Caída la reforma, Frigerio retendrá la organización de las elecciones
El proyecto le transfería esa facultad a la Cámara Nacional Electoral; el ministro del Interior se prepara para licitar el escrutinio
LA NACIONMariano Obarrio
El gobierno de Mauricio Macri dio por caída la reforma electoral para adoptar la boleta única electrónica (BUE) y analiza ahora mecanismos para mejorar las elecciones legislativas de 2017, que se harán a la vieja usanza: el Poder Ejecutivo organizará y controlará la campaña, los comicios y el escrutinio provisorio y no la Cámara Nacional Electoral (CNE), como preveía el proyecto de ley sepultado en el Senado por el Frente para la Victoria (FPV).
No será el único cambio de planes. Si prosperaba la BUE, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, iba a licitar las 140.000 computadoras, el software y los sistemas de recuento electrónico y manual de votos. Y la CNE organizaría y controlaría el resto de los comicios. Pero al regresar a la boleta de papel, el Ministerio del Interior volverá a organizar todo el acto electoral, como lo hacía el ex ministro Florencio Randazzo.
Por ejemplo, el ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, se prepara ahora para licitar el servicio de escrutinio provisorio, que desde 1995 se adjudicó siempre la empresa española Indra SA.
"Se está repensando todo, la forma de mejorar el proceso de licitación del escrutinio y de modernizar el sistema para que haya más competidores", dijo ayer a LA NACION un funcionario de la cartera política.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, todavía guarda una remota esperanza de que el Senado reflote el debate por la BUE en sesiones extraordinarias. Pero en la cartera de Frigerio ratifican que no hay número para forzar el debate.
Frigerio apuesta a que varias provincias instituyan la BUE para elegir los cargos provinciales: Salta, la ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Córdoba, Tierra del Fuego y Entre Ríos. Los cargos nacionales se seguirán eligiendo con la vieja boleta de papel. "Esto será una presión muy fuerte y a la larga la reforma política se va a hacer, quizás para 2019", dicen cerca de Frigerio.
En medio de esa incertidumbre, los ministros de Justicia, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich, acordaron ayer con los jueces de la CNE, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, aplicar un sistema de captura de datos biométricos para evitar el voto de extranjeros ilegales en provincias del Norte.
Estaban todos los jueces federales electorales de esa zona, pero la medida apunta al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, del FPV, al que se acusa de promover la migración de paraguayos para votar. Es una señal de la tensión: Insfrán y sus pares Carlos Verna, de La Pampa; Lucía Corpacci, de Catamarca, y Alicia Kirchner, de Santa Cruz, fueron quienes se opusieron a la reforma política en el Senado.
En medio de ello, Frigerio suma poder: deberá licitar y adjudicar el escrutinio provisorio, materiales electorales, administrar los fondos de partidos políticos, los espacios de televisión y difundir los resultados. Como está demasiado ocupado con la negociación política con los gobernadores, el reparto de obras y los giros de fondos, será clave su subsecretario de Asuntos Electorales, Ezequiel Fernández Langan, según pudo saber LA NACION.
Si bien éste depende del secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, Fernández Langan es de Pro y funciona como enlace político con Frigerio y Peña. En su órbita está el órgano clave de la organización: la Dirección Nacional Electoral (DINE), que dirige Fernando Álvarez Álvarez, un abogado administrativista puesto por Pérez. La DINE podía pasar a la CNE si se votaba la reforma. Pero la retendrá Frigerio.
Desde 1999 hasta diciembre, la dirigió Alejandro Tullio. Se maneja casi con piloto automático, con funcionarios técnicos que se dedican a organizar elecciones. "Álvarez Álvarez es un buen funcionario, si bien no tiene experiencia este año, pudo comprender la naturaleza del trabajo y está en condiciones de hacerlo bien", confió Tullio.
Por Mariano Obarrio
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