Cámaras en colectivos, paradas seguras, botones antipánico y más gendarmes, entre las promesas y la realidad

El asesinato de Daniel Barrientos, el chofer de la línea 620 que falleció este lunes en La Matanza, reavivó el reclamo por la inseguridad en el conurbano bonaerense, así como los cruces entre los gobiernos de Alberto Fernández y Axel Kicillof. Desde que la administración nacional debió salir a responder por primera vez los reclamos, en septiembre de 2020, los pases de facturas entre Balcarce 50 y La Plata fueron una constante que acompañó el incremento de los indicadores de inseguridad en territorio bonaerense. Como telón de fondo aparecen con fuerza los anuncios y las promesas incumplidas.

• Comando unificado Conurbano (CUC)

Fue el principal foco de tensión entre las administraciones de Nación y Provincia en las últimas semanas. Hubo algunos desembarcos de fuerzas federales en territorio bonaerense, pero sin coordinación con la cartera provincial. El ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, insiste en que no enviaron ningún gendarme.

El gobierno nacional trabajó directamente con secretarios municipales en lo que será la instalación de cinco centros operativos en La Plata, La Matanza, Tigre, Pilar y Avellaneda. “Desde allí vamos a tener acciones rápidas, porque se necesita tener respuestas muy rápidas para poder cumplir con el objetivo”, prometió el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien no se habla con Berni.

El funcionario de Axel Kicillof volvió ayer a pedirle al presidente Alberto Fernández el envío de 6000 gendarmes al territorio bonaerense. En los próximos días habrá una nueva reunión por el tema ante la falta de implementación total.

• Cámaras de vigilancia en colectivos

En las últimas horas, en La Plata, se decidió la creación de una comisión de seguimiento para controlar que se cumpla con la instalación de cámaras en colectivos, punto por el que en enero pasado las empresas fueron intimadas para colocar las que están faltando. De unas 8000 unidades, solo 2000 cuentan con ellas, según afirman desde la provincia, mientras los choferes de colectivos denuncian la inexistencia o malfuncionamiento de los dispositivos.

El gobierno provincial denuncia que la resistencia está dada principalmente por los empresarios propietarios de las líneas por los costos económicos que estas implican. “Les pedimos un plan de instalación y las intimamos bajo apercibimiento de no pagarles el subsidio”, dijo el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, tras el encuentro con miembros de la UTA. Las empresas responden que no les corresponden las tareas de seguridad.

En 2022, las empresas que integran el grupo Dota denunciaron en una nota enviada a Kicillof, D’Onofrio, Berni y otros funcionarios provinciales que la “enorme mayoría” de las firmas que prestan el servicio en Buenos Aires -entre ellas, la 620- no avanzaron -a diferencia de ellos- en la colocación de las cámaras. En la carta, las firmas de DOTA acusaron a las “cámaras empresarias amigas del Sr. Ministro” de esos incumplimientos.

• Programa de Fortalecimiento de Seguridad para la Provincia de Buenos Aires

Fue anunciado en septiembre de 2020, bajo la promesa de que el gobierno nacional invertiría $37.700 millones en equipamiento, personal y tecnología. Entre otros elementos el programa incluiría paradas seguras conectadas a centros de monitoreo municipal.

La idea inicial, coordinada entre el Ministerio de Transporte y los municipio del conurbano contempló unas 4000 nuevas paradas interconectadas al sistema de seguridad. No se implementó. En el gobierno nacional aseguran que su estado depende de cada municipio.

• Botones de pánico para deliveries

En febrero, tras el crimen de un joven repartidor en Bernal, en el partido de Quilmes, se anunció la implementación de botones de pánico para quienes realicen ese trabajo. No se implementó. Según pudo saber LA NACION, la promesa ahora es instrumentarla a través del municipio, que asumió el compromiso y está abriendo un registro para entregarlos.

Berni se mostró ayer en esa localidad para la entrega de 30 patrulleros enmarcados en el Plan de Inversión Municipal para la Prevención del Delito.

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