Cambiar la información es delito y no picardía
¿Picardías? Contar los votos es una cuestión seria en la democracia y se deben contar bien todos los votos.
Cambiar los resultados en el acta de la mesa o en cualquiera de los documentos que deben completar las autoridades no es una "picardía", como ha dicho la jueza federal con competencia electoral María R. Servini de Cubría.
Los telegramas de la discordia no son un papel cualquiera. El Código Electoral los regula como obligación de las autoridades de mesa en su artículo 105. La ley aclara que el telegrama que va al Ministerio del Interior es copia del que se envía a la Junta Electoral y especifica que el telegrama debe contener el resultado del recuento de votos y debe ser cotejado con el acta de escrutinio.
Cambiar la información del acta de mesa en el telegrama no es una "picardía", sino un delito electoral previsto en el artículo 138 del Código Electoral y castigado con prisión de seis meses a cuatro años. La misma ley prevé la pena de prisión de uno a tres años para quienes falsearan el resultado del escrutinio.
No sabemos a esta altura dónde se produjo la picardía. Algunos apuntan a los presidentes de mesa, pero en el circuito que conduce de la mesa al ingreso y a la carga de los datos hay otras instancias que también deberían ser investigadas.
Provisorio y definitivo
La Cámara Nacional Electoral aclaró bien que se debe distinguir entre el escrutinio definitivo, que sirve para proclamar a los ganadores, y el escrutinio provisorio, que realiza el Ministerio del Interior el día de las elecciones y que sirve para informar, nada más y nada menos.
El hecho de que el escrutinio provisorio no sea el que se toma en cuenta para proclamar los ganadores no significa que no sea importante desde el punto de vista político.
Es ése el resultado que la sociedad conoce primero -y casi en exclusiva-. Sólo quienes creen que la información es un adorno de la democracia pueden justificar que un gobierno oculte información, la manipule, la maneje descuidadamente o directamente desinforme.
Es llamativo que el responsable del escrutinio provisorio, el ministro del Interior, les quite importancia a las irregularidades que se han detectado. Florencio Randazzo dice que son pocas. El juez federal Manuel Blanco dice que son muchas y graves. Este sainete sólo provoca la desconfianza de la ciudadanía en la transparencia y credibilidad del proceso electoral.
El sistema electoral argentino requiere una reforma seria, profesional y consensuada.
Es tiempo de abandonar el obsoleto sistema de boletas por partido, de eliminar la intervención del Ministerio del Interior en el proceso electoral, de regular adecuadamente el tema de las autoridades de mesa -su selección y formación-, entre otros temas. La mayoría de estos cambios no podrá realizarse antes de octubre.
Pero hay algo que sí puede hacerse y tiene que ver con la responsabilidad de quienes tienen a su cargo la organización y el control del proceso electoral.
La ciudadanía tiene derecho a exigirles que no se tomen las elecciones a la ligera y que asuman sus responsabilidades con seriedad. ¿Se podrá lograr antes de octubre?
La autora es doctora en Derecho y miembro del Board de Transparency International
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