejarse auditar. En diferentes reuniones, desde Pro habían reclamado al Ejecutivo que eliminara la traba que había impuesto Zannini para impedir los controles sobre los fondos que manejan las casas de estudio. Eso finalmente se concretó este martes.

Antes de ese año, las universidades tenían mayor grado de control por parte de la Sigen. Pero en noviembre de 2022, Zannini resolvió que a las universidades nacionales no se les debía aplicar el artículo 100 de la ley de Administración Financiera (cuyas disposiciones abarcan a toda la administración nacional, incluidos los entes públicos con autarquía financiera), con la justificación de un artículo incluido en el presupuesto de 2020.

El efecto de esta interpretación por parte de Zannini -encolumnado con Cristina Kirchner- resultó en que las universidades sólo podían ser auditadas cuando la Auditoría General de la Nación (AGN) y el Congreso lo dispusieran. Más tarde, en 2023 Jaime Perzyck, exministro de Educación, firmó un convenio con la Sigen por el que comenzó un esquema optativo por parte de las casas de altos estudios, que podían solicitar una auditoría por parte del organismo.

La AGN depende del Congreso de la Nación y en la actualidad es presidida por Juan Manuel Olmos, ex vicejefe de Gabinete de la administración anterior.

El dictamen de Barra surgió a partir de un reingreso remitido por la Secretaría de Educación para que este organismo asesor “se expida nuevamente y en forma específica sobre los alcances de la aplicabilidad a las Universidades Nacionales del sistema de control interno que impone la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional”. El procurador del Tesoro retomó el antecedente de Zannini, pero avanzó en otra dirección.

La conclusión, conocida esta tarde, estableció: “En síntesis, a la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.° 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales, en tanto el ejercicio de dicho control no contradice ni vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitución Nacional, reglamentada por el Legislador a través de la Ley de Educación Superior N.° 24.521″.

El presidente Javier Milei, en el acto del sábado en el flamante Palacio Libertad y este martes por la mañana en una entrevista con LN+, insistió con el conflicto con las universidades públicas luego de haber logrado apoyo legislativo la semana pasada blindar el veto contra la ley de financiamiento a las casas de altos estudios. “Si no quieren ser auditados, debe ser porque están sucios”, dijo el mandatario.

“El problema no es la universidad pública y no es la cuestión de no son aranceladas, y eso no va a cambiar, solo los queremos auditar”, dijo. “Entonces, si usted no quiere ser auditado es porque es un chorro. El que no quiere ser auditado es porque es un chorro. Acá la discusión es si quieren ser o no auditados. No quieren ser auditados. Bueno, ¿por qué no quieren ser auditados? Porque la política utiliza las universidad es para financiarse, eso es lo grave, que usen las universidades una causa noble para financiar la mugre inmunda de la política. Eso es lo grave”, completó. Y agregó: “Porque parte son militantes políticos y, además, habría que ver las cosas que hacen los profesores en las aulas, que es un tema que también es complicado, pero no es parte de esta discusión. Lo que quiero es otra cosa, porque el punto... que es el punto que señala (el diputado, Miguel Ángel) Pichetto, muestra lo analógico, lo que es lo más inmundo de la vieja política, ¿sabe para qué está la imagen? Para comérsela”, completó.

“Imagen destruida”

Milei debió aclarar que el gobierno no pretende que las universidades dejen de ser públicas y no aranceladas. “Prefiero terminar con la imagen destruida”, sostuvo al ser consultado por el costo político que pagan él mismo y su administración por el conflicto con las universidades. Las declaraciones del presidente respecto de que los estudiantes son “ricos” o integrantes de las “clases altas o media altas” fogonearon las tomas en el inicio de esta semana.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la ley de financiamiento universitario destinaba $738.595 millones al sector, equivalentes a 0,14% del PBI, mientras que el Gobierno fijó la misma cifra en $811.569 millones, de acuerdo a los considerandos del veto.

Desde 2022, de acuerdo a información oficial a la que accedió LA NACION, se firmaron convenios con 26 de las 66 universidades del sistema. Tres se firmaron durante la gestión libertaria: las que accedieron a ser auditadas (que están entre las más ahogadas financieramente) fueron la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Nacional de La Rioja y la Universidad Nacional del Chaco Austral.

En el correr de la tarde, quien se expresó sobre el tema fue la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, de quien depende el área de Educación, compartió en su cuenta de la red social X, un comunicado sobre el tema en el que detalló la decisión de Barra con el anuncio de lo que sucederá a partir de ahora con las casas de altos estudios y las auditorías de la Sigen.

En tanto que poco después, quienes se sumaron a celebrar la decisión en las redes fueron los miembros de Pro en Diputados, quienes venían pidiendo que se revea la decisión firmada por Zannini y sostuvieron: “Valoramos que el Gobierno haya escuchado el pedido que realizamos desde nuestro bloque. Revertir la resolución del kirchnerismo y habilitar a la SIGEN para auditar el gasto de las universidades es un gran avance hacia la transparencia”.

El mensaje fue en alusión a los reiterados pedidos que habían hecho desde ese sector al gobierno nacional por el tema y que incluso había sido conversado este lunes por el estratega presidencial Santiago Caputo con el jefe de la bancada de diputados de Pro, Cristian Ritondo.

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